El presidente Gustavo Petro defendió públicamente el viernes 20 de marzo a Ricardo Roa, titular de Ecopetrol, luego de que la Fiscalía le imputara cargos por “tráfico de influencias” debido a presuntas irregularidades en la adquisición de un apartamento.
Petro acusó a “grupos empresariales uribistas” de orquestar una campaña para destituir a Roa con el objetivo de controlar el sector de petróleo y energía en Colombia, según lo expresado por el jefe de Estado en su cuenta en X.
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El debate sobre el manejo de la mayor empresa del país y la reciente valorización de su acción (el jueves 19 de marzo) se intensificó en un momento en el que la Fiscalía analiza las transacciones financieras de la cúpula directiva.
La controversia se agudizó cuando Petro aseguró: “Usando testigos estafadores los medios de comunicación colombianos lanzaron una ofensiva para sacar de su cargo a Roa y lo habían logrado, con magistrados, sacando de su cargo a Carrillo, presidente de ISA”.
El mandatario vinculó los hechos recientes a decisiones judiciales previas y fortaleció la hipótesis de una maniobra coordinada para desestabilizar el control de Ecopetrol y otras compañías estratégicas, como ISA.
En su denuncia pública, Petro responsabilizó a sectores empresariales y políticos cercanos al uribismo por intentar apropiarse del control del sector energético.
En su publicación expresó: “Se trata de una acción de grupos empresariales uribistas para tomar el control del petróleo y la energía eléctrica, pensando que van a ganar. Ensillan caballo sin tenerlo”, una frase utilizada para recalcar que, a su juicio, existe una sobreestimación sobre las posibilidades reales de estos grupos de intervenir en la gestión de Ecopetrol.
El jefe de Estado dirigió sus críticas al pasado financiero de la empresa bajo gestiones anteriores y enfatizó que durante la administración de Felipe Bayón, Ecopetrol habría perdido 1.000 millones de dólares en lo que calificó como “inversiones desastrosas”, citando proyectos fallidos en Perú, el Golfo de México y la exploración de gas en la cordillera oriental.
Recordó, además, episodios controversiales como el caso Reficar y lamentó la incursión de ISA en concesiones viales, lo que, según su visión, desvió a la empresa de su objetivo central.
En el contexto actual, el presidente informó: “A la fiscal general se le entregaron las transacciones financieras de los altos ejecutivos de Ecopetrol”, sugiriendo que la entrega de estos documentos constituye un paso crucial para las pesquisas en curso. Este hecho refuerza la transparencia exigida a la principal empresa petrolera del país.
La defensa que hizo Petro también abarcó los proyectos de innovación tecnológica impulsados por el grupo empresarial. Señaló intentos de sabotaje al primer megacentro de datos de inteligencia artificial del país, desarrollado por Internexa, y lo catalogó como un proyecto estratégico para la transformación energética. Según el mandatario, estas iniciativas se ven amenazadas por la presión política y mediática que acompaña al proceso judicial en curso.
El presidente resaltó que la supuesta inestabilidad en Ecopetrol no se ha traducido en un desplome bursátil. Indicó que el valor de la acción se ha incrementado pese a los cuestionamientos dirigidos a la compañía.
“Mientras atacaban las acciones de Ecopetrol, estas se dispararon”, afirmó Petro, que atribuyó el resultado a factores como el alza del precio internacional del petróleo y el mantenimiento de los niveles de producción en Colombia.
Este panorama, sostuvo Petro, habilita nuevos márgenes financieros para la petrolera. En sus palabras: “El crecimiento de valor de Ecopetrol por el alza del precio internacional del petróleo y el mantenimiento de la producción en Colombia da la oportunidad para que Ecopetrol baje deuda e invierta mucho más en energías limpias a nivel nacional e internacional”.
La compañía se encuentra en una coyuntura en la que sus decisiones estratégicas tendrán un impacto significativo en Colombia.
Las declaraciones de Gustavo Petro llegan cuando Ecopetrol enfrenta presiones de orden judicial y corporativo por las investigaciones que salpican a su presidencia.
La defensa cerrada del mandatario refuerza la dimensión política del conflicto y subraya la centralidad de la compañía estatal para la economía y el futuro energético de Colombia.
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