Gobierno Petro autorizó retirar cerca de $3 billones en regalías para distribuirlos de otra forma en departamentos y municipios

El Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) autorizó un desahorro de $2,9 billones para estabilizar los ingresos del Sistema General de Regalías (SGR) durante el bienio 2025–2026, en respuesta a una caída histórica del recaudo y bajo la emergencia social y ecológica declarada en Colombia. La decisión se formalizó mediante el Decreto 288 de 2026 y obedece a una normativa que impide el uso discrecional o directo de estos fondos para atender emergencias.

Dicho desahorro fue activado luego de una disminución acumulada de casi 40% en los ingresos del SGR desde 2023. La medida busca asegurar la continuidad de la inversión pública territorial, lo que permite que departamentos y municipios reciban los recursos previstos por ley mediante proyectos de inversión y no por medio de transferencias directas o para gastos del Gobierno nacional.

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Como se recordará, el FAE fue creado en 2011 para que Colombia ahorre los ingresos de la explotación de recursos naturales no renovables en periodos de bonanza y los utilice cuando estos disminuyen. La operación está regulada por el artículo 114 de la Ley 2056 de 2020 y el Decreto 1821 de 2020, que definen los criterios y el procedimiento técnico para la activación del desahorro.

La normativa establece que el desahorro procede si se registra una caída anual de 20% o más en los ingresos del SGR respecto al año anterior, o si suman caídas sucesivas equivalentes. En este caso, hubo un descenso de 10% frente a 2024 y de 39,9% respecto a 2023, con lo que se cumplen así las condiciones de activación a comienzos de 2026.

Disminución de ingresos y activación del desahorro

Los datos del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías evidencian uno de los mayores descensos de recaudación en la historia reciente. El cálculo del desahorro se basó en la diferencia entre el promedio de ingresos del periodo 2020–2025, ajustados a precios de 2026, y el recaudo efectivo de 2025.

Desde el Ministerio de Hacienda se enfatizó en que “el desahorro del FAE no es una medida extraordinaria de atención de la emergencia, ni implica la asignación directa de recursos para ese propósito”. El propósito es “estabilizar las asignaciones territoriales definidas en la Constitución y la Ley, garantizando que departamentos y municipios reciban los giros previstos” pese a la caída del recaudo.

Procedimiento y coordinación del desahorro

La expedición del Decreto 288 de 2026 marcó la activación formal del mecanismo, posterior al concepto favorable de la Comisión Rectora del SGR emitido el 1 de marzo de 2026. El Banco de la República administra los activos del FAE y dirige la inversión y desembolsos en estrecha coordinación técnica con el Ministerio de Hacienda.

El proceso asegura que la ejecución sea gradual y planificada, lo que evita presiones sobre el mercado cambiario y mantiene la estabilidad macroeconómica nacional. La ejecución programada busca que los recursos financien proyectos locales sin afectar la gestión patrimonial del fondo ni comprometer la prudencia fiscal.

Uso de los recursos y condiciones de aplicación

Asimismo, el Ministerio de Hacienda destacó que “estos recursos pertenecen al SGR y por lo tanto se ejecutan exclusivamente a través de proyectos de inversión pública presentados, registrados y evaluados por las entidades territoriales”. La ley impide que los fondos del desahorro sean destinados a cubrir déficits fiscales nacionales o gastos corrientes.

El propio ministerio resaltó que “los recursos del SGR no forman parte del Presupuesto General de la Nación (PGN)”. No se autorizan transferencias directas a las tesorerías departamentales o municipales. Los desembolsos dependen del avance de los proyectos registrados en los bancos de inversión territorial y se liberarán solo conforme se cumplan los hitos técnicos establecidos.

Impacto en el presupuesto del SGR e inversión territorial

La incorporación del desahorro eleva el presupuesto total del SGR para 2025–2026 a cerca de $67,3 billones, con casi el 93% dirigido a inversión pública. La Ley 2441 de 2024 faculta a los gobiernos locales para priorizar proyectos destinados a superar emergencias, siempre dentro del procedimiento habitual del SGR, sin entregas directas por causa excepcional.

De igual forma, la materialización de los pagos será paulatina y dependerá de la capacidad de ejecución de cada territorio, lo que garantiza la transparencia y asignación conforme a procesos técnicos y normativos. El uso de estos fondos responde a mecanismos legales establecidos, alejados de decisiones discrecionales del Ejecutivo nacional.