
La Sala Octava de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia resolvió una solicitud de medida cautelar dentro de un proceso contra la Superintendencia Nacional de Salud, en la que determinó suspender provisionalmente los efectos de la intervención administrativa sobre la EPS Savia Salud.
La decisión incluye además una orden para que se adelante el proceso de entrega de la entidad a sus administradores y accionistas, como parte de un análisis que tuvo en cuenta una reciente sentencia de la Corte Constitucional. El fallo fue proferido el 24 de abril de 2026 por la magistrada ponente Luz Myriam Sánchez Arboleda, tras estudiar una solicitud presentada por el departamento de Antioquia y respaldada por la Caja de Compensación Familiar de Antioquia (Comfama) y el Distrito de Medellín.
El caso se desarrolla dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que cuestiona las actuaciones administrativas mediante las cuales la Superintendencia Nacional de Salud ordenó la toma de posesión e intervención de la EPS.

La solicitud de suspensión provisional se sustentó en el artículo 233 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que permite presentar nuevas medidas cautelares cuando aparecen hechos posteriores que modifican el contexto del caso.
En este escenario, la parte demandante argumentó que la situación jurídica cambió con la expedición de la sentencia SU-277 de 2025 de la Corte Constitucional. Según lo planteado en el proceso, este pronunciamiento estableció criterios obligatorios relacionados con el debido proceso en intervenciones forzosas de entidades promotoras de salud, lo que tendría impacto directo en las decisiones adoptadas previamente por la Superintendencia.
El tribunal revisó los actos administrativos cuestionados, entre ellos la resolución de junio de 2023 mediante la cual se ordenó la intervención de Savia Salud, así como las prórrogas posteriores que extendieron dicha medida en los años 2024 y 2025.
Decisión del tribunal

Tras el análisis del caso, el Tribunal Administrativo de Antioquia decidió acceder a la solicitud de medida cautelar. La decisión judicial ordena que se suspendan los efectos de la intervención y, como consecuencia, que se restablezca la situación previa a la toma de posesión. Esto significa que la administración de la EPS debe regresar a sus directivos y accionistas, quienes deberán retomar el control de la entidad mientras avanza el proceso judicial de fondo.
Adicionalmente, el tribunal dispuso que la Superintendencia Nacional de Salud adelante un proceso de empalme con los representantes de la EPS en un plazo determinado, con el fin de formalizar la entrega de los bienes, haberes y negocios de la entidad.
El tribunal explicó que la medida cautelar fue adoptada al considerar que existía un hecho nuevo relevante dentro del proceso judicial. Ese elemento fue la sentencia de la Corte Constitucional, la cual, según lo evaluado por el despacho, establece parámetros que deben ser observados en los procedimientos de intervención forzosa administrativa.
La decisión no resuelve el fondo del litigio, sino que adopta una medida temporal que busca mantener el estado anterior a la intervención mientras continúa el proceso judicial.
Federico Gutiérrez reaccionó al fallo

Tras conocerse la decisión, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció a través de su cuenta en la red social X, donde confirmó la noticia. En su mensaje señaló que el proceso se adelantó con el acompañamiento de la Gobernación de Antioquia, Comfama y la Alcaldía de Medellín.
“Desde el primer día lo dijimos: Se tomaron SaviaSalud de manera ilegal, arbitraria y con fines políticos. Para mejorar la de salud de los colombianos no había que acabarla. Y para colmo, hoy Petro nombra como Superintendente de Salud a un imputado por corrupción. Eso lo dice todo. Petro y todos los funcionarios que hicieron parte de esta toma ilegal deben responder ante la justicia. Están jugando con la salud y la vida de la gente“, escribió el mandatario local.
En su declaración pública también hizo referencia a la actuación de la Superintendencia de Salud y a la necesidad de eventuales revisiones posteriores sobre la gestión de la entidad durante el periodo de intervención. “Una vez recuperemos Savia Salud, haremos una auditoría. Van a pagar por todo lo que hicieron ante la Justicia”, precisó.
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