Indígenas del Valle lanzan advertencia: irían a minga permanente por falta de tierras y promesas incumplidas

En el Valle del Cauca, la tensión por el acceso a la tierra vuelve a escalar. Organizaciones indígenas del departamento encendieron las alertas tras denunciar lo que consideran un estancamiento prolongado en los procesos agrarios, y advirtieron que, de no haber respuestas concretas, podrían recurrir a una minga permanente como forma de presión.

El reclamo no surge de un hecho aislado. Según expusieron en un comunicado, se trata de una inconformidad acumulada durante años de gestiones sin resultados visibles. A pesar de los encuentros sostenidos con distintas entidades del orden nacional, las comunidades aseguran que los compromisos no se han traducido en avances reales sobre el territorio.

En ese contexto, el llamado principal apunta a abrir un nuevo espacio de diálogo que permita destrabar los procesos. Las autoridades indígenas piden que se instale cuanto antes una sesión clave contemplada en la Resolución 1296 de 2024, con la intención de abordar de manera directa los pendientes que afectan a sus comunidades.

Las críticas se dirigen especialmente hacia entidades como la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la Unidad de Restitución de Tierras (URT). De acuerdo con las organizaciones, estas instituciones participan en múltiples escenarios de concertación, pero sin lograr avances sustanciales en temas como la constitución, ampliación y legalización de territorios.

A esto se suman, dicen, demoras en los trámites y la falta de cumplimiento de acuerdos previamente establecidos. Para las comunidades, estas dilaciones no son menores puesto que, impactan directamente su pervivencia cultural y física, al limitar el acceso a tierras que consideran esenciales para su desarrollo y autonomía.

Uno de los puntos que más preocupa es la ausencia de una priorización clara del Valle del Cauca dentro de la agenda nacional de reforma agraria. Las organizaciones sostienen que, pese a la relevancia del departamento y a las necesidades existentes, no se han tomado decisiones que permitan acelerar los procesos en la región.

Frente a este panorama, la propuesta concreta es que la primera sesión ordinaria de 2026 se realice los días 20 y 21 de abril en Cali. La intención es que en ese espacio participen funcionarios del Gobierno nacional y se definan compromisos puntuales, con plazos y responsables claramente establecidos.

Además, las comunidades consideran fundamental revisar el estado de la mesa de reforma agraria que se viene construyendo junto a la Gobernación del Valle y otros actores sociales. A su juicio, este escenario podría ser clave para articular esfuerzos y avanzar en soluciones más estructurales.

La advertencia de una posible minga permanente marca un punto de inflexión. Este mecanismo, históricamente utilizado por los pueblos indígenas como forma de movilización colectiva, refleja el nivel de inconformidad frente a lo que perciben como falta de voluntad institucional.

El pronunciamiento se da, además, en medio de una controversia reciente entre la Gobernación del Valle del Cauca y la Agencia Nacional de Tierras. En los últimos días, el debate se intensificó luego de que el director de la ANT señalara que la falta de articulación y voluntad política en el departamento estaría frenando la recuperación de tierras.

Desde la administración departamental, la respuesta fue inmediata. La gobernadora rechazó esas afirmaciones y aseguró que no corresponden a la realidad de los procesos que se adelantan en el territorio. También defendió la existencia de un comité de reforma agraria activo, encargado de coordinar las acciones en esta materia.

Otro de los puntos de fricción tiene que ver con la adjudicación de predios. Según la mandataria, la entidad estaría entregando tierras a comunidades provenientes de otras regiones, lo que generó inquietudes adicionales en el departamento. En medio de este cruce de versiones, las organizaciones indígenas insisten en la necesidad de que el Gobierno intervenga de manera efectiva. Para ellas, no se trata solo de resolver trámites administrativos, sino de garantizar derechos fundamentales ligados al territorio.

El cierre del comunicado refuerza ese mensaje. Las comunidades reiteran su llamado a las entidades competentes y a los organismos de control para que atiendan con urgencia la situación. En su visión, el acceso a la tierra no es un asunto secundario, sino una condición esencial para la existencia misma de los pueblos originarios.