El paro minero en el Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba, iniciado el 16 de marzo de 2026 a las 12:00 de la medianoche, fue levantado oficialmente tras un acuerdo alcanzado en la noche del viernes 27 de marzo, según informaron voceros de la mesa de concertación.
El anuncio se produjo luego de varios días de tensiones, desmanes y alteración del orden público; además, de las discrepancias entre el Gobierno nacional y la Gobernación de Antioquia por sus posturas opuestas frente a la protesta.
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La decisión de levantar el paro se comunicó pocas horas después de que las autoridades despejaran el corredor vial hacia la Costa Atlántica, a la altura de Zaragoza, que había permanecido bloqueado durante dos días. En la declaración conjunta, las partes detallaron los compromisos asumidos para poner fin a la movilización.

Acuerdos entre mineros y Gobierno Nacional
El Ministerio de Minas y Energía confirmó que el acuerdo fue resultado del diálogo y no de la violencia, con beneficios concretos tanto para los pequeños mineros como para la protección de los recursos naturales. Entre los puntos pactados, los mineros se comprometieron al desmantelamiento voluntario de dragas y dragones empleados en actividades extractivas.
Asimismo, se habilitarán 10.000 hectáreas para la formalización minera y otras 75.000 hectáreas se encuentran en trámite para solicitudes similares. Se validó la creación de un distrito minero como instrumento para avanzar en la formalización y garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada.
El acuerdo también contempla la inclusión financiera de los mineros y el desarrollo de jornadas técnicas en los 10 municipios del área para intensificar la formalización, especialmente en las zonas habilitadas.
El Ministerio de Minas y Energía agradeció el compromiso de entidades como el Ministerio del Interior, el Viceministerio de Diálogo Social, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Defensa, la Agencia Nacional de Minería (ANM), la Gerencia de Formalización, alcaldías municipales del Bajo Cauca, la Secretaría de Minas de Córdoba, organismos de control, la Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo.

El proceso contó con la participación activa de la mesa minera del Bajo Cauca, Valdivia y sur de Córdoba, así como de personerías municipales de Caucasia y Puerto Libertador.
Impactos del paro y contexto de la protesta
El paro minero paralizó durante 12 días la subregión del Bajo Cauca y varios municipios del sur de Córdoba. El bloqueo de la troncal que conecta el interior del país con la Costa Atlántica, especialmente en Caucasia y Zaragoza, generó millonarias pérdidas económicas diarias para el sector transporte, además de un riesgo de desabastecimiento de alimentos, gas e insumos médicos en la región.
Las movilizaciones surgieron como reacción a los operativos oficiales que, conforme al Decreto 1035, destruyeron maquinaria amarilla —dragas y retroexcavadoras— empleada en minería. Los manifestantes exigían la formalización de la pequeña y mediana minería, el cese de la destrucción de sus equipos, la conformación de mesas técnicas ambientales y el reconocimiento de la vocación minera del territorio.
Durante la protesta se registraron episodios de violencia, incluyendo la quema de tractomulas y maquinaria, saqueos y hostigamientos a ambulancias. Autoridades departamentales denunciaron la presunta infiltración de estructuras criminales ligadas a la minería ilegal como responsables de los hechos más graves y de prolongar los bloqueos. Estas circunstancias llevaron a la imposición de toques de queda en algunos municipios.

El proceso de negociación estuvo marcado por la intermitencia en los diálogos y la suspensión temporal de las mesas de concertación, ante la exigencia del Gobierno de no negociar bajo presión. La situación comenzó a destrabarse tras la intervención de la fuerza pública, que despejó puntos críticos de la vía y permitió la reducción de acciones violentas, lo que facilitó la reanudación de las conversaciones en Caucasia y la posterior firma de los acuerdos.
Declaraciones tras el levantamiento del paro
Gabriel Rondón Olave, viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, celebró el resultado y destacó que “la protesta social en sí no es negativa, las personas que protestan no son delincuentes”, aunque reconoció que algunos hechos desbordaron la movilización y puntualizó que quienes los protagonizaron no corresponden a los mineros presentes en la mesa de diálogo.
Rondón Olave instó al gobernador de Antioquia a evitar los señalamientos en redes sociales y a privilegiar el encuentro presencial para resolver diferencias: “No es con la fuerza y no es a través de Twitter como mejoramos las condiciones, es aquí con la gente”.
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