Indígenas embera habrían incurrido en “secuestro extorsivo” por retención de un motociclista en Bogotá, aseguró el exfiscal Francisco Barbosa: “Está en el código penal”

La retención de un motociclista por miembros de comunidades indígenas desplazadas asentadas en la UPI La Rioja, en el norte de Bogotá, la noche del 25 de marzo de 2026, provocó una respuesta contundente de Francisco Barbosa, exfiscal General.

Sobre este incidente, Barbosa expresó alarma y reclamó intervención urgente: “Aquí se requiere que de una vez la Fiscalía proceda a judicializar a estas personas porque es inadmisible este tipo de conductas”, afirmó en conversación con La FM.

Al analizar los hechos y sus posibles implicaciones legales, Barbosa fue enfático al señalar la gravedad de la acción: “Juan, se llama secuestro y se llama secuestro extorsivo y está en el Código Penal. Implica privación de libertad con fin de provecho económico y no importa que el hecho ocurra en un contexto comunitario o territorial”.

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El exfiscal precisó que exigir dinero a cambio de liberar o devolver constituye “una forma de coacción típica al secuestro extorsivo”, insistiendo en la importancia de que la autoridad investigue si la Fiscalía ya atiende la situación.

Barbosa también se refirió a los límites constitucionales de la jurisdicción indígena. “Ellos pueden ejercer funciones dentro de su territorio, pero tampoco, incluso dentro de sus territorios, se pueden legitimar conductas que vulneren todas las violaciones a los derechos fundamentales”, sostuvo, recalcando que la ley no permite justificar estos hechos bajo ningún modelo de autonomía.

La preocupación de Barbosa se extendió a la posibilidad de que estas acciones desborden los espacios asignados a las comunidades indígenas: “Por fuera de los territorios, esto es una locura lo que dice. Entonces, el parque nacional nos lo van a volver jurisdicción indígena, las calles donde se ubican, la Plaza de Bolívar, los lugares, por favor”, cuestionó en sus declaraciones a La FM.

Indígenas embera retuvieron a motociclista para pedirle dinero

La retención de un motociclista por parte de integrantes embera katío asentados en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Florida movilizó a la Alcaldía de Bogotá y reavivó el debate sobre la convivencia y jurisdicción en los predios ocupados por esa comunidad.

El episodio, originado tras un accidente de tránsito, expuso tensiones entre derechos indígenas, seguridad ciudadana e integridad de los menores residentes, y llevó al distrito a recalcar su autoridad legal sobre el predio y anunciar acciones judiciales.

“Los equipos distritales que hacen presencia permanente en estas instalaciones buscaron mediar la situación, abogando por una salida dialogada y pacífica que cuidara la integridad de todas y todos los involucrados”, tal como se expuso en el comunicado de la administración distrital que fue compartido por la Consejería de Paz.

Las autoridades precisaron que hasta el momento los equipos institucionales del Distrito no pueden ingresar al lugar, ya que, desde la tarde de ese miércoles, la comunidad embera impide el acceso a las instalaciones en La Florida. Esta restricción afecta el seguimiento institucional y la prestación de servicios a unas 42 familias que viven en el asentamiento, donde, de acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, la mitad de la población está compuesta por niños y niñas.

Restricción de acceso institucional y antecedentes de riesgo para la infancia embera

Durante la noche del 31 de diciembre de 2025, la UPI La Rioja, otro asentamiento embera en Bogotá, fue escenario de incidentes que pusieron en evidencia la vulnerabilidad de los menores frente a conflictos internos y consumo de alcohol, según reportó Juliana Sánchez, subsecretaria técnica de Integración Social del Distrito

Esto llevó al traslado inmediato de 51 menores ese mismo día a centros Amar y desató una revisión profunda sobre la idoneidad del funcionamiento de La Rioja como albergue transitorio. Sánchez detalló que la jornada de fin de año incluyó agresiones contra gestores institucionales, riñas internas y exposición a riesgos graves para la población infantil y femenina.