La senadora y aspirante a la Presidencia Paloma Valencia Laserna presentó el pasado 19 de marzo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado una demanda de nulidad simple contra el Decreto 234 del 6 de marzo de 2026, expedido por el Ministerio del Trabajo.
La acción judicial busca que el alto tribunal suspenda provisionalmente la norma mientras se estudia el fondo del asunto y que, en definitiva, la declare nula por contrariar la Constitución Política.
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Valencia identifica tres problemas concretos en la norma. El primero tiene que ver con las micro, pequeñas y medianas empresas. Aunque el decreto incluye disposiciones diferenciales para las mipymes, la senadora considera que la obligatoriedad del esquema sectorial las condena a asumir compromisos económicos que pueden superar su capacidad de pago, independientemente de si están en dificultades financieras o no.
“El Gobierno no puede crear negociaciones sindicales por sectores obligatorias para todas las empresas, sin importar si están en quiebra o no tienen los recursos para pagar las exigencias. Esto es una sentencia de muerte para las mipymes”, dijo Valencia en su cuenta de X.
El segundo cuestionamiento apunta a una obligación contenida en el artículo 2.2.2.7.4 del decreto, que exige a los empleadores entregar a los sindicatos información sobre la situación económica de la empresa, incluyendo datos que pueden constituir secretos empresariales o información estratégica. Aunque el texto prevé acuerdos de confidencialidad, Valencia argumenta que esa entrega forzada de información vulnera derechos fundamentales de los empresarios.
El tercer punto se refiere al artículo 2.2.2.7.9, que retoma lo dispuesto en la Ley 50 de 1990 para establecer que los trabajadores no sindicalizados que se beneficien de una convención colectiva deben pagar al sindicato una suma equivalente a la cuota ordinaria de afiliación. Para Valencia, esto equivale a crear un cobro obligatorio en favor de organizaciones a las que los trabajadores no pertenecen voluntariamente.
El argumento constitucional
El fondo del debate jurídico es si el Gobierno tiene facultades para crear, vía decreto reglamentario, un esquema de negociación sindical por sectores que el Congreso no aprobó. El Ejecutivo argumenta que actúa en desarrollo de artículos del Código Sustantivo del Trabajo y de convenios de la OIT ratificados por Colombia. Valencia sostiene que el alcance de la medida va más allá de lo que permite la potestad reglamentaria y que, en la práctica, regula materias que corresponden exclusivamente al legislador.
El fondo del debate jurídico es si el Gobierno tiene facultades para crear, vía decreto reglamentario, un esquema de negociación sindical por sectores que el Congreso no aprobó. El Ejecutivo argumenta que actúa en desarrollo de artículos del Código Sustantivo del Trabajo y de convenios de la OIT ratificados por Colombia. Valencia sostiene que el alcance de la medida va más allá de lo que permite la potestad reglamentaria y que, en la práctica, regula materias que corresponden exclusivamente al legislador.
Lo que establece el Decreto 234 es algo distinto: que esas negociaciones ya no se harían empresa por empresa, sino por sectores económicos completos —por ejemplo, todas las panaderías del país, o todas las empresas de construcción— en una única mesa, con un único acuerdo que quedaría vigente para todos, sin excepción. Un negocio familiar de cinco empleados quedaría sujeto a las mismas condiciones pactadas por una multinacional del mismo sector.
El decreto fue firmado el 6 de marzo de 2026 por el Ministro de Hacienda, quien actuaba como delegatario de funciones presidenciales. Su texto establece que las convenciones colectivas de ámbito sectorial son de aplicación obligatoria para todos los empleadores, empresas, unidades productivas y trabajadores del nivel de negociación respectivo.
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