En Amazonas pagan por hectáreas protegidas de la deforestación: compensaciones son eficaces pero insuficientes, según expertos

Algunas organizaciones internacionales buscan contener la deforestación en la Amazonía a través de un sistema de incentivos económicos dirigido a campesinos e indígenas que cooperen con la conservación de los ecosistemas. Este mecanismo es conocido Pagos por Servicios Ambientales (PSA).

El plan está en marcha y cuenta con la supervisión de distintas entidades nacionales y académicas como la Universidad de los Andes, que emitió un reporte de los avances del programa que ya ha beneficiado a 2.573 familias en la región amazónica.

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La estrategia, respaldada por el programa estatal Visión Amazonía y financiada principalmente por la cooperación internacional, propone compensaciones directas de PSA que oscilan entre 600.000 y 1.200.000 pesos colombianos anuales por cada hectárea protegida. Los acuerdos podrían ser de hasta tres años.

Estas cifras, confirmadas por académicos de la institución universitaria, permiten a las comunidades priorizar sistemas productivos alternativos como la agroforestería, el cultivo de cacao o el turismo de naturaleza.

En el documento se destacó que la mayor parte de los fondos proviene de esquemas internacionales como el mecanismo de la ONU Redd+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) —que paga por la reducción verificada de emisiones de carbono— y, en menor medida, de recursos nacionales. A pesar de ello, la sostenibilidad de los PSA depende de la creación de fondos propios y de mercados de carbono más sólidos.

Algunos acuerdos bajo el sistema Redd+ alcanzan hasta 10 o 12 dólares por tonelada de CO2 evitada, con contratos de hasta diez años, según el reporte.

Las falencias del programa: incentivos para deforestar son más fuertes

No obstante, el informe, publicado en la Nota Macro de febrero de 2026, que hace parte del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico de la Facultad de Economía de los Andes, indica que el repunte de la deforestación registrado en 2024 expone la vulnerabilidad de los logros. Aunque en 2025 se reportó una caída significativa de la tala en la Amazonía, la permanencia de incentivos más lucrativos para deforestar —como la minería de oro o los cultivos ilegales— mantiene el reto vigente.

"Los Pagos por Servicios Ambientales han demostrado ser eficaces para superarlo, pero Colombia no los ha desarrollado de forma efectiva por barreras institucionales, legales, financieras y sociales que mantienen incentivos a la deforestación superiores a los de conservación. Una combinación de instrumentos de «comando y control», formalización de la propiedad rural, financiamiento verde y gobernanza participativa, liderada desde los territorios y apoyada por la cooperación internacional, permitiría transformar el marco de incentivos de forma adecuada“, dice el informe.

En el análisis, expertos de la universidad describieron otros cuatro obstáculos principales que limitan la expansión del modelo: la informalidad en la tenencia de la tierra, la falta de coordinación institucional, desafíos sociales relacionados con la consulta previa y la transparencia, y la dependencia de la financiación externa. De hecho, solo el 63% de los recursos asignados entre 2019 y 2021 lograron ejecutarse en la región.

Los académicos también señalaron que la legitimidad del sistema Redd+ ha sido cuestionada por conflictos sociales, demoras en la ejecución de contratos y dudas sobre la distribución de beneficios, especialmente en territorios indígenas.

Pero también afirmaron que si estas iniciativas permiten el fortalecimiento del enfoque estatal, el respeto a los derechos colectivos y la supervisión independiente resultan esenciales para su continuidad.

Entre las recomendaciones, los autores sugirieron avanzar en la formalización de la tenencia de la tierra, mejorar la interoperabilidad de los registros públicos, garantizar la transparencia en la consulta y negociación, y desarrollar instrumentos financieros innovadores como créditos verdes y seguros climáticos.

Desde la Universidad de los Andes enfatizaron que la consolidación de los PSA requiere ajustes legales, institucionales y financieros para convertirse en una política pública sostenible. El futuro del bosque amazónico colombiano depende, en parte, de la capacidad estatal y social para mantener estos incentivos frente a presiones económicas que promueven la deforestación.