El comisionado de Paz Otty Patiño explicó las razones detrás de la decisión del Gobierno de Colombia de no reactivar de inmediato la orden de captura contra “Zarco Aldinever”.
Este cabecilla de la Segunda Marquetalia fue señalado en relación con el asesinato de Miguel Uribe Turbay en julio del 2025, un hecho que provocó una fuerte reacción pública y cuestionamientos sobre los mecanismos legales y políticos en torno a los procesos de paz y su ruptura con los grupos armados.
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Patiño, en entrevista con Blu Radio, afirmó que, tras la finalización de la mesa de negociación con la Segunda Marquetalia a finales de 2024, los beneficios jurídicos para sus integrantes cesaron en la práctica, aunque la formalidad legal se concretó semanas después.
Un aspecto que marca diferencia respecto a otras coberturas es la demora formal de la notificación: la resolución presidencial que suspendía la calidad de negociadores —y con ella, la protección jurídica que impedía recapturas— llegó a la Fiscalía recién el 9 de julio, casi un mes después del ataque a Uribe Turbay.
Patiño sostuvo, según la entrevista otorgada al medio citado, que “la realidad jurídica a veces va un poco atrás de la realidad real”. Esto dejó un vacío operativo que complicó la respuesta estatal posterior al atentado.
Patiño argumentó ante las preguntas del medio que, a pesar de la terminación “de facto” de la mesa, la situación jurídica de los exnegociadores como alias Zarco Aldinever y otros líderes no se ajustó de inmediato debido a incertidumbre interna dentro de la organización armada.
Según las declaraciones del comisionado, tras el quiebre del diálogo a finales de 2024, el Ejecutivo recibió documentos firmados supuestamente por “Iván Márquez”; sin embargo, Patiño calificó estas rúbricas de “espurias”, lo que dificultó esclarecer si Márquez mantenía control efectivo o si la conducción política ya estaba en manos de cabecillas como “Zarco Aldinever” y “John 40″.
Patiño señaló que, aunque la mesa de negociación había terminado, los beneficios jurídicos otorgados a los negociadores no se revocaron de manera inmediata, lo que generó un lapso en el que alias Zarco Aldinever no estaba formalmente sujeto a órdenes de captura activas.
El comisionado recordó que la Segunda Marquetalia se fragmentó en varias disidencias tras la finalización de la negociación.
Algunas de estas agrupaciones, como la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y la Coordinadora del Pacífico, continuaron las conversaciones con el Gobierno, mientras que alias Zarco Aldinever actuaba al margen de ellas.
La confusión sobre la capacidad de mando de Márquez y la estructura real de la organización dificultó la toma de decisiones inmediatas por parte de las autoridades.
El asesinato de Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025, ocurrió en medio de esta incertidumbre jurídica. La reactivación formal de la orden de captura contra Zarco Aldinever se dio apenas el 19 de julio, más de un mes después del atentado.
Patiño explicó que esta demora no implicó falta de acción del Gobierno, sino que reflejaba la necesidad de ajustar las decisiones legales a la nueva realidad de los grupos armados y de sus líderes.
El comisionado también abordó la relación de Iván Márquez con la disidencia, subrayando que su firma en ciertos documentos fue considerada “espuria” y que su capacidad de liderazgo real estaba en entredicho.
Esto, sumado a la ruptura de la mesa de negociaciones, generó un escenario en el que la Fiscalía y la Policía debieron actuar sobre hechos consumados y no sobre una estructura reconocida formalmente por el Gobierno.
En entrevista con el medio citado, Patiño enfatizó que la actuación del Estado estuvo guiada por la existencia de interlocutores válidos para el diálogo.
“Nosotros no seguimos hablando con lo que quedaba de la Segunda Marquetalia; nuestra interlocución pasó a ser con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, cuyos líderes son Walter Mendoza, Andrés Rojas y Andrés Allende”, explicó.
La explicación del comisionado busca aclarar por qué alias Zarco Aldinever pudo ordenar un crimen de alto perfil mientras la autoridad legal aún no había ajustado su estatus.
Según Patiño, la suspensión de beneficios jurídicos se hizo de facto al terminar la negociación, pero de jure requirió trámites administrativos y notificaciones que llegaron después del atentado.
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