La Defensoría del Pueblo hizo un llamado al Congreso de la República para avanzar en la aprobación del proyecto de ley ordinaria que permitirá la implementación completa de la Jurisdicción Agraria, luego de que el presidente Gustavo Petro sancionara la Ley Estatutaria que da base jurídica a este nuevo sistema judicial.
El organismo advirtió que el trámite legislativo restante tiene plazo hasta el 20 de junio de 2026.
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La sanción presidencial se llevó a cabo el 27 de marzo de 2026 en el municipio de Cereté, Córdoba, en un evento en el que también se anunció la entrega de más de 3.000 hectáreas de tierra a familias campesinas afectadas por la emergencia climática y se dio inicio a obras para la recuperación de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú.
La Defensoría del Pueblo destacó la relevancia de la nueva normativa, al señalar que “la firma del presidente de la República pone en vigencia uno de los instrumentos jurídicos más importantes de los últimos años para el trámite de conflictos sobre tierras y otras cuestiones agrarias”, incluyendo contratos rurales y derechos sobre la pesca.
Llamado al Congreso para completar el marco legal
El organismo enfatizó que, aunque la Ley Estatutaria ya fue validada por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-340 de 2025, aún falta la aprobación de la ley ordinaria que establecerá los procedimientos específicos de esta jurisdicción.
En ese sentido, la Defensoría indicó que “el proyecto de ley ordinaria que establece su procedimiento todavía está a la espera del debate y aprobación por parte de las plenarias de Senado y Cámara de Representantes”, por lo que instó al Legislativo a priorizar su discusión antes de que finalice la actual legislatura.
Asimismo, subrayó que la entrada en vigencia de la Ley Estatutaria constituye un mandato para avanzar en este proceso: “la Defensoría del Pueblo invita al Congreso de la República a entender que la entrada en vigencia de la ley estatutaria es también un mandato para avanzar en el debate y aprobación del proyecto de ley ordinario pendiente”.
Alcance de la Jurisdicción Agraria
La nueva jurisdicción, que modifica la Ley 270 de 1996 de administración de justicia, establece un sistema de jueces especializados para atender conflictos relacionados con la tierra y los territorios rurales. Su objetivo es que estos casos sean resueltos con criterios técnicos y con mayor cercanía a las comunidades campesinas.
De acuerdo con la Defensoría, esta estructura judicial “le otorgará garantías y mayor seguridad jurídica no solamente al campesinado, sino, en general, a todos los actores de la ruralidad”. Además, señaló que contribuirá a mejorar condiciones como el acceso a la tierra, especialmente para mujeres rurales, y facilitará el acceso a programas sociales y crédito agropecuario.
Entre los mecanismos contemplados se encuentran la mediación, la facilitación y la conciliación como herramientas para la resolución de conflictos. También se incluye la figura de facilitadores agrarios y rurales, quienes orientarán de manera gratuita a los ciudadanos sobre sus derechos y los procedimientos legales, con el fin de reducir barreras de acceso a la justicia en zonas con baja presencia institucional.
La entidad también destacó que la implementación de esta jurisdicción se debe a los compromisos del punto 1 del Acuerdo Final de Paz y en la reforma constitucional adoptada mediante el Acto Legislativo 03 de 2023, orientados a transformar las condiciones del campo colombiano.
Durante el acto de sanción, el presidente Gustavo Petro se refirió al alcance de la reforma agraria y su relación con la nueva jurisdicción, señalando que “no es poco lo que aquí estamos celebrando, es una manera de hacer la reforma agraria que junta el deseo de justicia social del campesinado sin tierra o con poca tierra del departamento de Córdoba”.
El mandatario también hizo énfasis en el papel de la justicia como mecanismo para resolver conflictos en el campo: “Cuando hayan conflictos entre el grande y el pequeño, no sea el machete sangriento, no sea la sierra eléctrica ensangrentada el camino de la solución; que sean los jueces, los magistrados, la justicia”.
En la misma intervención, agregó: “que sea una justicia al servicio del pueblo, no del poderoso”, en referencia al enfoque que busca la nueva jurisdicción.
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