El inicio del cobro del impuesto al patrimonio a empresas, que viene con la emergencia económica del Gobierno Petro para contrarrestar los efectos de la ola invernal en Colombia, tiene al sector empresarial de Colombia en un momento de incertidumbre por la magnitud de la carga fiscal y los posibles efectos sobre la inversión.
El gravamen alcanza a aquellas personas jurídicas con un patrimonio líquido superior a 200.000 unidades de valor tributario (UVT), equivalentes a $10.475.000, con un primer pago fijado para el 1 de abril y un segundo a comienzos de mayo.
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Al respecto, hay muchas dudas y críticas. Por ejemplo, el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo aseguró que el tributo debe recaer solo en personas naturales, por lo que alegó que gravar a las empresas puede afectar la inversión.
Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, advirtió que la medida supone un perjuicio para las compañías, ya que aumenta una de las cargas tributarias más altas del mundo y obliga a ajustes financieros imprevistos. Los dos destacan los umbrales y tarifas diferenciadas: 0,5% para empresas y 1,6% para los sectores financiero y extractivo.
Para Ocampo, el impuesto al patrimonio a empresas es inapropiado. “El impuesto al patrimonio debe ser de las personas naturales, no a las empresas jurídicas”, declaró el exministro a Caracol Radio.
Para el experto, el principal inconveniente radica en la doble tributación. Argumentó que “el impuesto a la renta de las empresas en Colombia es muy alto, es 35%, uno de los altos del mundo. Entonces, si encima de eso se le aplica un impuesto al patrimonio, hay una doble tributación que francamente no parece conveniente”.
Personas naturales con altos ingresos
Añadió que, en el caso de las personas naturales con altos ingresos, la aplicación del impuesto puede justificarse como mecanismo para corregir el subregistro en las rentas de capital. “Las rentas de capital a veces están subestimadas. Entonces, aplicarle un impuesto al patrimonio es una forma complementaria de captar en el fondo el impuesto a la renta de capital”, explicó.
Resaltó el posible efecto negativo sobre la inversión empresarial. “Obviamente tiene efectos sobre los incentivos a invertir, porque encima del impuesto a la renta hay un impuesto adicional. Entonces, sí, puede tener efecto sobre la inversión”, afirmó al remarcar que no podía precisar si ese impacto sería sectorial o general en la economía.
De igual forma, enfatizó en que la solución a las presiones fiscales debería centrarse en el recorte del gasto público y no en más impuestos para las compañías. “En todos mis artículos sobre la situación fiscal he señalado, como casi todos los analistas, que lo que falta es solo recortes de gasto. ¿Dónde están los recortes de gasto que tiene planeado el Gobierno? Aparentemente no hay ninguno”, manifestó el exfuncionario al medio.
Agregó que existen áreas específicas con potencial de ajuste, Señaló que “la cantidad de contratos a término fijo que hace el Gobierno es muy alta, entre otros rubros de gasto que deben ser objeto de un recorte sustancial”. De aceurdo con él, el Ejecutivo debe racionalizar sus gastos antes de imponer nuevas cargas fiscales a las empresas.
Inmenso perjuicio a la actividad empresarial
Para el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, el impuesto decretado se publicó por sorpresa y en un momento muy complejo. Aseguró, por medio de X, que, de no suspender la Corte Constitucional el decreto antes del primer pago, “se estará generando un inmenso perjuicio a la actividad empresarial que ya cuenta con una de las mayores cargas tributarias del mundo”.
Señaló el dirigente que la imposición de este tributo no estaba contemplada en las proyecciones financieras de las empresas para este año. Insistió en que muchas compañías deberán vender activos para cumplir con la nueva exigencia, y que el cambio de reglas del año pasado llevó a anticipar el pago de los impuestos correspondientes a este ejercicio fiscal.
Gestión de la emergencia invernal
También abordó la gestión de la emergencia invernal. Considera que el costo de esta crisis es “significativamente menor a lo que recaudará Hacienda” mediante el gravamen al patrimonio y lanzó una crítica sobre la administración de los recursos. “Los recursos se están gastando a manos llenas en mecanismos por fuera de la Ley de contratación”, puntualizó.
Y destacó que la carga fiscal sigue recayendo sobre los mismos sectores. Sostuvo que el nuevo impuesto representa una presión adicional para quienes ya han asumido la mayor parte de los tributos empresariales en el país.
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