
El lunes 27 de abril de 2026, está previsto el reencuentro entre Angie Rodríguez y Gustavo Petro en la Casa de Nariño, tras la tensión originada por las declaraciones de la gerente del Fondo Adaptación sobre presuntas redes criminales vinculadas al entorno presidencial.
El encuentro, organizado mientras persisten las acusaciones por corrupción y las denuncias internas, es observado como un evento que puede incidir en la estabilidad del Gobierno. Así lo confirmaron fuentes de Semana.
La reunión entre Angie Rodríguez, actual gerente del Fondo Adaptación y exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), y el presidente Gustavo Petro fue pactada tras la revelación de supuestas conductas ilícitas en el interior de la Presidencia.
Según detalló el medio citado, la cita busca clarificar los señalamientos cruzados y redefinir la relación político-institucional entre ambos funcionarios. Será la primera vez que se encuentren en persona desde el consejo de ministros celebrado el 9 de febrero en Córdoba.
El quiebre entre Rodríguez y Petro se produjo tras fuertes reproches del mandatario. De acuerdo con la funcionaria, el presidente la acusó ante ministros de mantener “alianzas con paramilitares”, la calificó como “la reina del fentanilo” y la asoció con actividades de contrabando en Buenaventura.

Rodríguez sostiene que el presidente fue objeto de desconfianza por versiones que le habrían transmitido asesores cercanos, especialmente Juliana Guerrero, a la que identifica como su principal adversaria dentro del Gobierno.
Posteriormente, la distancia se intensificó cuando Rodríguez advirtió al presidente sobre supuestas irregularidades relacionadas con Guerrero, incluso antes de que se hicieran públicos los cuestionamientos hacia la activista. Esto contribuyó a la ruptura definitiva de una colaboración laboral que había sido valorada por su eficiencia.
El esperado reencuentro en la Casa de Nariño
La nueva cita fue solicitada por Petro después de su regreso del viaje oficial a Venezuela, cuando decidió encarar de manera directa los reclamos planteados por Rodríguez.
La agenda del presidente priorizó este encuentro pese a que el jueves 23 de abril, no fue posible coordinarlo, debido a compromisos judiciales de la funcionaria en el Gaula de Bogotá, donde permaneció hasta la noche ampliando denuncias por amenazas y extorsión.
El encuentro está programado para el lunes 27 de abril en la Casa de Nariño, a la espera de la confirmación oficial del horario. Para garantizar transparencia, Rodríguez pidió la presencia de un testigo imparcial, probablemente uno de sus abogados, aunque la designación está pendiente.
Entre los puntos centrales de la reunión están la revisión de las denuncias y el esclarecimiento de los motivos que fracturaron la relación.

Según Semana, Rodríguez y su equipo preparan un paquete de pruebas que aportarán detalles sobre los presuntos engaños y manipulaciones que habrían llevado a la pérdida de confianza presidencial.
Acusaciones y pruebas presentadas ante las autoridades
En semanas recientes, Rodríguez amplió sus denuncias ante autoridades judiciales y órganos de control. Suministró material probatorio adicional respecto a las presuntas extorsiones sufridas e incluso accedió a aportar su teléfono móvil para el peritaje de las conversaciones mantenidas con quienes le exigieron dinero a cambio de información reservada.
Además, el lunes 27 de abril tiene pendiente una citación a las 8:30 a. m. para comparecer junto a Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, en una conciliación por injuria.
Por otra parte, presentó denuncia por el uso indebido de su firma, tras circular un documento de marzo de 2025 en el que, presuntamente, solicitó que Juliana Guerrero ingresara al programa de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Rodríguez sostiene que esa firma es falsa y que fue suplantada en varias ocasiones, razón por la cual interpuso las quejas correspondientes en Control Interno Disciplinario y en una notaría, con el objetivo de dejar constancia de la invalidez de su rúbrica digital para futuras acciones.
La funcionaria atribuye estos hechos a un posible concierto para delinquir en la Presidencia, en el que responsabiliza directamente a Guerrero, Carrillo y José Raúl Moreno, jefe de despacho presidencial.
Consecuencias políticas y preocupación por la seguridad de Rodríguez
Las revelaciones de Rodríguez generaron una respuesta inmediata en el Gobierno nacional. De acuerdo con un memorando citado por el medio mencionado, la administración de Petro ordenó la difusión urgente de los logros institucionales a través de campañas informativas en medios y redes sociales, con el objetivo de contrarrestar el impacto negativo de las acusaciones, en un escenario marcado por la cercanía de la elección presidencial.

La situación también ha agravado la preocupación de Rodríguez por su seguridad. Ha denunciado una “campaña de desprestigio” a través de redes sociales que la vinculan sentimental y políticamente con personas del Congreso y con presuntos actores ilegales.
Ante tales ataques, Rodríguez evalúa llevar su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), para alertar sobre los riesgos para su integridad y buscar medidas de protección internacionales.
En medio de acciones judiciales, exposición pública y enfrentamiento mediático, la resolución de la cita convocada para el lunes podría influir notablemente en el rumbo del oficialismo colombiano y en el futuro inmediato de la funcionaria.
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