
El exministro de Salud y de Educación Alejandro Gaviria advirtió sobre la gravedad de la realidad fiscal del país. La situación no es un secreto; el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, ha advertido en repetidas ocasiones al respecto, y ha intentado tomar medidas, pero estas no han sido aprobadas por el Congreso de la República y se han caído en la Corte Constitucional.
De acuerdo con el ex jefe de cartera, el déficit fiscal de Colombia ya supera el 7% y el déficit primario llegó al 3,4% del Producto Interno Bruto (PIB), algo que, según precisó, “nunca se había visto” en el país.
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“La situación fiscal del país es más grave de lo que la gente cree. No se entiende por qué no ha sido el tema principal del debate presidencial, ni por qué se ha evadido de forma sistemática. No solo el Gobierno: el mundo político ha subestimado la gravedad y la urgencia del problema fiscal en Colombia”, detalló el exfuncionario en diálogo con La República.
Teniendo en cuenta este panorama, afirmó que sería insostenible que el Estado crezca. Además, a la problemática se suma el factor del desempleo en el país, que persiste, aunque ha ido reduciéndose, según cifras oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).
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Explicó que, después de la pandemia por covid-19 en 2020, el empleo empezó a presentar un crecimiento moderado, por debajo de los niveles históricos. Sin embargo, las cifras indican que la tasa de desempleo tuvo una reducción importante y que, incluso, es la más baja del siglo: 8,9% (2025), según el Dane.
“Esta dinámica viene de atrás, no comienza con el gobierno de Gustavo Petro. Está relacionada con el desarrollo de los servicios, que crecen con rapidez”, detalló el exministro al medio citado.
Los intentos del Gobierno por enfrentar la crisis fiscal
El presidente Gustavo Petro asegura que el déficit fiscal del país y el encarecimiento de la deuda obligan al Gobierno a conseguir más recursos, para así garantizar la protección de derechos fundamentales de la población y garantizar la prestación de servicios.
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Ese recaudo ha intentado hacerlo a través de dos leyes de financiamiento (reformas tributarias) fallidas, a través de las cuales esperaba completar el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2025 y 2026. Las comisiones económicas del Senado de la República y de la Cámara de Representantes las archivaron, aduciendo adecuaciones económicas para la población.
Por otro lado, el Gobierno ha impulsado cuatro declaratorias de emergencia económica, ecológica y social para enfrentar situaciones específicas en departamentos como La Guajira y Norte de Santander, así como para responder a emergencias climáticas.
Uno de los decretos se centró en las dificultades generales que enfrenta la Nación por la crisis fiscal. Aunque la administración lo decretó en diciembre de 2025, el 9 de abril de 2026, la Corte Constitucional declaró inexequible la emergencia económica porque no cumplía con los requisitos establecidos en la Constitución Política para decretarla.
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El jefe de Estado rechazó la decisión del alto tribunal y, de paso, cuestionó anteriores determinación del Congreso de la República con las que ha frenado sus iniciativas económicas. Aseguró que ambas instituciones buscarían deliberadamente afectar al Gobierno y al país.
“Esas instituciones deciden más o menos con el mismo argumento, decir: ‘No más ingresos al Gobierno’, porque nos quieren ahorcar. ¿Por qué? Porque somos un gobierno diferente, como lo hubiera sido el gobierno de Jorge Eliécer Gaitán”, aseveró el primer mandatario en un evento realizado el 9 de abril de 2026 en el Malecón del Río Atrato, en Quibdó (Chocó).
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De igual manera, informó que la administración presentará una nueva reforma tributaria para recaudar $16 billones. Si el Legislativo no la aprueba, el presidente tomará medidas. “Esta crisis no la puede pagar ni un solo trabajador, ni un solo pobre. ¿No quieren pagar impuestos? Pues no reciban del Estado”, precisó.
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