El anuncio de un inminente traslado de 25 billones de pesos del ahorro pensional privado a Colpensiones ha desatado un enfrentamiento abierto entre los fondos privados de pensiones y el Gobierno nacional.
La propuesta, impulsada mediante decreto del que ya existe un borrador, puso bajo tensión la relación entre ambos sectores y ya se analiza la posibilidad de llegar al plano legal para impedir el billonario traslado.
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Asofondos, encabezado por Andrés Mauricio Velasco, rechazó categóricamente el proyecto gubernamental y anunció que acudirá de inmediato a la justicia para frenar la medida.
Según explicó Velasco a El Tiempo, demandarán el decreto y solicitarán medidas cautelares urgentes, advirtiendo que la disposición vulneraría el ahorro individual de más de 100.000 trabajadores y contravendría el requisito legal de mantener esos recursos en cuentas personales hasta consolidar la pensión.
“Nos toca demandar el decreto y pedir medidas cautelares urgentes”, señaló el representante del gremio al diario nacional, tras la negativa del Ejecutivo de acatar las advertencias de distintas entidades.
Según indicó el portavoz de las AFP, una vez se expida el decreto oficial, interpondrán recursos judiciales ante el Consejo de Estado. Paralelamente, la Corte Constitucional examina la legalidad de la reforma pensional, y su decisión será fundamental para definir el modelo futuro del sistema.
Y es que, desde el jueves 19 de marzo, el Ministerio de Hacienda comunicó que mantiene el trámite del decreto, a pesar de las advertencias de la Procuraduría General de la Nación y el Banco de la República. De aprobarse, la orden obligaría a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a transferir los fondos a Colpensiones en un lapso máximo de 15 días.
Desde el Gobierno, se explicó que la medida busca responder a la presión financiera que supone el pago inmediato de nuevas pensiones, tras el alto número de traslados recientes de afiliados.
Sin embargo, el gremio de las AFP sostiene que, conforme a la Ley 2381 de 2024 y al decreto 1225, esos ahorros privados deben permanecer bajo su administración hasta que los beneficiarios consigan su pensión, ya que el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, a cargo del Banco de la República, aún no está activo.
“Estos recursos tienen vocación de ahorro y la ley es clara en que deben permanecer en las cuentas individuales hasta que se consolide la pensión”, señaló el presidente de Asofondos al diario nacional.
El marco normativo es, según las AFP, inequívoco: la legislación exige que los fondos se gestionen de forma individualizada, protegiendo el ahorro pensional hasta el acceso a la jubilación.
El anuncio oficial ha generado serias dudas y advertencias de inconstitucionalidad. El Banco de la República, en comunicación al Ministerio de Trabajo, señaló que el traslado anticipado “no se encuentra autorizado por la ley” y excede las atribuciones establecidas para el Ejecutivo.
Por su parte, Velasco aseguró que la decisión gubernamental ignora de forma deliberada el marco legal y que los fondos afectados “tienen vocación de ahorro” y, por disposición de la ley, deben permanecer intactos hasta consolidar el derecho a la pensión.
La advertencia es compartida por la Procuraduría General de la Nación y otros analistas, quienes advierten sobre riesgos para la seguridad jurídica del sistema y la confianza de los trabajadores.
Impacto económico y futuro del sistema pensional
El efecto económico del traslado del fondo no pasa inadvertido entre actores del sector financiero y centros de análisis, como Anif. Según sus cálculos, los 25 billones de pesos en cuestión están invertidos en títulos de deuda pública y una liquidación apresurada podría generar distorsiones en los mercados, como subrayó el Banco de la República.
De ejecutarse el plan, Anif estima que el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo arrancaría en 2026 con 5 billones de pesos menos y, para 2030, la brecha acumulada podría ascender a los 15,2 billones. El centro sostiene que esto restaría fuerza a la capacidad de ahorro pensional en los primeros años del nuevo sistema, debilitando su sostenibilidad a largo plazo.
Entretanto, desde Asofondos indicaron a El Tiempo que no existe un desbalance financiero en Colpensiones, argumentando que la entidad recibe mensualmente 686.000 millones de pesos en cotizaciones y paga 443.000 millones en mesadas.
Por ello, insisten en que la medida persigue aliviar temporalmente la carga fiscal del Estado, pero a costa de disminuir reservas y desplazar el impacto financiero a administraciones futuras.
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