Más de 30 congresistas están bajo investigación formal de la Corte Suprema de Justicia por supuestamente recibir millonarios contratos del Invías a cambio de votos a favor del Gobierno Petro.
El expediente, revelado por Semana, describe una red de reparto de recursos públicos que habría superado el $1.000.000.000.000, implicando a miembros clave de las comisiones encargadas de aprobar el Presupuesto General de la Nación (PGN).
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La investigación señala que los congresistas habrían pactado su respaldo legislativo a proyectos del Gobierno nacional a cambio de la asignación directa de contratos estatales por parte del Ministerio de Hacienda. Las pruebas incluyen documentación, testimonios y registros que involucran a funcionarios y exfuncionarios del Ejecutivo.
La Fiscalía Novena Delegada ante la Corte y los magistrados a cargo investigan el papel de las comisiones tercera y cuarta de Senado y Cámara en el presunto intercambio de apoyo parlamentario por partidas presupuestales para municipios seleccionados.
La trama detrás de los contratos del Invías
El centro del esquema residía en entregar contratos de obra pública a municipios estratégicamente elegidos como “partidas presupuestales asignadas presuntamente de forma discrecional”, beneficiando a legisladores que apoyaban las iniciativas del Gobierno Petro. El proceso estaba a cargo de funcionarios del Ministerio de Hacienda y directivos del Invías, incluyendo al exministro Ricardo Bonilla y al entonces director de Ejecución y Operación, Juan José Oyuela.
María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda y principal testigo del caso, relató a la Corte Suprema de Justicia haber recibido presiones directas de senadores y representantes para agilizar la entrega de contratos. Además de indicar las instrucciones que recibió desde el Ministerio y confirmó la existencia de versiones continuamente actualizadas de los listados de destinatarios, ajustados a los intereses de legisladores de distintas regiones y partidos políticos.
Las tablas secretas de la cartera de Hacienda reflejaban cómo la asignación y posterior incremento presupuestal de los contratos coincidían con la demanda de apoyo en votaciones legislativas, hecho corroborado en el documento al que accedió el medio citado.
Pruebas, testimonios y evidencias ante la Corte Suprema
El material clave aportado al expediente incluye archivos de audio, chats de WhatsApp y documentos con tablas actualizadas sobre la distribución de fondos, presentados por María Alejandra Benavides durante diligencias judiciales en octubre y noviembre de 2024. La Corte valoró su testimonio como fundamental para reconstruir la cronología de los hechos y determinar cómo se vincularon los contratos a la aprobación de multimillonarios créditos externos para la Nación.
Las pesquisas del máximo tribunal detallaron que varias de las partidas investigadas sufrieron adiciones superiores al monto inicial. En municipio de Envigado, Antioquia, un convenio interadministrativo llegó a más de $12.500.000.000; en Barrancas, La Guajira, se identificó una adición que superó los $26.000.000.000 y que está vinculada a congresistas locales.
La matriz entregada por la exasesora del Ministerio de Hacienda y cotejada por la Corte Suprema mostró que 61 de los contratos asignados coinciden plenamente con las pruebas aportadas por la testigo. Todo el procedimiento documentado apunta a la construcción de mayorías legislativas a cambio de transferencias de recursos, sustentado administrativamente como mecanismos para la “reactivación de las regiones”, sostuvo Semana.
Quiénes están involucrados y cómo operaba la red
Un amplio grupo de legisladores figura en el expediente del Invías Entre ellos se encuentran Laura Ester Fortich (senadora), Jezmi Lizeth Barraza (representante a la Cámara, formalmente vinculada), además de Juan Loreto Gómez, Olga Lucía Velásquez, Katherine Miranda Peña, Wilmer Carrillo Mendoza y otros, sumando más de 30 congresistas.
Destacan también altos exfuncionarios, como los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, ambos investigados igualmente por hechos relacionados en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Según el expediente, los parlamentarios participaron en reuniones en la sede central del Invías en Bogotá, especialmente en el edificio Central Point. Los registros de ingresos, reuniones y las comunicaciones obtenidas son piezas claves para reconstruir el funcionamiento de la supuesta red.
La investigación abarca además el papel de contratistas con vínculos personales o familiares con los congresistas, aspecto crucial para determinar cómo se gestionaban y ejecutaban las obras a nivel local.
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