Sigue la disputa por el eventual cierre de la Unidad de Salud Mental del Hospital Regional del Magdalena Medio, conocido como Hospital de Barrancabermeja, a manos de su interventor, que alega que existen deudas por parte del Hospital Psiquiátrico San Camilo, de Bucaramanga, que es el que opera dicha unidad.
Desde el hospital psiquiátrico San Camilo, sus voceros oficiales negaron la existencia de una deuda por 371 millones de pesos con el Hospital Regional del Magdalena Medio, de acuerdo con un comunicado público emitido el 21 de marzo de 2026.
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En la institución desmintieron, además, declaraciones desde la interventoría del hospital de Barrancabermeja sobre presuntos incumplimientos financieros y problemas en la prestación de servicios de salud mental.
Según los voceros del hospital psiquiátrico, los pagos correspondientes al convenio interadministrativo vigente “han sido realizados y se encuentran debidamente soportados en registros de tesorería”. Dichas afirmaciones estarían respaldadas por la versión del gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, que el 19 de marzo de 2026, en entrevista con Caracol Radio, afirmó que el centro asistencial bumangués estaba “al día”.
En el comunicado, los voceros de la entidad sí reconocieron una obligación pendiente por servicios prestados entre agosto y diciembre de 2025, que asciende a más de 211 millones de pesos, pero aclararon que parte de ese monto ya está radicada para pago y el resto, principalmente por servicios de laboratorio, permanece en trámite administrativo.
En relación con la atención a los usuarios, desde San Camilo aseguraron que los servicios se prestan conforme a la normatividad y criterios clínicos de seguridad, priorizando los casos de urgencia, especialmente aquellos asociados a conductas suicidas.
Durante 2025, la Unidad de Salud Mental de Barrancabermeja atendió 3.718 consultas externas y 5.961 hospitalizaciones, en referencia a la alta demanda en la región.
La gerente de San Camilo, Natalia Sofía Ojeda, reiteró el compromiso de la institución con la prestación oportuna y segura de los servicios de salud mental. Además, hizo un llamado a mantener canales de comunicación técnicos y constructivos entre las entidades del territorio para fortalecer la confianza de la comunidad y mejorar la atención.
A su vez, la probabilidad de que Barrancabermeja y otros trece municipios del Magdalena Medio queden sin cobertura especializada en salud mental generó la reacción inmediata desde la administración departamental de Santander.
La cobertura no sólo abarca la ciudad petrolera sino que se extiende a los municipios de Sabana de Torres, Puerto Wilches, Betulia, El Carmen de Chucurí, San Vicente de Chucurí y Cimitarra, todos en el departamento de Santander. Además, atiende a habitantes del sur de Bolívar y Boyacá, así como de municipios limítrofes de Antioquia y Cesar.
El gobernador Juvenal Díaz Mateus denunció que, pese a que el Hospital Psiquiátrico San Camilo ha cumplido con sus obligaciones contractuales y está “totalmente al día”, el interventor designado tras la intervención estatal del hospital de Barrancabermeja solicitó la liquidación del contrato para clausurar la única unidad de atención mental de la región.
La unidad de salud mental de Barrancabermeja cuenta con 32 camas, según cifras divulgadas por la gerente del Hospital Psiquiátrico San Camilo. La potencial suspensión, puntualizó la funcionaria, dejaría a toda la franja del Magdalena Medio sin camas destinadas a pacientes psiquiátricos, en un momento en el que la demanda continúa en aumento.
El cierre dejaría sin camas psiquiátricas a toda la región en 2025
En el año 2025, más de 20.000 usuarios requirieron atención en la sede local con una capacidad instalada de apenas 32 camas, situación que impulsa a derivar pacientes a Bucaramanga ante la insuficiencia de plazas disponibles. La gerente Ojeda Ortiz comentó que, de concretarse la decisión propuesta por el interventor, “Barrancabermeja y las zonas aledañas quedarían sin una sola cama de salud mental”.
En la actualidad, ya existe un mínimo de treinta pacientes que demandan asistencia continua; sin este servicio, el traslado a la capital, distante más de 100 kilómetros, generaría costos adicionales y dificultaría el acceso, especialmente para las familias con menores recursos.
La liquidación del contrato implicaría que los pacientes de municipios como San Alberto y Aguachica (Cesar), Puerto Berrío y Yondó (Antioquia), y Puerto Boyacá y Santa Rosa del Sur (Boyacá y Bolívar, respectivamente) deban desplazarse hasta Bucaramanga para recibir atención especializada. Juvenal Díaz argumentó que la solicitud de los usuarios locales apunta justamente a no ser obligados a recurrir a servicios en la capital: “Una de las críticas grandes que hacen los barranqueños a muchos aspectos, como a la educación, a los servicios que tienen que recibir de las instituciones públicas, es que no los hagan venir hasta Bucaramanga, sino que los servicios se generen allá”.
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