La Defensoría del Pueblo deberá enfrentar otro recorte presupuestal proyectado para 2027 que se suma a una merma del 5% ya ejecutada en 2026, que elevaría la disminución acumulada a un 11 % frente a 2025 y a un 17 % con respecto a 2024.
La información fue confirmada por la defensora Iris Marín que, en una rueda de prensa emitida el 6 de abril, advirtió sobre las consecuencias inmediatas de este ajuste en la operatividad de la entidad y la protección de la población civil.
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El recorte está inquietando a actores sociales, a otras entidades defensoras de derechos humanos en Colombia y está causando molestias en funcionarios públicos opositores al Gobierno Petro.
Jennifer Pedraza, representante a la Cámara, cuestionó el discurso del presidente Gustavo Petro con respecto a los Derechos Humanos y afirmó que estos “se defienden con presupuesto, no con carreta”.
De hecho, cuestionó la decisión de reducir el financiamiento a la Defensoría del Pueblo en un momento de creciente violencia armada y retroceso en la cooperación internacional, derivado de las restricciones territoriales de algunos grupos armados a misiones humanitarias de organizaciones no gubernamentales.
Pedraza advirtió que “esto se traduce en menor presencia en los territorios, menos misiones humanitarias, una Defensa Pública recortada y alertas tempranas más tardías, justo cuando la violencia armada aumenta”, dijo textualmente.
“Con la cooperación internacional en retirada y ad portas de elecciones, asfixiar la prevención no es un recorte técnico: es una decisión política que terminan pagando las víctimas”, agregó.
De cuánto es el recorte
En la rueda de prensa, la defensora Marín detalló que el nuevo techo presupuestal propuesto por el Gobierno nacional —unilateralmente— implicaría un recorte sostenido por tercer año consecutivo que “quiere decir que pasaríamos de tener en inversión 85.610.000 pesos, a tener 66.403.000 pesos”, explicó. La reducción dejaría a la institución con apenas el 40% de los recursos de inversión disponibles en 2024.
Ante la situación, la jefe de la entidad envió una comunicación formal al ministro de Hacienda, Germán Ávila, en la que solicitó revisar la medida y mantener los niveles de inversión vigentes en 2024.
La funcionaria explicó que la decisión presupuestal afecta la capacidad de respuesta de la Defensoría, especialmente en regiones donde la conflictividad armada exige una presencia institucional robusta.
No obstante, la defensora señaló que el alto Gobierno me comunicó que revisará el tema en aras de corregir”.
“Ahora bien, debo aclarar que hemos tenido una reciente comunicación con el Gobierno, y nos ha informado que van a revisar el tema por primera vez. Entonces, quiero dejar abierta esa posibilidad y confianza en que efectivamente lo van a revisar. Hemos solicitado que nos mantengan el presupuesto que teníamos en el año 2024 (...) después de que en los años anteriores, desde el 2010, venía un ascenso anual en el presupuesto de la Defensoría del Pueblo”, dijo.
La discusión sobre el presupuesto de la Defensoría del Pueblo continuará en las próximas semanas, a la espera de una respuesta oficial por parte del Ministerio de Hacienda sobre la solicitud presentada por la defensora Iris Marín.
Iris Marín pidió una reforma a la salud por la crisis sanitaria en Colombia
Durante la jornada del 7 de abril, la defensora advirtió que la crisis en el acceso a la salud en Colombia se profundizó entre 2024 y 2025, reflejada en un aumento histórico de acciones de tutela. Según Marín, las tutelas relacionadas con la salud superaron las 312.500, lo que equivale al 34% del total de tutelas interpuestas, solo detrás de las relacionadas con el derecho de petición.
Además, cerca del 40% de la población reportó dificultades para acceder a tratamientos médicos o solo lo hizo de forma parcial, mientras que los gastos de bolsillo en salud ascendieron al 17,2%, el nivel más alto registrado, según reportó la funcionaria en sus redes sociales.
Marín señaló que esta situación va a la par de un evidente empobrecimiento de la ciudadanía debido a la crisis de medicamentos y a la ausencia de medidas efectivas por parte del Gobierno para resolverla.
Pese a ello, el sector farmacéutico registró un crecimiento del 9% en el país. Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo reiteró la necesidad de que el próximo Gobierno priorice una reforma estructural del sistema de salud y adopte acciones urgentes para enfrentar la crisis.
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