Buscan a depredador sexual en Cali: ponía cámaras ocultas en el baño de su hijastra

Las autoridades de Cali buscan a Dayro Alejandro Herrera Zapata, señalado por un presunto delito contra la privacidad de una menor en el baño de una vivienda.

El individuo, expareja de la madre de la víctima, habría escondido una cámara para grabar imágenes sin consentimiento. El material ya fue entregado a las instancias judiciales.

Según publicaciones en redes sociales la madre de la menor relató que, tras la huida de Herrera Zapata, comenzaron a recibir amenazas de muerte. Relacionó este clima de intimidación con deudas contraídas por el hombre bajo el método ilegal “gota a gota”. Presuntamente sujetos desconocidos han llegado a su casa para exigir el pago y provocar temor.

El paradero del sospechoso se ubica entre Bello y Buenos Aires, en la región metropolitana de Medellín, según la denunciante. Las autoridades piden colaboración ciudadana para localizarlo y subrayan la importancia de denunciar cualquier situación que ponga en peligro a menores. La investigación continúa su curso en Cali.

Las reacciones en redes sociales ante casos de grabaciones íntimas sin consentimiento en Colombia han puesto en evidencia la indignación y la preocupación de la ciudadanía frente a la protección de la intimidad y la seguridad de menores y mujeres. Las opiniones expresadas reflejan tanto el rechazo a responsabilizar a las víctimas como la necesidad de fortalecer la justicia y la prevención.

“Qué estupidez e hipocresía de los comentarios en vez de echarle la culpa al degenerado que estaba produciendo pornografía infantil le echan la culpa a la madre, porque obvio, ella tiene que saber elegir”, escribió una usuaria, señalando que la tendencia a culpar a las madres invisibiliza la responsabilidad directa del agresor. Esta visión fue compartida por otras personas que cuestionaron el papel de quienes juzgan a las víctimas en lugar de exigir sanción a los responsables.

Otro usuario comentó: “Eso les pasa a algunas mujeres que no respetan a sus hijos de meterse con psicópatas degenerados lacras”, se leyó en otra publicación, donde se advierte sobre los riesgos de confiar en personas sin conocer realmente su historial. Estas expresiones, aunque duras, muestran la alerta social respecto a la vulnerabilidad de los menores en entornos familiares o cercanos.

El debate en redes no solo apunta a la responsabilidad personal, sino también a la necesidad de mayor prevención. “Mujeres tengan cuidado con quien se emparejan, piensen en sus hijas no se metan con cualquier tipejo por tener pareja”, aconsejó una internauta, haciendo énfasis en la importancia de priorizar la seguridad de los hijos sobre la búsqueda de compañía.

Algunas experiencias personales compartidas en línea revelaron el profundo impacto que estos delitos pueden tener a nivel familiar. “Me siento extraña al saber que también tuve material probatorio de un miembro de mi familia cuando hizo lo mismo (escondió una cámara en mi habitación y yo entré después de bañarme), pero no pude hacer nada porque el resto de mi familia lo protegió… ojalá aquí sí haya justicia”, relató una usuaria, dando cuenta del dolor y la impunidad que suelen rodear estos casos.

La desconfianza hacia quienes aparentan ser personas correctas también quedó plasmada en los comentarios. Una voz advirtió: “No, hasta el que más santo parece, a veces lo aparentan y resultan ser los peores, muchos hombres como mujeres, fingen y mienten hasta obtener lo que quieren, así que no es culpa de la pareja, es de esas personas asquerosas”, destacando que la responsabilidad recae en quien comete el delito, no en quienes conviven con ellos.

Grabar sin consentimiento en Colombia: delito y sanciones

La legislación colombiana es clara respecto a la grabación no autorizada de personas. El Código Penal, en su artículo 192, prohíbe captar, interceptar o grabar comunicaciones privadas sin autorización, tipificando estas acciones como violación al derecho a la intimidad. Tales conductas pueden ser sancionadas penalmente, especialmente si se realizan con fines sexuales o de acoso.

En Colombia, grabar a una persona sin su consentimiento, especialmente si existe intención sexual o de vulnerar su privacidad, constituye un delito de violencia digital. Según la Constitución, el derecho a la intimidad es inviolable (artículo 15), y la Ley 1257 reconoce la violencia digital como una forma de agresión contra la mujer. Las sanciones pueden incluir penas de hasta 96 meses de prisión, en particular si el material es difundido.

El artículo 218 del Código Penal colombiano establece penas para quienes fotografíen, filmen, graben, produzcan, divulguen, ofrezcan, vendan, compren, posean, almacenen, transmitan o exhiban representaciones reales de actividad sexual con menores de 18 años. La norma también sanciona a quienes alimenten bases de datos de pornografía infantil, con o sin fines de lucro.

La difusión no consentida de material íntimo afecta gravemente a las víctimas y puede configurar delitos tanto de violación a la intimidad como de violencia sexual o digital. Cuando la víctima es menor de edad, el castigo es aún más severo y busca proteger la integridad y dignidad de los niños y adolescentes.