Abogado que demandó decreto de Gustavo Petro para bajar salarios a congresistas explicó por qué lo hizo: “Una medida populista”

Luego de que el país conociera la decisión del Consejo de Estado de admitir un recurso judicial para tumbar el decreto 030 de 2026 que, entre otras, ordenaba la reducción de los salarios para los congresistas a través de la eliminación de la prima especial, el artífice de la demanda explicó sus razones detrás de la decisión.

Y es que el Consejo de Estado deberá decidir si la reducción salarial se ajusta a la Constitución y a los tratados internacionales, aunque enfrentó su primer momento con la declaración de impedimento de todos los magistrados del alto tribunal.

La querella fue presentada por el abogado Andrés Orjuela, que sostuvo que la medida afecta no solo a los congresistas, a magistrados, jueces y empleados judiciales, debido a una cadena normativa que vincula los ingresos de estos funcionarios.

“Se elimina la prima especial. Al eliminarla, se afecta la prima y el salario mensual de muchos empleados, en efecto cascada. Entonces me doy cuenta de que mis clientes —magistrados, jueces, etc.— a partir del 20 de julio de 2026 van a ganar menos”, señaló el abogado en diálogo con la revista Semana.

Orjuela argumentó que la Constitución y el bloque de constitucionalidad —que integra tratados internacionales ratificados por Colombia— prohíben expresamente el retroceso en derechos sociales ya adquiridos.

“Al revisar el decreto, encontré afectaciones a mis clientes, pero de fondo lo que se vulnera es la Constitución y los tratados internacionales, porque los derechos laborales son derechos sociales que deben avanzar progresivamente. Una vez alcanzadas ciertas conquistas laborales, no se puede retroceder. Está prohibido disminuir esos derechos”, señaló al diario nacional.

Orjuela advirtió que “la excepción es la regresividad” y solo se admite si existe una justificación técnica robusta, como un riesgo comprobado de las finanzas públicas, algo que a su juicio no ocurrió con el decreto en cuestión.

Por qué la demanda genera controversia

Sectores del gobierno y figuras políticas criticaron la decisión de demandar la reducción salarial, calificándola de “indignante” y una “ofensa para el país”. Entre las voces más críticas destacaron la senadora Esmeralda Hernández y el exembajador Camilo Romero, quienes han señalado que la demanda busca restituir privilegios a los congresistas.

Sin embargo, Orjuela defendió su postura argumentando que “la ley colombiana se aplica a todos por igual”, sin distinción de cargo o función. En su opinión, la Constitución de 1991 y el ordenamiento jurídico obligan tanto al presidente como a cualquier ciudadano, y su acción responde únicamente al cumplimiento de esas normas.

“Cuando se creó la prima para los congresistas, se logró un avance. Ese avance no puede desmontarse años después con el argumento de que ganan mucho. Eso vulnera el principio de progresividad y no regresividad de los derechos sociales. Este principio no solo está en la Constitución, sino en el bloque de constitucionalidad, es decir, en los tratados internacionales ratificados por Colombia”, señaló el abogado a Semana.

Andrés Orjuela enfatizó que su labor como abogado litigante se ha centrado en la defensa de los derechos laborales de empleados estatales, incluidos quienes reciben salario mínimo. Rechazó cualquier interés político y recalcó que no pueden encasillarlo en una corriente política.

“No me pueden ubicar ni en la izquierda ni en la derecha. Yo soy un abogado litigante. Litigo en todo el país, tengo procesos de norte a sur y de oriente a occidente, y me dedico a demandar al Estado”, señaló.

El decreto demandado fue presentado como una medida de austeridad, pero el demandante considera que, más allá de su impacto económico, carece del análisis técnico requerido por la Corte Constitucional para legitimar una regresión en derechos sociales. “Aunque intentan justificarlo, no cumple con los requisitos que ha establecido la Corte para una medida regresiva”, expresó Orjuela.

Desde el 20 de julio de 2026, los magistrados y jueces verán reducido su ingreso si el Consejo de Estado no falla a favor de la demanda. La decisión, que aún está en curso, podría tener consecuencias tanto para el bolsillo de los funcionarios como para las reglas que definen los límites de las reformas laborales desde el Ejecutivo.