La senadora expuso sus argumentos sobre el proyecto de ley que busca prohibir la ablación, en una discusión en la que dijo que el tratamiento penal no es la solución, ya que en países como Malí y Egipto no ha reducido la práctica, sino que la ha llevado a la clandestinidad - crédito suministrado a Infobae Colombia
La senadora y candidata presidencial Clara López Obregón no ocultó su satisfacción por, según ella, articular un acuerdo político inédito, al obtener el miércoles 25 de marzo la aprobación unánime en tercer debate del proyecto de ley que prohíbe la ablación en Colombia; una iniciativa que buscaría ponerle freno a una práctica que, si bien se ha llevado a cabo en pueblos indígenas, es considerada una violación a los derechos humanos.
La congresista del Pacto Histórico, pero que quiere ser una alternativa de los movimientos progresistas con su plataforma, Esperanza Democrática, destacó la importancia de enfatizar en la prevención antes que en la penalización. Esta decisión busca introducir un giro en la estrategia legislativa nacional, al recoger el consenso de organizaciones sociales y congresistas que priorizan la erradicación sobre el castigo.
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El Proyecto de Ley No. 440 de 2025 Senado - 018 de 2024 Cámara, se debate en el Senado y tras esta victoria hacia su último paso legislativo en plenaria tras la aprobación en la Comisión Primera de esta corporación. El texto surge de múltiples mesas técnicas impulsadas, en las que participaron actores de la sociedad civil y se privilegiaron enfoques técnicos por encima de soluciones exclusivamente judiciales.
En la experiencia internacional, la penalización no ha logrado la erradicación efectiva. Según expuso la senadora en su argumentación, en Malí la ablación “lleva más de medio siglo penalizada y se ha mantenido en el 88,6% de los casos”, mientras que en Egipto, donde la prohibición legal rige desde el año 2000, la prevalencia no ha bajado del 86%; como precedentes de la discusión que se debe gestar en el país.
El intenso debate en torno a la mutilación genital femenina
Durante el debate, las senadoras Aida Quilcué y María José Pizarro insistieron en que la normativa evite cualquier tipo de estigmatización contra los pueblos indígenas, y remarcaron la violencia de género estructural que enfrenta el país. Por su parte, los senadores Carlos Fernando Motoa y Jota Pe Hernández expresaron inquietud por la ausencia de tipos penales que permitieran prisión para los que la practiquen.
López Obregón argumentó, en respuesta, que la estrategia de no introducir sanciones penales directas proviene de la evidencia comparada. “¿Por qué la práctica no desaparece con la penalización? Porque se traslada a la clandestinidad, al ejercicio ilegal, a la no denuncia, incluso con efectos transfronterizos. Entonces, empuja a las familias a huir del Estado por el temor a la judicialización", expresó la congresista.
De esta manera, se desprotege aún más a las víctimas, y citó los descensos registrados en otros países africanos al adoptar estrategias de diálogo y justicia propia. “En Liberia, al abandonar las posturas netamente restrictivas y adoptar modelos de diálogo, logró una reducción dramática de la prevalencia de la ablación del 66% al 26%. En Senegal, cayó al 26% en grupos donde hubo intervención social”, detalló.
La iniciativa cuenta con el respaldo de representantes como Jennifer Pedraza, Alexandra Vásquez, Carolina Giraldo y la senadora Angélica Lozano, que resaltaron la construcción colectiva del articulado en diálogo con comunidades y expertos. “Estamos solo a un paso de volverlo ley de la República. Ahora vamos a plenaria”, declaró la congresista risaraldense, en un departamento en el que se siguen registrando estas conductas.
Durante la sesión, la vocera de la Gran Nación Embera, Juliana Dominco, expresó su respaldo y aportó una visión desde la propia comunidad indígena sobre la práctica nociva de la mutilación. El debate avanzó sobre la tesis de que la ablación “no es una práctica cosmogónica indígena ni culturalmente propia de los indígenas, pero sí es una práctica arraigada que no merece el tratamiento penal”, como afirmó López.
La iniciativa quedó lista para su discusión y eventual sanción en la plenaria del Senado, después de haber obtenido el apoyo unánime en la Comisión Primera.
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