La confesión de Diego Alejandro Manrique, exasesor del Ministerio de Defensa de Colombia y vinculado al escándalo de corrupción por el contrato de mantenimiento de los helicópteros MI-17 del Ejército Nacional, ante la justicia colombiana.
Es importante recordar que esta polémica se refiere a presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato por más de 32 millones de dólares a la empresa estadounidense Vertol Systems Company
Manrique, exasesor de Luis Edmundo Suárez (viceministro para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa Nacional entre mayo de 2024 y agosto de 2025), admitió su responsabilidad en la adjudicación irregular del mantenimiento de las aeronaves. Además, señaló a altos funcionarios y a la empresa Vertol Systems Company, de Estados Unidos, como parte de la trama, según reveló Caracol Radio.
El testimonio de Manrique aumentó el alcance de la investigación sobre los contratos de los helicópteros Mi-17, implicando a más funcionarios y abriendo una línea judicial relacionada con posibles irregularidades en una gasolinera militar en Tolemaida.
Entre las nuevas revelaciones se identifica la participación de otros cuatro funcionarios del Ministerio de Defensa y el manejo de recursos por más de $20.000 millones en nuevos procesos.
Durante una audiencia pública, Manrique reconoció su rol en la estructuración del contrato que favoreció a Vertol, que no cumplía los requisitos técnicos, operativos, financieros ni jurídicos.
Se trata del primer procesado que admite su participación en el caso. Como parte del principio de oportunidad, obtuvo inmunidad por un año a cambio de colaborar en el proceso judicial y testificar contra sus superiores.
En su declaración ante la justicia, Manrique expresó: “De verdad me siento sumamente apenado. Espero no converger a continuar con las actividades delictivas”, según recogió el medio radial.
Su testimonio refuerza las acusaciones contra Suárez, el exdirector de Logística Herbert Buitrago, y suma pruebas documentales y comunicaciones entregadas al expediente por el propio testigo.
Más funcionarios y militares vinculados al caso de los helicópteros Mi-17
La investigación ha alcanzado a nuevos integrantes del Ministerio de Defensa tras las declaraciones del testigo, de acuerdo con documentos verificados por Caracol Radio.
Han sido implicados:
- María Camila Cardona Duque, profesional de defensa MINDEFENSA
- Judith Stella Garzón Peña, asesora del Ministerio de Defensa 2025 a la fecha
- Daniel Jiménez Fandiño, asesor despacho del viceministro desde 2020 a la fecha
- Mónica Janeth Nariño Segura, funcionaria del Viceministerio de Estrategia y Planeación
Se suman a Hugo Alejandro Mora Tamayo y el coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte como funcionarios con conocimiento directo de las irregularidades en la contratación.
El fiscal del caso afirmó que la participación de estas personas en el proceso contractual amplía el alcance de la investigación e incorpora a quienes aún ejercen en la cartera o lo han hecho recientemente.
Según los documentos judiciales, el contrato con Vertol Systems Company representa un valor superior a $32 millones de dólares y es el foco central de los procesos penales en curso.
La defensa de Manrique informó que el testigo y su familia recibieron amenazas y que la colaboración judicial se dio bajo “temor fundado”, sin que hubiera motivaciones económicas. Así lo declaró su abogado Juan Pablo Botero ante el juez y quedó consignado en el expediente difundido por Caracol Radio.
Documentos clave desaparecidos en el Ministerio de Defensa
Durante la audiencia se reveló la desaparición de documentos cruciales del Ministerio de Defensa relativos al contrato cuestionado.
El expediente de la Fiscalía, citado por el medio mencionado, trata sobre la pérdida de un informe técnico de diciembre de 2024 elaborado por el Comité Técnico Estructurador, que alertaba sobre el incumplimiento de los requisitos por parte de Vertol y fue entregado a Hugo Alejandro Mora Tamayo.
El documento sigue extraviado tras varias inspecciones oficiales.
Esta carencia dificulta el rastreo de decisiones administrativas y la reconstrucción del uso de los recursos públicos. Ante la ausencia del informe, la Fiscalía fundamenta su caso en testimonios y comunicaciones electrónicas aportadas por Manrique.
El extravío de estas pruebas apoya la hipótesis de que no se trata de hechos aislados, sino de un patrón sistémico de corrupción dentro del Ministerio de Defensa.
A partir de los datos proporcionados por Manrique, la Fiscalía abrió un nuevo proceso penal contra Suárez y oficiales del Ejército Nacional, relacionado con irregularidades en el contrato de una gasolinera militar en el Fuerte de Tolemaida. En este caso, la suma involucrada supera los $20.000 millones de pesos, según reportó Caracol Radio.
Las investigaciones indican que este esquema ilícito habría comenzado en septiembre de 2025, después de que Suárez dejara su cargo formal en el Ministerio de Defensa y volviera a vincularse a actividades contractuales del Ejército Nacional.
Se prevé que la audiencia de imputación formal contra Suárez y James Lester Montgomerie, propietario de Vertol Systems, sea el próximo 21 de abril, del 2026.
El desarrollo del caso, impulsado por la colaboración de Manrique, abre la posibilidad de que se descubran irregularidades similares en otras dependencias de la defensa estatal.
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