La carta de la Contraloría que advierte al Ministerio de Hacienda sobre el aumento de la deuda pública y sus riesgos para la sostenibilidad fiscal

La Contraloría General de la República envió una carta al Ministerio de Hacienda, encabezado por Germán Ávila, en la que advierte sobre el desbordamiento de la deuda pública nacional.

Según el balance fiscal presentado recientemente, la apropiación de deuda subió de $100,4 billones en 2026 a $149,9 billones en 2027, lo que representa un incremento del 49,3 %.

Esta comunicación detalla que el país enfrenta tasas de interés reales elevadas, un crecimiento económico moderado y déficits primarios persistentes, elementos que generan inquietud sobre la capacidad futura del Estado para cumplir con sus obligaciones.

La advertencia de la Contraloría puso en la mira al Ministerio de Hacienda y anticipa la citación de Ávila a un debate de control político en el Congreso. Según explicó la contralora delegada de Finanzas Públicas, Jenny Lindo, el Legislativo solicitó los informes que sustentan la alerta por la situación económica con la que cierra el actual gobierno.

La preocupación parlamentaria se centra en el servicio de la deuda y en la baja ejecución presupuestal reportada en el balance fiscal.

Impacto de las condiciones de mercado y el servicio de la deuda

El documento enviado por la Contraloría destaca que las condiciones de mercado que permitieron reducir el valor nominal de la deuda, a través de operaciones con Títulos de Tesorería (TES), también condujeron a tasas de interés más altas.

Esto tendrá un efecto directo en el presupuesto de los próximos años, al aumentar los pagos por el servicio de la deuda y generar una mayor inflexibilidad en las cuentas públicas.

“Las condiciones de mercado que permitieron reducir el valor nominal de la deuda con los TES entregados también determinaron tasas de interés más altas, que tendrán un impacto en el servicio de la deuda en vigencias posteriores, generando una inflexibilidad adicional en el presupuesto”, advierte el informe.

Durante 2026, el Gobierno pagó intereses por los títulos entregados en operaciones de canje a tasas más elevadas, según el reporte de la Contraloría Delegada. Además, existe un riesgo por el aumento en el valor de las obligaciones futuras debido a mayores pagos de intereses, especialmente por los cupones de los TES B. El monto proyectado para el pago del servicio de la deuda en 2027 asciende a $150 billones, frente a los $105 billones de 2025.

Riesgo para el próximo gobierno y presión presupuestal

La Contraloría advierte que el próximo gobierno deberá destinar más recursos al pago de obligaciones ineludibles, lo que limita el margen de maniobra fiscal. El uso de títulos de corto plazo en los canjes de TES B disminuyó los pagos por vencimientos en 2026, pero incrementó los intereses a futuro. Esto implica que la administración entrante recibirá un presupuesto con alta rigidez y una caja comprometida.

En diálogo con El Tiempo, Jenny Lindo afirmó: “La deuda pública se ha incrementado demasiado. En 2025, el pago por servicio de la deuda estaba en $105 billones. Sin embargo, para 2027 se planea pagar $150 billones por este concepto. Esto representa un incremento del 49%”.

La funcionaria advirtió que el crecimiento de la deuda, sin un aumento proporcional de los ingresos, ejerce una presión crítica sobre el presupuesto nacional.

Consecuencias económicas y sociales

El reporte de la Contraloría subraya que el servicio de la deuda en 2025 equivalió al 23% del gasto público total. Según el balance macroeconómico presentado por la entidad, persisten rezagos en sectores clave como salud, energía, justicia y reparación a víctimas.

Lindo explicó que el endeudamiento creciente, sumado a ingresos insuficientes, puede llevar el presupuesto a una situación límite. Además, advirtió sobre el riesgo de que una crisis económica global afecte a Colombia, ya que la economía nacional no cuenta con la fortaleza suficiente para enfrentar un golpe externo bajo el actual nivel de endeudamiento.

Entre las causas del incremento de la deuda, la Contraloría identificó la sobrestimación del recaudo, lo que llevó a planear escenarios presupuestales que no se materializaron. También mencionó deudas sectoriales acumuladas, especialmente en salud, energía, justicia y educación. En energía, por ejemplo, la deuda asciende a $10 billones, y si no se paga antes de septiembre, tres empresas estarían en riesgo de suspender operaciones.

Deuda con víctimas y sentencias judiciales

La Contraloría hizo un énfasis especial en la deuda pendiente con las víctimas del conflicto armado y en las sentencias judiciales impagas. El saldo por reparación a víctimas alcanza los $133 billones, y solo 1,9 millones de personas recibieron compensación, quedando alrededor de 8 millones sin indemnizar.

“En la medida en que no se indemnice a las víctimas, como es el compromiso del Estado, lo que vamos a estar es ad portas de una revictimización. A las víctimas hay que cumplirles. Este es un riesgo social para el país muy sensible”, declaró Lindo en entrevista con el medio mencionado.

Ante este panorama, la Contraloría recomendó al próximo presidente elaborar un plan de pagos integral y una estrategia financiera que incluya medidas para el aumento de ingresos, sin limitarse únicamente a reformas tributarias de corto plazo. La entidad insistió en la necesidad de una reforma fiscal de fondo para atender la brecha estructural y garantizar la estabilidad financiera del país.