El domingo 27 de septiembre de 2026, el presidente Abelardo de la Espriella realizó una alocución y en ella pidió a la justicia que, de ser posible, negocie con los investigados por corrupción en el gobierno de su antecesor Gustavo Petro.
El pronunciamiento del jefe de Estado se da luego de que el Consejo de Estado declarara la “muerte política” de Iván Name, expresidente del Congreso y vinculado al caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
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“Le pido a la justicia que evalúe la posibilidad de ofrecer negociaciones para que los actuales investigados, que fueron parte de la cadena de corrupción del anterior gobierno, colaboren a cambio de beneficios, pero si entregan las pruebas”, indicó.
El mandatario colombiano pidió a los “corruptos” encarcelados que se arrepientan y piensen en sus familias. Según afirmó, quienes colaboren con la justicia recibirán un “castigo atenuado”.
“A los corruptos en las cárceles, a los investigados y a los que serán procesados les digo: arrepiéntanse, piensen en sus familias y tendrán un castigo atenuado por la colaboración”, indicó.
Sobre la decisión del Consejo de Estado sobre la “muerte política” de Iván Name, el presidente Abelardo de la Espriella indicó que es una decisión “dura y compleja” que no puede pasar desapercibida en Colombia.
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“El Honorable Consejo de Estado decretó la muerte política del expresidente del Senado Iván Name. La muerte política, una decisión dura y compleja que no puede pasar desapercibida, que no se puede seguir normalizando porque encierra corrupción exacerbada”, aseveró el jefe de Estado en su alocución presidencial.
Asimismo, resaltó que quien tomó la decisión fue el Consejo de Estado, no él ni su Gobierno. Aseguró que el Gobierno Petro “corrompió” al expresidente del Congreso.
“El Consejo de Estado dictaminó, no fui yo ni el gobierno, dictaminó nada más y nada menos que con la plata pública que le robaron al pueblo, el gobierno pasado corrompió al presidente del Congreso”, afirmó.
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Así las cosas, el presidente Abelardo de la Espriella aseguró que los corruptos tienen que caer y responder ante la justicia, afirmando que ese tipo de casos no pueden quedar en la impunidad.
“Los corruptos tienen que caer, tienen que pagar, el latrocinio que perpetraron no puede quedar en la impunidad”, aseveró.
Detalles de la alocución
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, afirmó el domingo 27 de septiembre que encabezará las acciones contra organizaciones criminales. En una alocución nacional, defendió la estrategia de seguridad de su gobierno y presentó resultados de las primeras semanas de gestión.
También se refirió a las intervenciones de la fuerza pública en Santa Marta y Cali, así como a la extradición de alias Araña, a quien vinculó con secuestros, extorsiones y masacres. “Quien ataca a los colombianos va a encontrar al Estado”, indicó el presidente Abelardo de la Espriella.
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El jefe de Estado sostuvo que las Fuerzas Armadas recibieron la orden de perseguir a los responsables dentro de la Constitución y la ley. También incluyó en su exposición asuntos fiscales, salud, educación después del terremoto del 10 de agosto y pesquisas por corrupción.
En relación con la situación de orden público en Santa Marta, el mandatario le atribuyó a las Autodefensas Conquistadoras, o Los Pachenca, los bloqueos, ataques a vehículos y amenazas contra transportadores posteriores a la muerte de alias Cholo, a quien el presidente identificó como el segundo jefe de ese grupo y calificó la reacción de “narcoterrorismo”.
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La respuesta oficial contempló la militarización de la ciudad y el refuerzo de la presencia pública en Ciénaga, Riohacha, Dibulla y la Troncal del Caribe. De acuerdo con el mandatario, en estas operaciones participaron 2.500 miembros de la fuerza pública, con apoyo aéreo, puestos de control y rondas nocturnas.

Según informó el Gobierno, el operativo dejó 23 detenidos, 18 en Magdalena y cinco en La Guajira, seis allanamientos y la reapertura de cinco bloqueos en la carretera Santa Marta-Riohacha. Entre los capturados figuran alias Yolima, pareja de alias Pinocho, y alias Juancho Roy, a quien las autoridades vinculan con labores de sicariato.
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Finalmente, el presidente anunció recompensas de $ 3.000 millones por Pinocho, Doscientos y Patilizo y apuntó que la Operación Iron dejó 85 capturas tras desplegar a 1.200 policías y militares en seis comunas y 24 microterritorios urbanos.
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