Cinco menores de edad fueron rescatados el 31 de marzo de 2026 por el Ejército Nacional en una zona selvática de Caquetá, tras permanecer varios días desaparecidos luego de que sus padres escaparan de un secuestro perpetrado durante 11 días por una disidencia de las Farc.
El propósito de ocultar a los niños, cuyas edades oscilan entre 3 y 16 años, fue impedir un posible reclutamiento forzado por parte de grupos armados ilegales, según informaron las autoridades. La operación se desarrolló en respuesta a la información sobre la huida de los menores y sus familiares rurales, tras el episodio de secuestro e intento de reclutamiento, atribuidos a miembros de una facción comandada por alias Calarcá.
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Una vez localizados, los cinco menores y una joven de 18 años fueron evacuados del área y trasladados hasta Larandia, en el mismo departamento de Caquetá. Allí, actualmente, reciben atención médica y acompañamiento de seguridad, mientras los equipos oficiales verifican las condiciones de protección y el estado de salud de los afectados, a fin de garantizar su bienestar.
Tras el rescate de las víctimas, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, habló sobre la operación, además de confirmar que guerrilleros pertenecientes a las disidencias de las Farc de alias Calarcá fueron los responsables de amenazar e intentar reclutar a los jóvenes.
“Logramos rescatar a cinco menores de edad y a una mujer, todos miembros de una misma familia, que estaban siendo amenazados por una estructura criminal de las disidencias de alias Calarcá, en zona selvática de Cartagena del Chairá. Durante toda la noche, valientes militares acompañados de nuestra Fuerza Aeroespacial Colombiana llegaron a lo profundo de la selva y los rescataron”, expuso en un video publicado en la redes sociales del Ministerio de Defensa.
Sobre el estado de salud de las víctimas, Sánchez precisó: “En este momento se encuentran sanos y a salvo. Nosotros, como Ministerio de Defensa, respetamos y acompañamos los procesos de diálogo, pero eso no significa que no debamos proteger la vida o que no debamos combatir el crimen”.
El titular de la cartera indicó que “por los responsables de este acto criminal, una pareja de alias Urías Perdomo y alias La Morocha, hay una recompensa de hasta $400.000.000 y $200.000.000, respectivamente, por información que nos permita llevarlos a la justicia. No existirá ningún lugar donde estos criminales se puedan esconder del Estado colombiano”.
Las zonas en las que operan las disidencias de alias Calarcá
La disputa por la presencia de alias Calarcá como negociador en el proceso de Paz Total impulsado por el presidente Gustavo Petro continúa agitando el panorama político y de seguridad en Colombia, en un contexto en el que se recrudecen las actividades delictivas bajo el mando de las disidencias de las Farc.
El debate se intensificó con el fortalecimiento de los grupos armados asociados a Calarcá, cuyas operaciones elevaron la percepción de inseguridad en regiones claves del país, según documentó Semana.
El Ejército Nacional reportó que las estructuras lideradas por alias Calarcá son responsables de delitos como extorsión, secuestro, homicidios y la ocupación violenta de extensos territorios rurales. Uno de los episodios recientes más graves fue el ataque con un campo minado al helicóptero de la Policía en Amalfi, Antioquia, que provocó la muerte de 13 policías y un repunte en la presión para su retiro de la mesa de negociación.
De acuerdo con autoridades y fuentes locales citadas por el medio, en departamentos como Caquetá y Guaviare, el impacto social de sus incursiones ha debilitado significativamente la confianza en el proceso de paz.
El hecho central que hoy aviva la controversia es que, mientras fungía como representante oficial en la mesa de diálogo, alias Calarcá fue señalado como uno de los principales responsables de operaciones ilícitas en zonas específicas, en particular en San Vicente y Los Pozos (Caquetá) y Puerto Cachicamo (Guaviare).
Estos territorios comparten características geográficas adversas para el Estado: áreas selváticas, presencia de numerosos riachuelos y una red de comunidades locales que, según advirtió Semana, alertan de manera sistemática sobre cualquier movimiento de la fuerza pública, dificultando así la intervención estatal y consolidando el control territorial de los grupos armados.
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