Aunque Colombia vive hoy semanas de lluvias intensas, las autoridades ya están mirando con preocupación lo que podría ocurrir en la segunda mitad del año. Los pronósticos climáticos apuntan a un posible cambio brusco, pasar de precipitaciones por encima de lo normal a un escenario de sequía asociado al fenómeno de El Niño.
La advertencia no es menor. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), junto con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y la Dirección General Marítima, mantiene vigilancia sobre la evolución del clima, ante la posibilidad de que en el segundo semestre de 2026 disminuyan las lluvias, aumenten las temperaturas y se reduzcan los caudales de ríos y embalses.
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Este panorama contrasta con la situación actual. La primera temporada de lluvias del año, que comenzó a mediados de marzo y se extenderá hasta junio en gran parte del país, estuvo marcada por precipitaciones por encima de los promedios históricos y por múltiples emergencias asociadas a inundaciones, deslizamientos y vendavales.
Las cifras muestran la magnitud de la temporada invernal. En lo corrido de 2026 ya se registraron más de 600 emergencias en 328 municipios de 24 departamentos, dejando al menos 155.000 familias damnificadas. Entre las zonas más afectadas están Huila, Valle del Cauca, Antioquia, Cundinamarca, Caldas y Córdoba, donde se han reportado principalmente movimientos en masa, inundaciones, crecientes súbitas y fuertes vientos.
El comportamiento del clima ha estado influenciado por fenómenos de variabilidad climática que intensificaron las lluvias y saturaron los suelos, lo que aumenta el riesgo de deslizamientos y emergencias. Esto no solo tiene consecuencias sociales y ambientales, también económicas, ya que obliga a destinar más recursos a la atención de emergencias y afecta sectores productivos como la agricultura, el transporte y el comercio.
Además, fenómenos de corto plazo como las ondas tropicales continúan elevando la probabilidad de eventos extremos, especialmente en el centro y norte del país, lo que mantiene en alerta a autoridades locales y organismos de gestión del riesgo.
Sin embargo, mientras el país enfrenta hoy el exceso de agua, los modelos climáticos muestran la posibilidad de un escenario completamente distinto en los próximos meses. La eventual llegada de El Niño suele traer consigo menos lluvias, temperaturas más altas, sequías, incendios forestales y problemas en el abastecimiento de agua.
Este posible cambio preocupa especialmente por su impacto en el sistema energético. Aunque actualmente los embalses muestran una recuperación importante gracias a las lluvias, la experiencia reciente demuestra que la situación puede cambiar rápidamente. Hoy, el nivel agregado del sistema de generación eléctrica se ubica en 83,3% de su capacidad, una cifra que no se registraba desde junio de 2013.
No obstante, el antecedente más cercano genera preocupación. En 2024, durante uno de los episodios más intensos del fenómeno de El Niño, los embalses descendieron hasta 55,79% del volumen útil, lo que evidenció la rapidez con la que el sistema puede perder capacidad en condiciones climáticas adversas.
Un eventual periodo de sequía no solo tendría efectos ambientales, sino también económicos. La reducción de lluvias puede afectar la generación hidroeléctrica, aumentar los costos de la energía y generar presiones sobre sectores productivos que dependen del agua.
La agricultura sería uno de los sectores más sensibles, ya que los cambios bruscos en el clima pueden afectar los ciclos de cultivo y la productividad. La industria y los servicios también podrían enfrentar mayores costos operativos y riesgos en la continuidad de sus actividades si se presentan restricciones de agua o energía.
El abastecimiento de agua en ciudades y regiones es otro de los puntos críticos. Si las lluvias disminuyen de forma prolongada y no se toman medidas preventivas, algunas zonas podrían enfrentar problemas de suministro.
Por eso, desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres se hizo un llamado a gobernadores, alcaldes y Consejos Territoriales de Gestión del Riesgo para que comiencen a prepararse desde ahora y no esperen a que la sequía se materialice.
Entre las recomendaciones están activar planes de contingencia, asegurar recursos en los fondos territoriales de gestión del riesgo, promover el ahorro de agua y fortalecer las estrategias de prevención de incendios forestales. También se insiste en identificar zonas vulnerables y actualizar los planes de respuesta.
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