La Defensoría del Pueblo encendió las alertas sobre la magnitud del acoso sexual en el país y anunció un fortalecimiento en los mecanismos de acompañamiento a víctimas, en medio de una coyuntura marcada por denuncias recientes que involucran a figuras visibles de los medios de comunicación y otros sectores de poder.
El pronunciamiento fue realizado por la defensora Iris Marín a través de un video institucional en el que expuso un diagnóstico contundente: “Estamos frente a una violencia estructural que no distingue sectores ni niveles de poder y que requiere una respuesta estructural”.
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Como contexto, Marín mencionó varios hechos recientes que han generado debate público. Entre ellos, el comunicado de Caracol Televisión en el que informó sobre la recepción de denuncias contra dos de sus periodistas y la activación de protocolos internos.
A esto se sumó la carta firmada por 40 mujeres periodistas en respaldo a una colega que en 2019 denunció por abuso sexual a Hollman Morris, actual director de Rtvc.
También recordó el testimonio de la abogada y columnista Ana Bejarano, quien relató haber sido víctima de acoso sexual por parte de un magistrado de la Corte Constitucional.
Según explicó Marín, el hecho de que estas prácticas tuvieran incluso denominaciones propias evidencia su normalización: “Si esto ya tenía nombre propio es porque ya era reconocido y normalizado silenciosamente”.
La defensora insistió en que estos casos son apenas una muestra de un problema mucho más amplio. “El acoso sexual ocurre en instituciones, empresas, medios de comunicación, universidades, espacios comunitarios y lugares más cotidianos como el transporte público o los colegios”, señaló.
Uno de los puntos centrales de su intervención fue la asimetría de poder. Marín advirtió que resulta especialmente difícil enfrentar estas conductas cuando los presuntos agresores ocupan posiciones de influencia.
“Es más difícil enfrentarlo cuando quien ejerce el acoso sexual es una persona poderosa”, afirmó, al explicar que estos escenarios favorecen el silencio y la impunidad.
En esa línea, citó datos del informe sobre violencia de género contra mujeres periodistas en Colombia, que evidencian la magnitud del problema: seis de cada diez han vivido este tipo de violencias en sus espacios laborales y casi ocho de cada diez conocen casos similares en sus entornos.
Marín enfatizó que el problema no solo radica en quienes ejercen el acoso, sino también en las fallas institucionales y sociales que permiten su permanencia. “El acoso sexual no solo se sostiene por quienes lo ejercen, sino también por el silencio, la impunidad y la normalización”, advirtió.
Otro de los aspectos clave abordados fue el de las barreras para la denuncia. La defensora explicó que muchas víctimas no hablan de inmediato por los riesgos que implica. “Las mujeres no denuncian cuando los hechos ocurren, denuncian cuando pueden”, afirmó, al mencionar temores como represalias laborales, estigmatización y desconfianza en las instituciones.
En ese contexto, cuestionó prácticas sociales que tienden a deslegitimar a las víctimas. “Preguntar por qué no hablaron antes no es una pregunta inocente”, señaló, al advertir que este tipo de cuestionamientos contribuyen a perpetuar el silencio.
Marín reconoció avances recientes, como los pronunciamientos de la Fiscalía General de la Nación sobre la necesidad de investigar estos hechos, así como las políticas de equidad de género implementadas por la Corte Constitucional. Sin embargo, fue enfática en que estos esfuerzos aún no son suficientes frente a la dimensión del problema.
Ante este panorama, la Defensoría anunció el fortalecimiento de su mecanismo de atención a casos de acoso sexual en contextos de poder. “Contamos con un equipo especializado que atiende, acompaña y gestiona los casos, promoviendo un acceso seguro y confidencial a la justicia”, explicó Marín.
Finalmente, hizo un llamado a adoptar una postura de cero tolerancia frente a estas conductas. “El silencio ya no es un refugio para los acosadores”, concluyó, al insistir en la urgencia de garantizar verdad, justicia, reparación y condiciones que eviten la repetición de estas violencias en la sociedad colombiana.
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