La presencia de grupos armados ilegales en el departamento de Santander mantiene bajo extrema vigilancia a las autoridades y comunidades rurales del Magdalena Medio.
El domingo 22 de marzo, hombres armados irrumpieron en sectores como Los Chorros y Santa Catalina, hecho que provocó temor entre los habitantes y desencadenó la activación de protocolos de emergencia. La rápida respuesta institucional incluyó el despliegue de tropas del Ejército Nacional y unidades de la Policía, que lograron recuperar el control en puntos críticos afectados.
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De acuerdo con información del secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández Durán, los responsables de la incursión serían estructuras ilegales como el Clan del Golfo y los Conquistadores de la Sierra, que ingresan al territorio desde el sur de Bolívar, el nororiente de Antioquia y el departamento del Cesar.
“Estos actores armados se encuentran en otros departamentos y hacen incursiones en territorio santandereano, generando intimidación y afectando la tranquilidad de las comunidades”, afirmó el funcionario.
Desaparición de jóvenes en Coromoro: la otra cara de la crisis
Mientras las autoridades intentaban contener el avance armado en el Magdalena Medio, la desaparición de cuatro jóvenes en el municipio de Coromoro profundizó la preocupación social.
Entre finales de enero y comienzos de febrero de 2026, María Fernanda Cáceres Bernal, de 14 años; Yesenia Ochoa Solano, de 13; Branddy Alexander Joya Cáceres y Dairo Farid Moreno Niño, ambos de 16, fueron reportados como desaparecidos en distintas veredas de la zona.
Las denuncias, presentadas por familiares de los menores, permitieron activar el Mecanismo de Búsqueda Urgente con apoyo de la Policía Nacional, la Alcaldía y la Comisaría de Familia.
“Son unas noticias que se enrutan a partir del mecanismo de búsqueda urgente a través de cuatro jóvenes que se encuentran desaparecidos en diferentes tiempos en el municipio de Coromoro”, explicó el secretario Hernández Durán. Hasta el momento, no se han difundido fotografías de los desaparecidos, ya que las familias no autorizaron la publicación de imágenes.
La movilidad del ELN en este municipio es señalada como una de las posibles causas de la desaparición de los menores, hipótesis que actualmente investiga la fuerza pública. El contexto de violencia se agravó luego de que, a finales de enero, Rubiel Cáceres Marín, reconocido ganadero local, fuera hallado sin vida tras un secuestro cuya autoría fue atribuida por el propio ELN.
Coordinación institucional y refuerzo de la seguridad
La gravedad de la situación llevó a la Gobernación de Santander a realizar un consejo extraordinario de seguridad el 20 de marzo, donde se acordó intensificar las labores de búsqueda y fortalecer la coordinación con departamentos vecinos como Cesar y Norte de Santander.
La Defensoría del Pueblo advirtió que la presencia de grupos armados ilegales representa un alto riesgo para la población civil, especialmente en zonas rurales donde la presencia institucional resulta insuficiente.
El organismo reiteró la necesidad de fortalecer las acciones de prevención y protección, así como garantizar la presencia permanente de la fuerza pública para evitar desplazamientos forzados, confinamientos y nuevas vulneraciones a los derechos humanos. Además, se convocó un nuevo Consejo de Seguridad en Coromoro para evaluar medidas adicionales y garantizar la protección de las comunidades.
Expansión armada y reacciones de las autoridades
La preocupación por la expansión de estructuras armadas ilegales no se limita a Coromoro o al Magdalena Medio. Sectores rurales de municipios como El Peñón, Landázuri, Cimitarra, Puerto Wilches, El Playón, La Esperanza y Rionegro también registraron alertas por la entrada esporádica de grupos armados provenientes de departamentos vecinos.
Según informes oficiales, los actores ilegales incursionan, ejercen intimidación sobre la población y se retiran, generando una sensación persistente de inseguridad.
El secretario Hernández Durán subrayó que las autoridades activaron todos los recursos disponibles, con presencia reforzada del Ejército Nacional desde el día siguiente a los hechos más recientes. Las investigaciones judiciales abiertas buscan esclarecer lo sucedido y anticipar nuevos intentos de incursión, mientras que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) fue vinculado a los casos para garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes.
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