
El senador Ciro Ramírez denunció públicamente las declaraciones del presidente Gustavo Petro, en las que calificó a algunos legisladores como “senadores criminales que hacen la ley” y dijo que acudirá a las autoridades debido a que dichos mensajes representarían un riesgo para su integridad y la de su familia.
Ramírez afirmó que existe un precedente peligroso relacionado con el asesinato de Miguel Uribe Turbay a mediados de 2025, que —según el senador— fue víctima de un clima de hostigamiento alimentado por mensajes similares atribuidos al jefe de Estado en el pasado.
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“Con el precedente del asesinato de Miguel Uribe con trinos similares de Petro, hago públicamente la denuncia y lo haré ante las autoridades respectivas para proteger a mi familia y mi integridad”, escribió Ramírez en su cuenta en la red social X.

El mensaje de Gustavo Petro fue una respuesta de desacuerdo a la presencia de Ciro Ramírez en la plenaria del Senado de la República durante el 14 de abril de 2026, mientras enfrenta una condena tras ser señalado como coautor de delitos de corrupción y desvío de fondos estatales por la Corte Suprema de Justicia.
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Otra de las críticas de la actuación de Ciro Ramírez en el Congreso de la República fue la senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, que escribió en la misma plataforma digital: “Un criminal convicto legislando. Hoy, de nuevo, con total descaro, Ciro Ramírez en la plenaria del Senado dando clases de moral. Así es buena parte del Centro Democrático: criminal y desvergonzado”.
¿A qué obedeció la presencia de Ciro Ramírez en el Senado?
Ramírez, condenado a 23 años y 8 meses de prisión por la Corte Suprema de Justicia, defendió su presencia en la plenaria del Senado como parte del anuncio de un recurso de apelación en su favor, bajo el argumento de que la sentencia en su contra omitió pruebas determinantes para su defensa. El congresista del Centro Democrático enfatizó que, mientras no exista una decisión en firme, ejercerá su derecho a participar en el Legislativo.
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“Hemos radicado el recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia. Somos muy optimistas y con mucha esperanza de que en segunda instancia se revoque esta sentencia condenatoria. Tengo que decir que la misma omitió más de 34 pruebas. No se dio cuenta cuando el testigo dijo que yo no había hecho la gestión de un convenio y que me beneficié sacando votos de eso", dijo el funcionario por medio de un video publicado en redes sociales.
El senador del Centro Democrático confirmó que apeló el fallo de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema y enfatizó en que mientras no exista una sentencia en firme insistirá en su derecho de acudir al legislativo - crédito @CIROARAMIREZ/X
La condena contra Ramírez, que incluye una multa de más de 22.000 millones de pesos, se relaciona con el caso conocido como Marionetas 2.0, una investigación sobre direccionamiento de contratos a través de la empresa Proyecta Quindío entre 2018 y 2022, con recursos provenientes principalmente del Departamento para la Prosperidad Social (DPS).
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Según la Corte Suprema de Justicia, el senador habría liderado una organización que desvió fondos estatales mediante convenios amañados, respaldada por testimonios como el de Pablo César Herrera, exgerente de Proyecta Quindío.
Ciro Ramírez permanece en libertad mientras se resuelve la apelación y sostuvo que algunos testimonios desvirtuarían su supuesta participación en los hechos.
La presencia del senador en la plenaria fue cuestionada también por el candidato presidencial Iván Cepeda, que planteó dudas sobre la legalidad de que un condenado por corrupción asista a debates legislativos. Ramírez respondió que la Constitución le otorga la presunción de inocencia hasta que exista un fallo definitivo y acusó al aspirante del Pacto Histórico de desconocer el orden constitucional.
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Por ahora, la decisión sobre el caso de Ramírez está en manos de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, que deberá confirmar o modificar el fallo en segunda instancia. Mientras tanto, la curul del senador se mantiene en disputa bajo la figura de la “silla vacía”, en tanto se resuelve la situación jurídica del congresista.
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