Exfuncionarios y expertos presentan propuesta de seguridad y justicia para el próximo gobierno: “Se necesita firmeza sin caer en el autoritarismo”

Cuando Colombia se prepara para elegir a su próximo presidente el 21 de junio, la seguridad y el acceso a la justicia continúan ocupando un lugar central en las preocupaciones de los ciudadanos.

En medio de ese escenario, un grupo de académicos, exfuncionarios públicos, investigadores y expertos presentó la “Declaración por la Seguridad, la Convivencia y el Acceso a la Justicia de Colombia”, un documento que busca orientar las decisiones del próximo gobierno y del nuevo Congreso de la República durante los próximos cuatro años.

La iniciativa fue suscrita por más de treinta especialistas vinculados a universidades, centros de pensamiento, organizaciones de la sociedad civil y entidades dedicadas al análisis de la seguridad y la justicia. Entre los firmantes figuran el exministro de Defensa y excomisionado de paz Rafael Pardo Rueda, la presidenta de Probogotá Región María Carolina Castillo, la directora ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz Daniela Gómez Rivas, el director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) Jorge Restrepo, el exviceministro de Defensa Jairo García Guerrero y el exsecretario de Transparencia Gabriel Cifuentes, entre otros.

Según los autores, la declaración constituye una propuesta desde la sociedad civil para impulsar una política pública basada en principios democráticos, fortalecimiento institucional y respeto por los derechos humanos.

Una propuesta de seguridad con enfoque democrático

El documento sostiene que Colombia requiere “un modelo de seguridad y de acceso a la justicia esencialmente democrático” y plantea que las políticas en estas materias deben combinar firmeza institucional con respeto al Estado de Derecho.

“Necesita firmeza sin caer en el autoritarismo, inteligencia sin improvisación y resultados sin populismo. Esta declaración es nuestra contribución a ese propósito: una hoja de ruta desde la sociedad civil para los próximos cuatro años”, señala el texto.

Los firmantes afirman que la seguridad y el acceso a la justicia deben ir más allá del control territorial o de las respuestas centradas exclusivamente en el castigo. En ese sentido, plantean la necesidad de fortalecer la confianza en las instituciones, aumentar la legitimidad del Estado en las comunidades y promover oportunidades que reduzcan la capacidad de expansión del crimen organizado.

La declaración también aborda el papel de Colombia en el contexto internacional. Allí se plantea que el respeto entre los Estados se construye sobre la disuasión y la protección de los intereses nacionales, sin que ello implique adoptar una doctrina ofensiva. Asimismo, propone fortalecer las capacidades estratégicas, la cooperación regional y el trabajo conjunto con los países vecinos frente a amenazas compartidas.

Los expertos advierten que el país enfrenta un momento complejo debido al crecimiento de la inseguridad urbana y del crimen organizado. Según el documento, Colombia cerró 2025 con una tasa de homicidios de 27,8 por cada 100.000 habitantes, cifra que ubica al país por encima del promedio regional de 17,6 y del promedio mundial de 5,6.

“El desafío actual es perseguir con eficacia y disputar legítimamente la gobernanza criminal de organizaciones que delinquen, crean ejércitos, ejercen control territorial, construyen legitimidad ante las comunidades y proveen bienes y servicios”, indica la declaración.

Llamado a fortalecer la presencia legítima del Estado

Otro de los planteamientos centrales del documento es que la seguridad no puede medirse únicamente mediante indicadores operativos como capturas, bajas o incautaciones. Los firmantes consideran que el objetivo debe centrarse en transformar las condiciones de vida de las comunidades y consolidar la presencia institucional en los territorios.

Según el texto, en aquellas zonas donde el Estado no ejerce plenamente sus funciones por ausencia, corrupción o cooptación, las organizaciones criminales han ocupado esos espacios mediante el control social y económico. Por esa razón, los expertos proponen avanzar hacia lo que denominan una “autoridad legítima del Estado en la vida cotidiana”, entendida como la existencia de instituciones funcionales, autoridades sometidas a la ley y mecanismos efectivos de rendición de cuentas.

La declaración también señala que la confrontación política ha dificultado durante años la construcción de consensos en materia de seguridad y justicia. En consecuencia, plantea que la respuesta a los problemas actuales debe combinar investigación judicial, acciones operativas de la fuerza pública y estrategias sociales y políticas coordinadas.

Dentro de los retos identificados se encuentran el hacinamiento carcelario, la falta de programas de resocialización, las dificultades en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, la ausencia de mecanismos eficaces de sometimiento para estructuras criminales, los debates sobre la política de drogas y la necesidad de fortalecer los programas de prevención. “Cada uno de estos ejemplos describe el mismo problema: la falta de una estrategia democrática en materia de seguridad y justicia”, sostienen los firmantes.

Petición al Congreso y al próximo presidente

Los expertos consideran que el próximo mandatario requerirá nuevas herramientas jurídicas y de política pública para enfrentar los desafíos asociados al crimen organizado y la violencia. Por ello, solicitan que el Legislativo actúe con responsabilidad y promueva reformas que fortalezcan las capacidades institucionales del Estado.

La declaración plantea además que un Estado democrático debe combinar los procesos de negociación con actores dispuestos a abandonar la violencia y mecanismos de sometimiento frente a quienes persistan en actividades criminales.

“Un Estado maduro negocia con quien es posible negociar y somete a quien no acepta otra salida, pues la paz y la seguridad son dos caras de la misma moneda”, afirma el texto.

Finalmente, los firmantes extendieron el llamado a las altas cortes, la Fiscalía General de la Nación, las universidades, los centros de pensamiento, las organizaciones de derechos humanos, el sector privado, los gobiernos locales y la cooperación internacional para participar en una discusión técnica y permanente sobre seguridad y justicia durante los próximos cuatro años.