Cancillería de Colombia solicitó al Consejo de Seguridad de la ONU no reducir el presupuesto para el acompañamiento del Acuerdo de Paz

En medio de la presentación del informe trimestral sobre la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 en Colombia que se adelanta en Nueva York, Estados Unidos, desde el Gobierno nacional le hicieron una petición formal al Consejo de Seguridad de la ONU.

La canciller Rosa Villavicencio, que tuvo la oportunidad de presentar los avances en materia de paz en el país, aprovechó su intervención para pedir al organismo internacional que no se reduzcan los fondos designados a la Misión de Verificación.

Según indicó la diplomática, un recorte presupuestario para la Misión en Colombia traería graves consecuencias para el acuerdo de paz. La funcionaria advirtió que cualquier reducción de recursos pondría en peligro la continuidad del acompañamiento internacional, especialmente en las zonas más afectadas por el conflicto armado.

Incluso, Villavicencio aseguró que, aunque el país reconoce la crisis económica que atraviesa el Consejo de Seguridad para mantener su presencia internacionalmente, indicó que no deben tocarse los fondos designados para Colombia.

“El Gobierno de Colombia reconoce las dificultades que se viven por la crisis de iliquidez en el sistema de Naciones Unidas, pero también manifiesta que estas no deben ser a expensas del acompañamiento que se traduce en una esperanza de paz para Colombia”, comentó la canciller.

Rosa Villavicencio advirtió que el trabajo de la misión de la ONU resulta indispensable en los territorios, donde su presencia garantiza un seguimiento independiente y un acompañamiento técnico clave para mantener la estabilidad. Según la ministra, cada retraso en la implementación del acuerdo de paz afecta de forma directa a las comunidades y a las víctimas del conflicto.

“Su labor ha aportado un seguimiento independiente y un acompañamiento técnico y territorial indispensable en los lugares donde se define, en la práctica, la sostenibilidad de la paz”, comentó la canciller.

De acuerdo con Villavicencio, Colombia requiere el respaldo sostenido de la comunidad internacional. La reducción de fondos podría traducirse en menos presencia de la ONU en regiones vulnerables, dificultando la consolidación de la paz.

Durante su intervención, la canciller pidió a la Secretaría General que “no se contemplen más recortes en la presente vigencia para la Misión de Verificación”. Este mensaje fue respaldado por otros miembros del Consejo, como el representante de Francia, quien instó a reforzar la coordinación interinstitucional y la presencia del Estado colombiano en todo el país.

La intervención del representante francés remarcó que la Misión de Verificación es la manifestación concreta del compromiso internacional con el proceso de paz colombiano. “Es responsabilidad de este Consejo de Seguridad, por otro lado, acompañar a Colombia en esta senda. La Misión de Verificación de Naciones Unidas es la manifestación tangible de nuestro de nuestra movilización y apoyo al proceso de paz en Colombia”, comentó el diplomático.

Perspectiva de la ONU sobre la reestructuración y los recursos

El jefe de la Misión de Verificación, Miroslav Jenča, explicó que la operación se ha reestructurado con el objetivo de ajustarse tanto a su nuevo mandato como a las medidas de eficiencia del proceso UN80. Estas modificaciones han llevado a una operación más liviana, pero con el alcance suficiente para cumplir su trabajo de verificación y diálogo en terreno.

Jenča enfatizó que es crucial contar con los recursos aprobados para que la misión pueda cumplir de manera efectiva su mandato en todo el territorio nacional. Según el funcionario, el presupuesto recibido es la base para que la misión siga cumpliendo sus funciones en Colombia.

“Recibir, ahora, los recursos aprobados en el presupuesto es fundamental para cumplir el mandato en toda Colombia”, señaló el representante.

La iniciativa UN80, impulsada por el secretario general António Guterres, busca optimizar las operaciones de la ONU y maximizar su impacto, aunque también implica ajustes presupuestarios que podrían afectar la labor en países como Colombia.