Debido a que el escándalo por corrupción al interior de la Ungrd es uno de los casos más polémicos que ha tenido el Gobierno Petro, todo lo relacionado con los políticos vinculados es noticia en Colombia.
Lo último que se registró fue que el 7 de abril la Fiscalía solicitó a la Interpol la reactivación de la circular roja contra Carlos Ramón González, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), al recordar la investigación que enfrenta González por presuntas irregularidades en la contratación y manejo de recursos públicos dentro de la entidad.
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La circular roja es un mecanismo internacional para la localización y captura de personas buscadas por la justicia, lo que implica que se intensifican los esfuerzos para lograr la detención de González, quien permanece prófugo y no ha comparecido ante las autoridades.
De forma paralela, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad inmediata del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla por vencimiento de términos en su proceso judicial.
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Bonilla, que estaba privado de la libertad mientras avanzaba la investigación, quedará en libertad luego de que el tribunal determinó que el tiempo máximo permitido para mantenerlo detenido sin una sentencia fue superado.
La decisión no implica necesariamente el cierre del proceso ni una declaración de inocencia, sino que responde a garantías procesales establecidas en la ley colombiana para evitar detenciones preventivas prolongadas sin resolución judicial. Bonilla deberá seguir compareciendo ante la justicia, pero podrá hacerlo en libertad mientras continúa el proceso.
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Sondra Macollins criticó cómo funciona la justicia en Colombia

En diálogo con Infobae Colombia, la candidata presidencial Sondra Macollins entregó su opinión sobre lo registrado con Carlos Ramón González y Ricardo Bonilla. La jurista cuestionó la estructura actual del sistema judicial al indicar que “la justicia en Colombia está muy politizada”.
Macollins criticó el papel de la Fiscalía en este esquema, afirmando que, en su criterio, el ente acusador tiene más poder del que debería.
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“Cuando nosotros incluimos a la Fiscalía en el sistema judicial de Colombia, nos tiramos el sistema, porque ahí la Fiscalía, que debería pertenecer al Ejecutivo, que de hecho el fiscal general, la terna la pone el Ejecutivo, pues desafortunadamente cogió más poder que el sistema judicial”.

La candidata manifestó que esto ha generado un desequilibrio en la administración de justicia y afirmó que “el sistema judicial es un arma o una herramienta política”. Sondra Macollins ilustró este planteamiento con ejemplos de decisiones judiciales recientes.
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“Por eso vemos tantos casos donde uno dice: ‘Bueno, ¿y por qué pasa esto? ¿Cómo una persona como Epa Colombia termina pagando seis años en la cárcel por dañar un Transmilenio, que ofreció pagarlo? Yo no estoy diciendo que no, pero ¿por qué un señor que se roba 5.000, 20.000 o 30.000 millones termina en casa por cárcel y no tiene que devolver nada?”.
La candidata anticipó que entre sus propuestas está la de una reforma con la que busca reestructurar todo el sistema: “Desafortunadamente, está muy manoseado por la política”.
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Macollins afirmó que la Fiscalía debería actuar como un ente investigador dentro del poder Ejecutivo y que los jueces no puedan ser condicionados, puesto que, en su concepto, los casos de Carlos Ramón González y Ricardo Bonilla son muestra de las irregularidades que se registran en la actualidad.
“Que los jueces sean intocables, objetivos, imparciales, que no puedan ser manoseados por nadie y el ciudadano pueda tener la posibilidad de defenderse en igualdad de armas con el Estado. Esperemos que en esos dos casos el resultado sea el justo, el adecuado y no el manipulado por los políticos de turno”.
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