Un operativo policial de alto impacto en los departamentos de Casanare, Meta, Antioquia y Boyacá culminó con la captura de seis presuntos miembros del grupo criminal Los Puntilleros, acusados de extorsionar a comerciantes, transportistas, ganaderos, prestamistas informales y ciudadanos.
El despliegue coordinado de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación representa un golpe relevante al crimen organizado en estas regiones.
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Los Puntilleros fueron desarticulados parcialmente tras una investigación de ocho meses que permitió detener a sus cabecillas y operadores clave.
Este grupo ejercía violencia e intimidación para exigir sumas que iban desde 500.000 hasta 10 millones de pesos a diversos sectores productivos, afectando la seguridad y la economía local en Casanare y Boyacá.
El operativo incluyó acciones conjuntas de las principales autoridades nacionales, que presentaron ante la justicia a los señalados de extorsión agravada y concierto para delinquir.
Modus operandi y alianzas criminales de Los Puntilleros
La estructura utilizaba intimidación física y psicológica contra sus víctimas. Entregaban panfletos, realizaban disparos contra fachadas, tomaban fotografías de objetivos y perpetraban atentados sicariales en caso de resistencia.
Además, consolidaron una alianza criminal con el grupo Renacer Erpac, lo que incrementó su capacidad para sembrar miedo. Enviaban videos y audios amenazantes, declarando objetivo militar a sus víctimas y atribuyéndose homicidios para reforzar sus advertencias.
La organización operaba principalmente en municipios como Villanueva, Monterrey, Maní, Yopal y Aguazul, así como en distintas áreas de Boyacá y Medellín.
Principales líderes y enlaces de la estructura desarticulada
Entre los capturados figura alias Chogo, identificado como enlace de alias Gonzalito, quien dirigía actividades delictivas desde una prisión en Cartagena. A “Chogo” se le atribuye la coordinación de cobros de extorsión, distribución de amenazas y organización de atentados.
También fue arrestado alias Gonzo en Medellín, señalado por intimidar directamente a las víctimas y transferir fondos ilícitos a alias Andresito, considerado segundo cabecilla y recluido en la cárcel El Pedregal. El liderazgo de estos individuos permitía dar continuidad a las extorsiones incluso desde el entorno penitenciario.
La lista de detenidos se completa con alias Yorlin, responsable de las finanzas ilícitas de la organización, y otros miembros identificados como alias Loco, “Flaco” e “Iván”.
Todos quedaron a disposición de la justicia por los delitos mencionados.
La operación representa un golpe considerable para quienes se enriquecían mediante intimidación y violencia. Las autoridades ratificaron su compromiso de perseguir con firmeza a las estructuras criminales, defendiendo la integridad y libertad de la comunidad ante cualquier amenaza.
La difusión de un video bajo intimidación armada alerta a Santa Rosa de Osos
Un video grabado en febrero y recientemente difundido en redes sociales ha encendido la alarma en Santa Rosa de Osos, Antioquia.
Muestra a una mujer identificándose como comerciante y declarando, bajo evidente intimidación armada, su pertenencia a un grupo delictivo. Mientras tanto, alude al supuesto Frente Jacobo Arango, disidencia de las Farc.
La Policía de Antioquia y el medio Teleantioquia aseguran que este tipo de grabaciones forma parte de una estrategia de extorsión que se intensifica en la región. Esto ocurre especialmente contra productores y ganaderos. Responde a la acción de delincuencia común que opera bajo órdenes de internos en cárceles.
Las autoridades presumen que se tratan de grupos de delincuencia común que se hacen pasar por integrantes de las disidencias de las Farc - crédito Noticias del Norte, San Pedro de los Milagros/Facebook
El incremento reciente de casos de intimidación y extorsión mediante videos, según la investigación policial se relaciona con bandas que utilizan plataformas de transporte para identificar y secuestrar víctimas en Santa Rosa de Osos.
En el modus operandi registrado por las autoridades, el proceso inicia cuando un usuario solicita un servicio de transporte. Durante el trayecto, los presuntos delincuentes desvían el recorrido hacia áreas apartadas y, con armas de fogueo, amenazan a la persona para obtener información y exigir pagos por su liberación.
La policía confirmó a Teleantioquia que en algunos episodios las víctimas han permanecido retenidas durante horas, mientras sus familiares reciben llamadas que demandan sumas de dinero a cambio de la libertad. Posteriormente, los datos personales recabados en los secuestros exprés —entre ellos nombre, número de cédula y dirección— son empleados para continuar las extorsiones desde centros penitenciarios como Bellavista en Bello y Cómbita en Boyacá.
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