La Fiscalía acusó formalmente a un exprocurador judicial y dos magistrados por presunta venta ilegal de predios: serán juzgados en la Corte Suprema

La Fiscalía General de la Nación presentó ante la Corte Suprema el escrito de acusación contra el exprocurador judicial Simón Miguel Ackerman Sánchez y los magistrados del Tribunal Administrativo del Atlántico Judith Inmaculada Romero Ibarra y Luis Carlos Martelo Maldonado.

A los tres se les atribuye su presunta intervención en decisiones judiciales relacionadas con la aprobación de un acuerdo conciliatorio que habría permitido la venta de bienes del Estado.

Los hechos investigados se relacionan con los predios conocidos como Cuba y Casablanca, ubicados en el corredor vial entre Barranquilla y Puerto Colombia, en el departamento del Atlántico. Según el expediente, estos inmuebles se encontraban sujetos a medidas cautelares dentro de procesos de extinción de dominio, lo que implicaba restricciones para su enajenación o disposición.

De acuerdo con la investigación, la actuación de los entonces funcionarios judiciales se habría desarrollado entre 2009 y 2010, periodo en el cual se adoptaron decisiones que permitieron la comercialización de los terrenos mediante un acuerdo conciliatorio aprobado en sede judicial.

Venta de predios bajo medidas cautelares

El ente acusador señaló que, pese a las restricciones vigentes sobre los bienes, se habría autorizado la venta directa de los predios. La operación fue realizada por un valor cercano a los $3.500 millones, cifra que contrasta con el avalúo estimado de los terrenos, que superaría los $36.000 millones.

“Los funcionarios habrían avalado un acuerdo conciliatorio que facilitó la venta directa de los predios conocidos como Cuba y Casablanca”, indicó la Fiscalía en el escrito de acusación presentado ante la Corte Suprema de Justicia.

En el caso del predio Casablanca, la Fiscalía estima que la operación habría generado un detrimento patrimonial cercano a los $20.000 millones, mientras que en relación con el predio Cuba se indicó que no se habría consumado plenamente el daño, configurándose una tentativa de apropiación.

Según el material probatorio recopilado por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, los exfuncionarios judiciales habrían tenido conocimiento de las medidas cautelares que afectaban los bienes. No obstante, habrían participado en la aprobación del acuerdo que permitió su comercialización.

Imputaciones y etapa procesal ante la Corte Suprema

La Fiscalía imputó a los tres procesados los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación en favor de terceros agravado, en concurso heterogéneo, al considerar que las decisiones adoptadas habrían desconocido el marco legal aplicable a los bienes del Estado.

Con la radicación del escrito de acusación, el proceso entra formalmente en la etapa de juicio. En esta fase, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia será la encargada de evaluar las pruebas presentadas tanto por la Fiscalía como por la defensa de los procesados.

Durante el juicio, el ente acusador deberá sustentar su teoría del caso mediante la práctica de pruebas testimoniales, documentales y periciales, con el fin de demostrar la responsabilidad penal de los acusados.

Finalizada la etapa probatoria, el caso entrará en fase de alegatos de conclusión, donde la Fiscalía y las defensas expondrán sus consideraciones finales sobre la responsabilidad o inocencia de los acusados. A su vez, las defensas podrán controvertir el material probatorio y presentar sus propios elementos de descargo.

Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia emitirá una sentencia de primera instancia, en la que definirá si los exfuncionarios son o no responsables de los delitos imputados. Esta decisión podrá ser objeto de recursos dentro del mismo sistema judicial, de acuerdo con las etapas procesales establecidas.

Por ahora, el caso continúa en desarrollo dentro de la jurisdicción penal de la Corte Suprema de Justicia, mientras se mantiene la presunción de inocencia de los procesados hasta que exista una decisión judicial en firme.