Empresarios piden frenar cobro del impuesto al patrimonio mientras la Corte Constitucional define su legalidad: hay preocupación en el sector

Las cuentas regresivas ya comenzaron para miles de empresas en Colombia. Mientras avanza el calendario de pago del impuesto al patrimonio, el sector privado sigue a la espera de una decisión clave de la Corte Constitucional sobre la legalidad de ese cobro extraordinario.

En medio de esa incertidumbre, el Consejo Gremial Nacional elevó un llamado urgente al alto tribunal para que se pronuncie de fondo cuanto antes. La preocupación central, advierten los empresarios, es que el recaudo avance sin una definición jurídica clara y termine generando efectos difíciles de revertir sobre la economía.

El debate no gira solo alrededor de una obligación tributaria. También toca temas de seguridad jurídica, liquidez empresarial e inversión, justo en un momento en que varios sectores reportan desaceleración y cautela frente a nuevos proyectos.

El impuesto cuestionado comenzó a cobrarse este mes y fue creado mediante decreto, no a través del trámite ordinario en el Congreso. La medida surgió dentro de la emergencia económica declarada por el Gobierno para atender desastres naturales ocasionados por inundaciones en regiones como Córdoba, Antioquia y La Guajira. Desde entonces, la norma despertó reparos entre gremios, expertos y firmas legales, que cuestionan el uso de facultades excepcionales para imponer nuevas cargas tributarias al aparato productivo.

Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial Nacional, señaló que la proximidad del segundo pago, previsto para el 4 de mayo, incrementa la presión sobre las compañías. Según manifestó en su cuenta de X, “¡la urgencia es real!”, al advertir que muchas organizaciones enfrentan tensiones de caja cada vez mayores.

El tributo aplica para personas jurídicas con patrimonio líquido superior a las 200.000 UVT, cifra cercana a $10.475 millones. Para la mayoría de empresas se estableció una tarifa del 0,5%, mientras que sectores como el financiero y el extractivo, petróleo y carbón, deberán asumir una sobretasa del 1,6%.

Los pagos fueron divididos en dos cuotas, entre abril y mayo. Por eso, el Consejo Gremial pidió formalmente suspender temporalmente los efectos del Decreto 173 mientras la Corte adopta una decisión definitiva. “La Corte Constitucional ha defendido las instituciones y su papel ha sido clave. Hoy tiene una responsabilidad fundamental: aportar a que el daño no se vuelva irreversible. Colombia no puede normalizar la excepción ni poner en riesgo su aparato productivo”, sostuvo Gutiérrez.

Una de las mayores inquietudes del sector empresarial es que, si el recaudo continúa y luego la norma llega a ser tumbada, la devolución de recursos no sea automática ni sencilla. Esa preocupación parte de antecedentes jurídicos en los que la recuperación de pagos terminó siendo compleja o limitada. Las críticas también se concentran en la naturaleza misma del impuesto. Desde el gremio aseguran que no grava las utilidades generadas, sino el patrimonio acumulado, lo que obligaría a varias compañías a destinar recursos productivos para cumplir con la obligación fiscal.

Al respecto, Gutiérrez afirmó que este mecanismo “grava el patrimonio y no las utilidades de las empresas, lo que las obliga a endeudarse, recortar inversión o comprometer su operación”. Desde esa óptica, el cobro no distingue si una empresa atraviesa un buen momento financiero o si enfrenta menores ingresos. Basta con superar el umbral patrimonial para quedar obligada al pago.

La dirigente insistió en que “Grava el capital productivo de las empresas. Esto significa pagar por lo que se tiene y no por lo que se gana, desconociendo la capacidad real de pago”.

Otra preocupación expuesta por gremios y analistas es el posible aumento de la carga tributaria empresarial total. Según sus cálculos, la tasa efectiva pasaría de 29,8% a 35,5%, lo que restaría competitividad frente a otros mercados y podría frenar decisiones de inversión extranjera.

Incluso organizaciones sin ánimo de lucro, como universidades y fundaciones, fueron mencionadas dentro del debate por el impacto que tendría gravar activos esenciales para sus operaciones sociales o educativas. En paralelo, Gutiérrez relacionó esta discusión con el panorama fiscal del país. Recordó la reciente rebaja en la calificación crediticia de Colombia y el déficit fiscal de 6,4% del PIB reportado en 2025.

A su juicio, el problema estructural no es únicamente de ingresos públicos, sino de gasto estatal. En ese contexto, mencionó la creación de 40.533 nuevos cargos públicos mientras los ingresos permanecieron estancados. “El déficit fiscal no se corrige con atajos sobre el sector productivo, sino con disciplina”, sentenció.