
En medio de las investigaciones que se adelantan por el crimen que acabó con la vida del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en Bogotá, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, será citado a un interrogatorio para que explique las acciones realizadas por la entidad.
No obstante, la decisión ha desatado varias reacciones en el país. Una de ellas fue María Claudia Tarazona, viuda del congresista del Centro Democrático asesinado, en la que reiteró sus críticas a la UNP sobre las peticiones que, según ella, había hecho el fallecido político antes de que ocurriera el ataque sicarial.
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“Este señor Augusto es muy cercano al presidente Gustavo Petro, que son amigos, que fueron socios en su vida delictiva. Y hoy, en este momento, tenemos una persona que evidentemente es responsable por los hechos, debido a que Miguel pasó 25 correos solicitando que se aumentara su protección y la respuesta del señor fue siempre una negativa”, expresó Tarazona en diálogo con Caracol Radio W.

Del mismo modo, la mujer detalló que, por cuenta de su actividad legislativa y su precampaña presidencial, su esposo tuvo que dividir su esquema de seguridad.
“Miguel tenía siete personas que lo protegían en dos turnos, porque Miguel estaba en campaña y trasnochaba generalmente toda la semana y los fines de semana mucho más. Entonces los que trasnochaban nunca madrugaban. Entonces el esquema ya se dividía en dos. Nunca tenía siete personas, tenía tres personas, máximo cuatro personas (...) yo creo que hay una responsabilidad evidente por omisión y por desprotección en el asesinato de Miguel”, indicó.
Respuesta de Augusto Rodríguez
Al respecto, Augusto Rodríguez respondió a las declaraciones de Tarazona, y defendió su labor al frente de la Unidad Nacional de Protección.
El funcionario, en declaraciones a la cadena radial mencionada, negó que Uribe Turbay haya emitido esa cantidad de solicitudes para ampliar su esquema de seguridad.

“Ella sostiene que hicieron 25 o 23 solicitudes de ampliación, de reforzamiento del esquema, y eso es absolutamente falso, y eso nunca ocurrió, la Unidad Nacional de Protección no recibió una solicitud de reforzamiento o ampliación del esquema”, declaró Rodríguez al citado medio de comunicación.
Así mismo, recordó que este tipo de peticiones no se realizan ante la UNP sino a la Policía Nacional, y enfatizó en que esa tesis ha sido expresada constantemente por la defensa de la familia del exsenador.
En cuanto a la fragmentación de su esquema de seguridad, denunciado por María Claudia Tarazona, Augusto Rodríguez señaló: “Sí, el doctor Miguel Uribe (QEPD) decidió fragmentar, dividir en dos el esquema, y eso nunca lo ha debido hacer él, porque el decreto 1066 es claro en decir que cuando se hace extensión al núcleo familiar, no se puede dividir el esquema, ni se puede perder de vista”.
De igual forma, el director de la UNP afirmó que existe cierta confusión en la solicitudes que llegan a la entidad oficial. “Han confundido las solicitudes de apoyo para trasladarse a otra ciudad con reforzamiento del esquema. Eso no es una solicitud de reforzamiento, es una solicitud de apoyo”, expresó.

Por último, defendió a los integrantes de los esquemas de seguridad y exigió respeto por su trato, al considerar que se ha denigrado su labor en el país.
“Los escoltas de la Unidad Nacional de Protección son personal idóneo y honesto, pero hay gente que tiene la psicosis de que son guerrilleros, y eso no es cierto, ni son del DAS, es una proporción muy pequeña, ni son guerrilleros; los que fueron de las Farc están adscritos a la protección de los firmantes de los acuerdos de paz”, puntualizó.
El proceso contra el funcionario se centra en posibles omisiones en los protocolos de seguridad que protegían al precandidato presidencial el día del atentado.
La Procuraduría mantiene una investigación independiente sobre presuntos errores protocolares detectados el día del atentado en Fontibón (7 de junio de 2025), según pudo establecerse en los documentos del caso.
En enero de 2026, la Fiscalía retiró la imputación formal por prevaricato por omisión contra Rodríguez tras reconocer la insuficiencia de pruebas para sostener los cargos en ese momento.
Frente a los rumores sobre una posible orden de captura, la defensa del director de la UNP solicitó el 12 de marzo de 2026 una aclaración urgente respecto a su situación jurídica.
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