Defensa de la exasesora de Petro Sandra Ortiz pidió su libertad por vencimiento de términos en caso Ungrd: audiencia se suspendió

Este miécoles 8 de abril, en la sede de la juez quinta Penal Municipal de Bogotá, comenzó la audiencia en la que la defensa de la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Liliana Ortiz Nova, solicitó su libertad inmediata por vencimiento de términos, tras permanecer cerca de 500 días en detención preventiva en el marco del caso Ungrd.

La audiencia, que reúne a la defensa, Fiscalía y juez, se adelanta bajo los protocolos de virtualidad establecidos por el decreto 806 de 2020, que permite la realización de actos judiciales por medios electrónicos debido a la emergencia sanitaria.

Mauricio Camacho Fernández, abogado defensor de Ortiz, explicó ante la juez los fundamentos legales de la solicitud: “Debemos partir de la radicación del escrito de acusación, que ocurrió el 24 de enero del año 2025. La Fiscalía cumplió su función en el término de 175 días y presentó la acusación. Con base en el Código de Procedimiento Penal, el Estado tiene 240 días para instalar el juicio. Si ello no ocurre, se enerva la causal liberatoria. Mi intención hoy es hacer un conteo objetivo para demostrar que dicho plazo ya se superó”, señaló Camacho.

El abogado recordó que la justicia especializada aplica la duplicidad de términos, por lo cual el plazo de 240 días se ve aún más comprometido.

Durante la audiencia, Sandra Liliana Ortiz Nova tomó la palabra para relatar su experiencia en el proceso y cómo ha enfrentado la detención preventiva. La exconsejera presidencial destacó que no es abogada, sino administradora de empresas, y que esta es la primera vez que se involucra en un proceso penal. “Lo que he estudiado en este tiempo de estar privada de mi libertad me ha dado la oportunidad de conocer el derecho penal”, afirmó, haciendo énfasis en su voluntad de colaborar con la justicia.

Ortiz explicó que lleva casi 500 días privada de libertad desde el 18 de diciembre de 2024, y que han pasado 440 días desde la radicación del escrito de acusación, el 24 de enero de 2025. Señaló que en ese momento no se entregó el anexo probatorio, por lo que la defensa no conocía todas las pruebas presentadas por la Fiscalía.

Recalcó que su actitud frente al proceso siempre ha sido transparente y comprometida: se ha presentado a todas las diligencias, incluyendo la audiencia de imputación, y entregó voluntariamente su celular cuando se le solicitó.

Ortiz también recordó fechas clave de la defensa. Indicó que algunas audiencias programadas, como la del 6 de marzo y la del 10 de abril, no se llevaron a cabo debido a compromisos de su abogado, pero aseguró que estos retrasos no fueron responsabilidad suya. Destacó que entre el 10 de abril y el 12 de junio se produjeron plazos que considera atribuibles a la defensa.

La exfuncionaria hizo un recuento de gestiones procesales, incluyendo la presentación de nulidades frente a autos relacionados con las víctimas y la Procuraduría, insistiendo en que fue ella quien más presionó para que se revisara la imputación inicial.

Señaló que la acusación original vinculaba su nombre con el tema de los carrotanques en La Guajira, un episodio que recibió amplia cobertura mediática y en el que se afirmaba que la muerte de niños en esa región era consecuencia de sus acciones. “Cuando revisamos el escrito de acusación, eso ya no estaba. La Guajira desapareció del caso y las víctimas fueron excluidas”, indicó, subrayando la modificación del alcance de la imputación.

En su intervención, Ortiz insistió en que su compromiso con la justicia ha sido constante y que ha actuado de manera proactiva frente a todas las diligencias que le han sido asignadas, buscando demostrar que su participación en el proceso ha sido transparente y conforme a la ley.

Sin emabrgo, despues de las declaraciones de Sandra Ortiz, se suspendió la audiencia por problemas de conexión, por lo que la jueza sostuvo que planea programar la audiencia para el 16 de abril.

Sandra Liliana Ortiz Nova permanece recluida en la Escuela de Carabineros de la Policía, al norte de Bogotá, desde diciembre de 2024. La defensa ha intentado en varias oportunidades revertir su detención.

La primera fue a través de una acción de tutela presentada ante la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 18 de febrero de 2025, la cual fue declarada improcedente por no cumplir con el requisito de subsidiariedad.

De igual forma, las solicitudes de libertad presentadas el 31 de diciembre de 2025 y el 21 de enero de 2026 fueron rechazadas por el juzgado 79 Penal Municipal de Control de Garantías de Bogotá.

“El procedimiento no ha avanzado conforme a los términos que establece la ley. Por eso estamos hoy solicitando a la juez que revise de manera objetiva los tiempos y proceda a reconocer el derecho a la libertad de mi clienta”, añadió Camacho Fernández durante la audiencia.

El proceso legal contra Ortiz se centra en los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias, en los cuales la Fiscalía la señala como pieza clave.

Según la acusación formal, presentada el 24 de enero de 2025, Ortiz habría recibido el 12 de octubre de 2023 una maleta con 1.500 millones de pesos entregada por los exdirectivos de la Ungrd, Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez, en un apartamento del centro de Bogotá.

Este dinero, según la Fiscalía, habría sido trasladado con fines de facilitar la aprobación de reformas legislativas, con conocimiento de Ortiz de que provenía de recursos de la Ungrd.

Adicionalmente, la Fiscalía acusa a Ortiz de haber intermediado en la entrega de 4.000 millones de pesos en sobornos a dirigentes del Congreso, consolidando su papel como figura central en la red de corrupción que afectó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres durante el gobierno de Gustavo Petro.

El caso Ungrd ha tenido repercusiones a nivel de altos funcionarios del gobierno Petro.

Además de Ortiz, permanece privado de la libertad Luis Fernando Velasco, exministro del Interior. Mientras tanto, Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, se encuentra prófugo en Nicaragua, con circular roja de Interpol.

En cuanto a los coimputados, Sneyder Pinilla, subdirector de Manejo de Desastres de la Ungrd, ya ha recibido sentencia condenatoria, mientras que Olmedo López se encuentra en proceso de negociación para alcanzar un preacuerdo judicial.