Ciro Ramírez salió a defenderse tras ser condenado a 23 años de prisión por el caso de las ‘Marionetas 2.0′: “Ratifico mi inocencia”

La Corte Suprema de Justicia condenó este miércoles al senador boyacense Ciro Alejandro Ramírez, perteneciente al partido Centro Democrático, a 23 años de prisión por su supuesta participación en la red de corrupción denominada las ‘Marionetas 2.0’, por lo que él anunció que apelaría dicha sentencia.

La Sala Especial de Primera Instancia lo halló responsable de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos. Además de la pena de 279 meses y 8 días de cárcel, la sentencia incluye la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante más de veinte años y una multa que supera los $22.340 millones.

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Tras conocerse la sentencia, el congresista utilizó su cuenta en la red social X para afirmar: “Ratifico mi inocencia en este proceso, en las 438 páginas no hay una sola que haya demostrado certeza de la conducta como lo exige la ley. Interpondremos recurso de apelación y tenemos la esperanza que esta sentencia se pueda revocar en segunda instancia (sic)”.

Junto a estas palabras, el congresista compartió un video con el que reafirmó su postura sobre la inocencia frente a los cargos que se le imputan: “23 años porque gestioné un convenio y supuestamente tuve un interés económico y político. Necesitaron cuatrocientas treinta y ocho páginas para demostrar que yo había hecho eso”.

El congresista decidió apelar la decisión de la alta corte abogando por su inocencia

“Ya leímos la sentencia y no hay una sola página que demuestre certeza de que yo haya cometido esos delitos. Primero, no lo gestioné, y aquí lo dice el testigo ante la Corte Suprema. No tuve interés económico, lo dice el testigo y lo ratificó el magistrado de la Corte Suprema. No tuve un interés político, lo dice el testigo”, afirmó Ramírez en el video.

El senador enfatizó que su estrategia se basará en la institucionalidad y en los recursos ordinarios: “Por la institucionalidad, acudiremos al recurso de apelación confiando plenamente en la majestuosidad de la justicia, en que lograremos una sentencia absolutoria, plena, porque he demostrado mi inocencia en la sala de instrucción, en la sala de primera instancia y estoy seguro de que revocaremos y será absolutoria en la sala de casación penal de la Corte Suprema”.

El senador explicó que su accionar se mantendrá dentro de los recursos legales disponibles, al insistir en que acudirá a la institucionalidad para interponer la apelación correspondiente, de acuerdo con sus declaraciones, “muy respetuoso de la sala de instrucción y de la sala de primera instancia, pero no compartimos esa sentencia de 23 años (…) acudo a los recursos ordinarios que tenemos”.

Al mismo tiempo, el legislador Ciro Ramírez se distanció de cualquier tipo de manifestación pública que pudiera interpretarse como presión sobre la justicia: “No a generar una marcha como hace el Gobierno para presionar a la justicia ni amedrentarla en los medios de comunicación. No. Para eso están los recursos”.

Por medio de su video, el congresista resaltó que confía en la actuación de la Corte Suprema y en los testimonios que, según él, no fueron valorados adecuadamente en la decisión inicial. “Tenemos la esperanza puesta y la fe puesta que la inocencia, como la ratifico hoy, la demostraremos en ese recurso de apelación ante la Sala de Casación Penal”, aseguró.

De esta manera, el legislador del Centro Democrático busca transmitir seguridad a su base política y a la opinión pública, al dejar en claro que su estrategia legal se concentrará en la apelación y en la presentación de argumentos que, según él, prueban su inocencia y no fueron considerados en la sentencia de primera instancia.

Este es el caso de Ciro Ramírez, que terminó con la condena en su contra

El proceso judicial contra Ciro Ramírez entra en una etapa clave tras la condena de la Corte Suprema de Justicia, que podría afectar su permanencia en el Senado. La sentencia se da debido al caso ‘Marionetas 2.0’, derivado de la red de corrupción que lideró el exsenador Mario Alberto Castaño y que vinculó al congresista uribista con presuntas irregularidades en la asignación de contratos públicos.

Según la investigación, el senador habría intervenido en al menos 13 contratos por más de $24.000 millones, favoreciendo proyectos en Quindío, Tolima y Santander. La Corte concluyó que el congresista “se valió de su cargo como senador de la República” para influir en decisiones administrativas mediante una estructura que facilitó el pago de sobornos.