La Fiscalía General de la Nación anunció la revisión de un expediente de violencia intrafamiliar que involucra al exembajador de Colombia en Ghana, Daniel Garcés Carabalí, luego de que se detectara un posible riesgo de revictimización contra su exesposa, Beatriz Niño Endara.
Según reveló El Espectador, la decisión se tomó tras conocerse que, mientras una fiscal documentó más de una década de presunta violencia física, sexual y psicológica contra la mujer, otro fiscal adelantaba un proceso para imputarla a ella por violencia intrafamiliar.
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La fiscal general, Luz Adriana Camargo, confirmó que; “Le estamos haciendo seguimiento. Estamos revisando el manejo del enfoque de género en la entidad. Esto, que parece un lugar común, no lo es. Debemos entender que hay una protección reforzada para las víctimas y que la denuncia no siempre es una alternativa posible, por los escenarios de victimización de las mujeres. Esto todavía no es claro para muchos fiscales. Por eso estamos revisando todo”, declaró al medio citado.
Una investigación con más de diez años de denuncias
El expediente principal, que cuenta con 274 páginas recopila supuestos episodios de violencia de distintos tipos ejercidos por Daniel Garcés Carabalí contra su exesposa. Los delitos que la Fiscalía está en condiciones de probar, según la acusación, incluyen violencia intrafamiliar agravada, acceso carnal violento agravado, fraude procesal y ejercicio arbitrario de la custodia.
De acuerdo con la reconstrucción de la Fiscalía, la relación entre Garcés y Niño inició en 2009 y estuvo marcada por dos embarazos y situaciones de infidelidad. El primer episodio de violencia física habría ocurrido en septiembre de 2016. El documento señala que, tras una discusión, “Daniel Garcés Carabalí comenzó a empujarla, la cogió del cuello y la golpeó en un brazo”. El expediente también reúne testimonios sobre insultos y maltrato verbal recurrente.
En relación con el delito de acceso carnal violento agravado, la entidad relató episodios de violencia sexual entre 2018 y 2021. De acuerdo con el escrito de acusación, “en ocasiones, luego de que discutían o cuando llegaba borracho, Daniel buscaba a Beatriz para tener relaciones sexuales. Ella se negaba enfáticamente, pero este comenzaba a quitarle la ropa, le decía ‘ya, deja de joder’ o ‘venga, que usted es mi mujer’ y la penetraba sin su consentimiento”.
Contradicciones procesales y riesgo de revictimización
La tensión interna surgió cuando se supo que, mientras la fiscal Marcela Abadía preparaba el expediente contra Daniel Garcés Carabalí, otro fiscal, Napoleón Botache, avanzaba en la imputación contra Beatriz Niño Endara por presunta violencia intrafamiliar.
Los abogados de la mujer solicitaron un comité urgente para explicar cómo, en paralelo a la acusación de más de diez años de violencia, se pretendía procesarla a ella por supuestamente no proteger a sus hijos.
La defensa argumentó que esta decisión desconocía los patrones de la violencia intrafamiliar, en el que las víctimas pueden ser silenciadas o responsabilizadas injustamente. La fiscal general Camargo reconoció el problema: “Cuando esa autonomía contraviene mandatos superiores o lineamientos constitucionales, como el de trabajar con enfoque de género, debemos intervenir, como ocurrió con Lina Castillo”.
Este caso remite a antecedentes recientes, como el de la mencionada, que denunció por acoso sexual y laboral a Hollman Morris, actual gerente de Rtvc. Morris la contradenunció por injuria y calumnia, y aunque el proceso contra él fue archivado, el de Castillo avanzó hasta la etapa de juicio. La Fiscalía reasignó el caso para determinar si la persecución penal que enfrenta Castillo constituyó una revictimización.
Manipulación de testimonios y custodia de los hijos
La Fiscalía acusa a Garcés de manipular testimonios de empleadas domésticas para construir una narrativa de maltrato contra Beatriz Niño Endara. El expediente sostiene que “estas testigos llegaron a afirmar, falsamente, que durante el tiempo en que cuidaron a los niños percibieron cómo Beatriz los maltrataba verbal y físicamente y permitía que su hermano Carlos Niño los agrediera”.
La investigación agrega que el exdiplomático habría instrumentalizado a sus propios hijos, haciéndoles creer que eran víctimas de su madre y su entorno familiar. Uno de los hechos más graves documentados es que, cuando los niños se encontraban con él en Ghana desde diciembre de 2024, evitó su retorno a Colombia, a pesar de que legalmente debían regresar el 25 de enero de 2025. El regreso sólo ocurrió seis meses después, el 5 de julio de 2025, lo que la Fiscalía considera constituyó el delito de ejercicio arbitrario de la custodia.
En ese contexto, Garcés interpuso una acción de protección por violencia intrafamiliar en la que acusó a su exesposa de abandono y maltrato psicológico contra sus hijos. Según la Fiscalía, esa acción buscó obtener medidas de protección contra Beatriz y así acceder de forma irregular a la custodia provisional de los menores.
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