Ministerio de Salud autorizó la hidrólisis alcalina para la disposición de cadáveres en Colombia, pese a advertencias de salud pública

El Ministerio de Salud expidió la Resolución 717 de 2026, mediante la cual actualiza el marco normativo para el manejo integral de cadáveres en el país e incorpora la hidrólisis alcalina como una tecnología autorizada para la disposición final de los cuerpos humanos.

La medida, adoptada mediante resolución firmada el martes 21 de abril de 2026, redefine la forma en que se gestionan los cadáveres en Colombia, al integrar criterios de salud pública y al ampliar el alcance de la regulación sobre actores públicos y privados del sector funerario.

En la normativa se establece que cualquier método utilizado para la transformación del cuerpo humano deberá garantizar condiciones equivalentes de bioseguridad, sin importar la tecnología empleada. Esto incluye procedimientos tradicionales y nuevas alternativas como la hidrólisis alcalina, que hasta ahora no contaba con regulación específica en el país.

Cambios en la regulación

La resolución amplía el alcance de la regulación sanitaria al determinar que la gestión de cadáveres deja de ser exclusivamente una actividad privada y pasa a estar bajo supervisión del Estado. El nuevo esquema involucra a entidades como EPS, IPS, secretarías de salud, autoridades judiciales, cementerios, bancos de tejidos y empresas de servicios funerarios.

El objetivo de la norma es reglamentar los procedimientos relacionados con el manejo, preservación, traslado, inhumación, cremación y destino final de los cuerpos humanos en el territorio nacional, tanto en ámbitos hospitalarios como extrahospitalarios y funerarios.

El proceso de gestión del cadáver queda organizado en dos etapas. La primera corresponde al sistema de salud, encargado de determinar la causa de muerte y expedir el certificado de defunción. La segunda etapa recae en los servicios funerarios, responsables del traslado y la disposición final del cuerpo.

La resolución también introduce principios orientadores para el manejo de cadáveres, entre ellos el principio de precaución y el principio de dignidad humana. En este último se reconoce que la dignidad “trasciende el hecho de la muerte”, al considerar que el cuerpo inerte pertenece a una persona y representa su memoria y relaciones sociales.

Hidrólisis alcalina: qué es y cómo funciona

La hidrólisis alcalina es una de las principales novedades incorporadas en la normativa. Se trata de un proceso químico en el que los tejidos del cuerpo humano se descomponen mediante la acción de agua y soluciones alcalinas sometidas a altas temperaturas y presión.

La normativa también recoge aspectos relacionados con el manejo de esos residuos derivados del proceso. De acuerdo con la información oficial, la hidrólisis alcalina puede requerir entre 1.000 y 1.500 litros de agua por cuerpo, generando un residuo líquido que debe ser tratado bajo estándares ambientales específicos.

Aunque la resolución establece que este tipo de tecnología deberá cumplir con los mismos estándares de bioseguridad exigidos a otros métodos de disposición final, como la cremación o la inhumación, sin distinción del procedimiento utilizado, su autorización reabre un debate que ya había sido discutido en el Congreso de la República, donde una iniciativa similar no logró ser aprobada.

En ese contexto, distintas entidades habían advertido posibles riesgos ambientales y sanitarios asociados a su implementación. En 2024, el entonces viceministro de Protección Social, Jaime Urrego, expresó observaciones frente a la adopción de esta tecnología. Posteriormente, el tema volvió a ser analizado en escenarios técnicos y regulatorios hasta su inclusión en la Resolución 717 de 2026.

Observaciones sobre los posibles efectos en procesos de identificación

El uso de la hidrólisis alcalina ha generado observaciones en el ámbito de la medicina forense, particularmente en relación con la conservación de material genético. Expertos han señalado que el procedimiento puede afectar la integridad del ADN, lo que tendría implicaciones en procesos de identificación.

El exdirector del Instituto Nacional de Medicina Legal, Carlos Valdés, explicó el impacto del método sobre la estructura genética. “Se rompe la estructura de la molécula, la doble hélice, todos los nucleótidos y se altera la configuración química. Se destruye totalmente el ADN”, afirmó.

Según estas observaciones, la eliminación total del material genético podría dificultar la identificación de víctimas en contextos de violencia o desaparición. También se ha señalado que, a diferencia de la cremación, este método no permitiría la recuperación de restos biológicos útiles para investigaciones judiciales.