El Congreso de Colombia avanzó esta semana en la elección del nuevo contralor general al depurar la lista de aspirantes para ocupar uno de los cargos más destacados del país.
Entre los 243 candidatos admitidos figura el exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura Pedro Alonso Sanabria Buitrago, quien se encuentra en el centro del debate debido a denuncias graves por acoso sexual y laboral.
Pedro Alonso Sanabria es un exmagistrado conocido por su labor durante 12 años en la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
Su nombre destaca en el proceso de selección para contralor general tras quedar vinculado desde 2020 a denuncias de acoso sexual y laboral durante su mandato en esa corporación, lo que ha generado cuestionamientos públicos sobre su idoneidad en la actual convocatoria.
El Congreso realizó la primera depuración oficial esta semana, reduciendo el grupo inicial de cerca de 270 postulados a quienes superaron los filtros formales de inhabilidades y requisitos. Ahora, 243 aspirantes tienen derecho a continuar en la carrera para llegar a la máxima instancia de vigilancia fiscal del país, proceso que concluirá en agosto, según El Tiempo.
Perfil de Pedro Alonso Sanabria en la Judicatura
Sanabria forjó su trayectoria en la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, donde supervisaba e investigaba a abogados, jueces y fiscales. Durante doce años, ocupó un rol fundamental en la auditoría disciplinaria interna de la Rama Judicial. Finalizó su periodo en 2020.
El exmagistrado es identificado como un referente en el ámbito judicial colombiano, por su amplio historial en la fiscalización y el control de la conducta de funcionarios públicos. No obstante, su desempeño generó polémica por los señalamientos por acoso sexual y laboral registrados durante su gestión, de acuerdo con El Tiempo.
La Corte Suprema solicita investigación penal contra exmagistrados Garzón y Sanabria
En octubre del 2020, la Corte Suprema de Justicia de Colombia solicitó a la Fiscalía General de la Nación abrir una investigación penal contra Julia Emma Garzón y Pedro Sanabria.
Pese a haber terminado sus periodos como magistrados hace más de cuatro años, continúan ocupando sus cargos en la Sala Disciplinaria de la Judicatura. Este órgano quedó sin competencia legal desde hace cinco años. Este pedido del alto tribunal surge luego de una serie de actuaciones judiciales recientes de ambos funcionarios, cuya legitimidad ha sido expresamente cuestionada por la Corte.
La controversia se agudizó tras la decisión adoptada por Sanabria, quien posee una trayectoria de doce años en la Judicatura y fue el ponente de una tutela relacionada con bienes ofrecidos para la reparación de víctimas de la estructura paramilitar de Los Mellizos.
En este fallo, Sanabria ordenó levantar las medidas cautelares de embargo que pesaban desde 2015 sobre varios predios aportados por Miguel Ángel Melchor Mejía, alias El Mellizo.
Estos bienes habían sido destinados a las víctimas. Sin embargo, los propietarios inscritos, Jaime Albeiro Alí Alí y Saidy Habib, defendieron la legalidad de sus títulos e iniciaron un extenso proceso judicial. Hasta que el asunto llegó al Consejo Superior de la Judicatura, Sanabria resolvió cancelar dichas medidas, omitiendo lo establecido por instancias previas.
La Corte Suprema deslegitima las actuaciones de Garzón y Sanabria en la Judicatura
El análisis del caso alcanzó su punto crítico este miércoles, cuando la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró nulas las actuaciones de Garzón y Sanabria y trasladó copias a la Fiscalía para una posible investigación.
La Corte fue directa: según el Tribunal, ambos “no ostentan la condición de magistrados” de la Sala Disciplinaria y su participación en deliberaciones y votaciones no puede considerarse válida para integrar el quórum necesario de esa cédula judicial.
El fallo en cuestión no alcanzó el respaldo suficiente entre los integrantes de la sala. Se suscribió solo por cuatro magistrados, con dos votos salvados, de modo que únicamente Garzón y Sanabria lo aprobaron, cifra insuficiente para dotar a la decisión del carácter jurídico requerido.
Así, “el texto remitido a esa Corporación no constituye providencia judicial, y del mismo, entonces, no puede derivarse ninguna orden”, puntualizó la Corte Suprema de Justicia.
La determinación de la Corte no solo declaró la ineficacia legal de la decisión correspondiente al caso de Los Mellizos, sino que señaló que ese texto “no es una sentencia judicial, sino un borrador porque no fue aprobado por la mayoría de la Corporación”. Además, subrayó que, al haber sido redactado por el ciudadano Sanabria Buitrago y carecer del aval institucional, ni siquiera puede ser considerado un proyecto de fallo.
De acuerdo con el alto tribunal, “se trata de dos particulares que no ejercen, a la fecha, el cargo de magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura”, por lo que ninguna de sus actuaciones recientes puede ser válida ni tener efecto legal alguno conforme a la normatividad vigente, informó Infobae.
Garzón y Sanabria terminaron formalmente sus periodos judiciales hace más de cuatro años, sin embargo, han seguido interviniendo en decisiones, incluida la más reciente en la que se pretendía modificar el destino de bienes clave para la reparación a víctimas del paramilitarismo.
La actuación de la Corte Suprema se da tras cinco años de la extinción, por ley, de la Sala Disciplinaria en la que ambos permanecen, generando un vacío institucional que ahora está siendo examinado en el ámbito penal.
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