Debate por doble nacionalidad de Abelardo de la Espriella: abogado radicado en Estados Unidos sostiene que la ley respalda su aspiración presidencial

La discusión sobre la doble nacionalidad del abogado y aspirante presidencial Abelardo de la Espriella continúa generando reacciones en distintos sectores jurídicos. El debate se intensificó luego de que un grupo de exmagistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), además de exconstituyentes y académicos, difundiera un comunicado en el que argumentó que la nacionalidad estadounidense obtenida mediante naturalización plantea una incompatibilidad con el ejercicio de la Presidencia de la República.

Aunque los firmantes reconocieron que la Constitución colombiana permite que un presidente tenga doble nacionalidad, sostuvieron que el juramento de lealtad exigido por Estados Unidos durante el proceso de naturalización tendría efectos jurídicos que entrarían en conflicto con las responsabilidades inherentes al cargo de jefe de Estado colombiano.

Frente a esos planteamientos, Camilo De Guzmán, abogado colombiano admitido para ejercer en los estados de Nueva York y Florida, publicó un memorando dirigido a la opinión pública colombiana en el que rechazó esa interpretación y afirmó que las conclusiones del comunicado parten de una lectura errónea del derecho estadounidense.

A través de un pronunciamiento divulgado en la red social X y posteriormente desarrollado en una carta pública, De Guzmán respondió directamente a los argumentos expuestos por los juristas. “Los firmantes de este comunicado dicen no opinar sobre el derecho de EE. UU. y remiten esa discusión ‘a los juristas de ese país’. Acepto la remisión y les respondo como colombiano y abogado admitido a la práctica en Nueva York y Florida. Su tesis se basa en una interpretación equivocada de la historia y las leyes de los Estados Unidos”, señaló.

En el documento, fechado el 11 de junio de 2026, el abogado precisó que no actúa en representación de Abelardo de la Espriella ni de ninguna campaña política y que su intervención busca contribuir al debate jurídico generado por el comunicado.

De Guzmán explicó que su análisis se limita exclusivamente al derecho estadounidense y busca responder una pregunta específica relacionada con el origen, significado y efectos jurídicos del Juramento de Lealtad exigido para la naturalización en Estados Unidos.

Según el abogado, la cláusula de renuncia incluida en dicho juramento fue creada en 1795 como una respuesta a la doctrina británica de la “lealtad perpetua”, que impedía a los súbditos desligarse jurídicamente de su soberano. “La conclusión es clara. Bajo la ley estadounidense, el juramento confiere la ciudadanía y nada más”, afirmó.

El debate sobre los efectos del juramento de naturalización

Uno de los principales argumentos del memorando es que la naturalización estadounidense no implica la pérdida automática de la nacionalidad de origen ni elimina las obligaciones que una persona pueda tener frente a su país natal.

“La ley, la jurisprudencia de la Corte Suprema y las normas vigentes del Departamento de Estado de los Estados Unidos establecen que el doble nacional conserva y debe lealtad a ambos países a la vez”, sostuvo, cuestionando las afirmaciones contenidas en el comunicado de los exmagistrados respecto a una supuesta obligación prevalente de defender los intereses de Estados Unidos por encima de los de Colombia.

En su análisis señaló que el término “intereses” no aparece en el Juramento de Lealtad y que el compromiso asumido por los ciudadanos naturalizados se refiere al apoyo y defensa de la Constitución y las leyes estadounidenses, de manera similar a lo que ocurre con otros funcionarios públicos en ese país.

Asimismo, rechazó la hipótesis planteada por los firmantes del comunicado sobre una eventual obligación de un ciudadano naturalizado de actuar contra Colombia si Estados Unidos llegara a considerarla un enemigo. Según De Guzmán, las disposiciones relacionadas con el servicio militar están sujetas a las leyes generales de conscripción y contemplan incluso mecanismos de objeción de conciencia, por lo que no constituyen una obligación absoluta derivada exclusivamente de la naturalización.

La posibilidad de ejercer la Presidencia

Otro de los puntos desarrollados en el memorando se refiere a la compatibilidad entre la ciudadanía estadounidense y el ejercicio de cargos públicos en otros países.

De Guzmán argumentó que la legislación de Estados Unidos contempla la posibilidad de que un ciudadano desempeñe funciones bajo gobiernos extranjeros sin que ello implique automáticamente la pérdida de su nacionalidad estadounidense. “El derecho estadounidense no interpreta los juramentos de naturalización como un compromiso incompatible con el ejercicio de la jefatura de un Estado extranjero”, indicó.

El abogado añadió que, según las normas estadounidenses citadas en su documento, la pérdida de la ciudadanía únicamente puede ocurrir cuando existe una intención específica y voluntaria de renunciar a ella, circunstancia que debe ser demostrada.

Por lo anterior, en las conclusiones de su memorando, De Guzmán sostuvo que “las cinco afirmaciones del Comunicado sobre los efectos jurídicos del juramento son contrarias a la ley, a la jurisprudencia de la Corte Suprema y a la posición oficial de los Estados Unidos”.