La destitución e inhabilidad especial por 16 meses impuesta a Arlex Fernando García Medina, quien fuera concejal de Vijes entre 2020 y 2023, representa una respuesta institucional a un caso de violencia sexual e intrafamiliar que tuvo lugar el 21 de septiembre de 2021.
La sanción fue anunciada por la Procuraduría General de la Nación y recae sobre un hecho que involucró a la entonces esposa del funcionario, que estaba embarazada cuando ocurrieron los hechos.
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El caso ha sido tramitado bajo un enfoque de género, siguiendo las directrices y recomendaciones señaladas en los informes de implementación de la ley.
Según la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Cali, el proceso reconoció la importancia de considerar la situación de vulnerabilidad de la víctima y la gravedad de los hechos, que incluyeron agresión y abuso sexual.
La Procuraduría ha calificado la conducta de García Medina como una falta disciplinaria grave cometida con dolo. Entre los argumentos, se destacó que su comportamiento no solo afectó a la víctima en su libertad, dignidad, integridad y estabilidad emocional, sino que tuvo repercusiones negativas a nivel social y comunitario.
La entidad enfatizó que el funcionario, al ser representante de la sociedad en el Concejo Municipal, tenía la responsabilidad de actuar como ejemplo, lo que agrava la naturaleza del delito.
La sanción impuesta responde a la necesidad de preservar la confianza ciudadana en las instituciones, que se vio seriamente comprometida a raíz de estos hechos. El Ministerio Público reprochó el nivel de violencia alcanzado, destacando que el impacto trascendió el ámbito privado por tratarse de un servidor público elegido por la comunidad.
La decisión de la Procuraduría implica que Arlex Fernando García Medina queda inhabilitado para ejercer cargos públicos durante el periodo señalado, como consecuencia directa de haber vulnerado derechos fundamentales de su pareja y haber comprometido la integridad de la institución municipal.
Por presuntos hechos de violencia sexual, investigan a funcionarios de la Universidad Distrital, confirmó la Procuraduría
Las consecuencias administrativas comenzaron a tomar forma en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas tras una denuncia de presunta violencia sexual en los baños de la Facultad Tecnológica, ubicada en Ciudad Bolívar, Bogotá.
El lunes 16 de marzo de 2026, la situación derivó en protestas estudiantiles y una intervención directa de la Procuraduría General de la Nación.
La Procuraduría comunicó que abrió una investigación contra funcionarios por determinar de la institución, con el propósito de esclarecer la naturaleza de los hechos difundidos en medios de comunicación y establecer si existieron faltas disciplinarias o omisiones institucionales en la atención de la denuncia.
El organismo de control solicitó a la universidad detalles concretos sobre los protocolos de atención aplicados, las acciones emprendidas después de la denuncia y cualquier medida adoptada para proteger a las presuntas víctimas.
El objetivo declarado es indagar tanto la posible responsabilidad de personas específicas como la eficacia de las respuestas institucionales.
Las autoridades buscan determinar qué ocurrió exactamente en el centro educativo y quiénes estarían implicados en los hechos denunciados. De igual manera, la Procuraduría pidió información sobre los procedimientos internos activados ante la presunta violencia sexual y las acciones implementadas para evitar que situaciones similares se repitan.
En respuesta a la gravedad del caso, la Procuraduría Primera Distrital de Instrucción ordenó la práctica de las pruebas necesarias y anunció que vigilará de cerca la evolución de la investigación.
El ente reiteró su compromiso con la protección de las presuntas víctimas y la supervisión del comportamiento de los funcionarios públicos involucrados.
Según la Procuraduría, el seguimiento a la respuesta oficial de la universidad será riguroso y se mantendrá hasta esclarecer plenamente los hechos y las responsabilidades administrativas derivadas.
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