Las tensiones políticas entre la senadora y lideresa opositora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, y el presidente Gustavo Petro volvieron a subir de tono tras nuevas declaraciones provenientes del jefe de Estado de Ecuador que reactivaron un episodio diplomático que ya venía acumulando señalamientos, versiones cruzadas y cuestionamientos desde distintos sectores políticos.
El punto de partida de esta nueva controversia lo marcó el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, que en una entrevista a la revista Semana cuestionó la ‘misteriosa’ estadía de Petro en la ciudad de Manta, en 2025. Sus palabras pusieron en duda las condiciones del viaje y abrieron un escenario de choque político entre ambos países.
Por lo que María Fernanda Cabal publicó un mensaje directo en su cuenta de X donde elevó el tono de la discusión: “Petro dígale al país en la casa de quién se escondió en Manta -Ecuador, además sin permiso del Senado de la República”.
El viaje de Gustavo Petro a Manta que continúa con la controversia política
El origen de esta controversia se encuentra en los señalamientos de Noboa sobre un viaje realizado por Petro después de su participación en la posesión presidencial en Quito. Según el mandatario ecuatoriano, el presidente colombiano se desplazó posteriormente a Manta y permaneció allí durante varios días en una vivienda que no formaba parte de la agenda oficial.
En su declaración, Noboa afirmó para el medio en mención que Petro “cuando vino a la posesión mía se fue a Manta y se fue a meter en una casa tres días, supuestamente a escribir un libro”. En ese mismo relato agregó que los inmuebles mencionados tendrían vínculos indirectos con estructuras del narcotráfico, lo que elevó el nivel de la discusión y generó una reacción inmediata en ambos países.
El hecho concreto al que hacen referencia las declaraciones ocurrió en mayo de 2025. Petro viajó a Manta tras haber asistido a la posesión de Noboa; sin embargo, ese desplazamiento no apareció registrado dentro de la agenda pública del presidente colombiano, lo que abrió cuestionamientos sobre las actividades realizadas durante su estadía.
El episodio tomó mayor relevancia con el paso de los meses, pues en junio de ese mismo año, la recaptura de alias Fito, líder de la organización criminal Los Choneros, en una vivienda de lujo en Manta, reactivó el interés sobre la zona y generó nuevas preguntas en el debate político. Algunos sectores señalaron la coincidencia geográfica con la visita de Petro y pidieron explicaciones adicionales.
Desde la oposición en Colombia surgieron críticas sobre la falta de información oficial del viaje; algunos dirigentes cuestionaron si existieron reuniones no registradas y señalaron la ausencia de claridad en los reportes institucionales. También se plantearon dudas sobre el uso de recursos públicos durante esos días en territorio ecuatoriano.
En medio de ese ambiente, la respuesta de Petro llegó a través de redes sociales. El mandatario aseguró que su permanencia en Manta tuvo un carácter personal y hasta explicó que utilizó ese tiempo para avanzar en la escritura de un libro centrado en la crisis climática y la economía global.
Además, rechazó de manera directa cualquier vínculo con estructuras criminales y calificó las versiones en su contra como especulaciones sin sustento.
Así funciona la supervisión de la agenda presidencial en Colombia
A pesar de esa respuesta, el debate no se detuvo, teniendo en cuenta que las declaraciones de Noboa, sumadas al pronunciamiento de María Fernanda Cabal, mantuvieron el tema en la agenda pública. La senadora insistió en la necesidad de explicaciones claras sobre el viaje y cuestionó la ausencia de autorización del Senado de la República para ese desplazamiento.
Y es que la Constitución colombiana establece que el presidente debe avisarle al Congreso cada vez que va a salir del país. Esto no es solo un requisito formal: si no lo hace, se puede interpretar como si hubiera abandonado el cargo, lo que podría traer consecuencias graves, incluso la pérdida de la presidencia.
En términos simples, es una forma de asegurarse de que el mandatario siga cumpliendo la ley mientras ejerce su función. Además, este aviso permite que el Congreso revise si el viaje es necesario y que se usen correctamente los recursos públicos.
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