La Contraloría General imputó responsabilidad fiscal a exdirectivos y empresas vinculadas a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (Cremil).
Esto se debe al fracaso del megaproyecto inmobiliario América Centro de Negocios en el norte de Bogotá, que ocasionó un presunto daño patrimonial de cerca de 400.000 millones de pesos.
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El proyecto, que debía representar una inversión estratégica para Cremil, acumula seis años de retraso y permanece inconcluso en una de las zonas más valoradas de la ciudad.
La imputación fiscal ocurre porque exmiembros de la junta directiva y de la administración de Cremil, junto con las empresas Helm (ahora Itaú) y Aldea Proyectos, no protegieron los activos entregados ni cumplieron las condiciones acordadas, según conoció Semana.
La Contraloría documentó que estas omisiones permitieron la pérdida efectiva del patrimonio administrado para las pensiones y asignaciones de militares retirados.
Entre los señalados en el proceso figuran los generales en retiro Jorge León González, Jairo Salguero Casas, Jairo Édgar Ceballos Mendoza y Leonardo Pinto Morales, el contralmirante (r) Germán González y otros miembros directivos.
También están implicadas la fiduciaria Helm, actualmente Itaú, y la promotora Aldea Proyectos, por fallas en la gestión y administración de los recursos transferidos.
Según la Contraloría, los responsables permitieron la operación sin pedir garantías reales ni seguros de cumplimiento, como lo exige la normativa actual. Esto dejó los bienes expuestos a terceros y sin opciones para recuperarlos completamente.
El contrato fallido de Cremil con Itaú y Aldea
El 26 de junio de 2015, Cremil suscribió una escritura pública con la fiduciaria Helm para transferir catorce lotes en Usaquén, a cambio de la torre dos del proyecto América Centro de Negocios y cerca de 300 estacionamientos. El contrato fijó un plazo de 48 meses, por lo que la entrega debía concretarse en 2019, pero la obra nunca se completó.
Seis años después del vencimiento, el terreno permanece sin avances: solo hay una construcción abandonada y una edificación de seis pisos sin terminar.
Semana verificó in situ la ausencia total de trabajadores y el estado de abandono, en contraste con los compromisos adquiridos.
La transacción contemplaba un lote de más de 14.500 metros cuadrados y un valor cercano a $400.000 millones, protegido supuestamente por garantías contractuales.
Sin embargo, el informe oficial de la Contraloría resalta que “ese compromiso no se ha cumplido” y los bienes prometidos nunca ingresaron al patrimonio de la entidad militar.
Irregularidades detectadas y responsabilidades de los funcionarios
La auditoría que llevó a la acusación reveló que la transferencia de los terrenos se hizo sin pedir pólizas de cumplimiento, lo que rompió el Decreto 734 de 2012 y el Acuerdo Cremil 008 de 2002, que regulan el trabajo del consejo directivo.
La falta de estas medidas expuso a Cremil a una pérdida patrimonial sin resguardo legal.
El general (r) Édgar Ceballos, director de Cremil al momento de la transacción, deberá responder por no exigir las garantías exigidas legalmente. Mientras tanto, Leonardo Pinto Morales es señalado por demorar alrededor de cuatro años en iniciar acciones legales tras el incumplimiento. El documento recogido por Semana indica que la totalidad de los exdirectivos aprobó por unanimidad la operación ahora cuestionada.
Estado actual y repercusiones para el patrimonio público
Una visita del medio mencionado al predio confirmó la existencia de maquinaria y contenedores abandonados, sin avances en la infraestructura prometida. La torre inmobiliaria y los estacionamientos nunca fueron entregados, lo que representa un perjuicio directo para los fondos administrados por Cremil y destinados a los militares retirados.
La Contraloría basa la acusación en “situaciones físicas y jurídicas” que hacen imposible recuperar los terrenos cedidos, ya que estos están afectados por garantías de otras personas. La caja de retiro enfrenta obstáculos legales y materiales para volver a tomar control de los lotes y exigir indemnización por el daño sufrido.
Cremil respondió a Semana que consultaría a la oficina jurídica sobre la imputación, sin ofrecer una declaración adicional.
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