
El abogado constitucionalista Mauricio Gaona cuestionó las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la posibilidad de destituir alcaldes. El pronunciamiento se dio en medio de la controversia generada por las palabras del mandatario durante el paro en varias regiones del país, según información obtenida por Revista Semana.
El jurista defendió que los mandatarios locales elegidos por voto popular responden a los ciudadanos y no al Gobierno nacional. Además, reiteró que cualquier sanción debe seguir los procedimientos establecidos en la ley, según información obtenida.
Las declaraciones se suman a los cuestionamientos de distintos sectores políticos frente a la postura del presidente. El debate gira en torno a los límites del poder ejecutivo y la autonomía territorial en Colombia.

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Gaona responde a Petro y defiende la democracia
La polémica surgió luego de que el presidente Gustavo Petro afirmara que los alcaldes que no acaten ciertas directrices podrían ser retirados de sus cargos.
“Alcaldes que no presenten las iniciativas de acuerdo, alteran el orden público y salen de inmediato de su cargo por orden mía”, afirmó el mandatario, citado por Revista Semana.
Posteriormente, en un consejo de ministros, agregó: “Si hay que llevar presos a los alcaldes, los hacemos llevar. No por orden nuestra, porque es de la justicia”, citado por ese medio de comunicación.
Estas declaraciones generaron una reacción inmediata en distintos sectores, incluidos gremios de mandatarios locales que rechazaron lo que consideraron una extralimitación de funciones.
Frente a este escenario, Mauricio Gaona fijó su postura a través de un mensaje en redes sociales, en el que enfatizó el carácter democrático del mandato popular.
“El mandato de un funcionario elegido popularmente pertenece a los electores, no al Gobierno”, afirmó el jurista, citado por Revista Semana.

Debate sobre autonomía territorial
Gaona profundizó su argumento señalando que la Constitución establece mecanismos claros para la eventual remoción de autoridades elegidas por voto popular.
Según explicó, estos procesos deben estar sujetos a decisiones judiciales y al debido proceso, y no pueden depender de decisiones unilaterales del Ejecutivo.
“Su revocatoria revela el sistema aplicable. La dictadura acata la voluntad del gobernante; la democracia, el debido proceso y una sentencia judicial”, indicó el abogado, citado por ese medio de comunicación.
El jurista advirtió que cualquier interpretación distinta podría vulnerar principios fundamentales del sistema democrático colombiano.
Reacciones y contexto político
Las palabras del presidente también fueron interpretadas como una amenaza por parte de asociaciones de alcaldes, que salieron en bloque a rechazar las afirmaciones.
Desde Asocapitales señalaron que los mandatarios locales son autoridades legítimas con autonomía para gobernar sus territorios dentro del marco constitucional.
Además, insistieron en que cualquier señalamiento sobre irregularidades debe tramitarse a través de instancias judiciales y disciplinarias, y no mediante declaraciones públicas.
El debate se da en medio de las tensiones generadas por el paro de ciudadanos en varias regiones del país, relacionado con el incremento del impuesto predial y las actualizaciones catastrales.
En este contexto, la discusión sobre los límites del poder presidencial y la autonomía territorial ha cobrado fuerza, con pronunciamientos de expertos, autoridades locales y distintos sectores políticos que buscan delimitar el alcance de las decisiones del Ejecutivo frente a los gobiernos locales.
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