Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, líder de la estructura criminal Los Costeños, emitió una carta el 20 de marzo de 2026 desde la cárcel de Cómbita, en Boyacá.
En el documento, señaló que no responderá a provocaciones tras el atentado armado registrado en la madrugada del 19 de marzo en un billar del norte de Barranquilla, Atlántico, donde resultaron heridos Julio Ruiz Polanía, hermano de su pareja, y Luis Bernal Castro, alias Berna, considerado su hombre de confianza.
En el documento, el cabecilla afirmó su “compromiso inquebrantable con la paz, la legalidad y mi proceso de cambio personal y espiritual” y solicitó formalmente a las autoridades actuar contra los responsables de nuevos hechos violentos en la ciudad, de acuerdo con la comunicación enviada a diferentes instancias locales.
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Díaz Collazos, que asegura haber redactado la carta de su puño y letra desde prisión, precisó que no cederá frente a provocaciones de “actores externos” que buscan incitarlo a tomar las armas o retomar la violencia: “No cederé ante ninguna provocación”.
La misiva solicita la intervención del comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, de la Fiscalía General de la Nación, así como la atención del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, para frenar a quienes “están intentando generar violencia en la ciudad”.
Alias Castor identificó a personas como “Digno” y “Chan” entre quienes, según su declaración escrita, intentan desestabilizar el orden público, y subrayó que no permitirá que lo arrastren nuevamente hacia el delito.
Alias Castor fue condenado por responsabilidad en 95 homicidios en el Atlántico
El líder de Los Costeños fue condenado a 26 años y cuatro meses de prisión por un juez penal especializado de conocimiento de Barranquilla tras aceptar su responsabilidad en una ola de 95 homicidios vinculados a la banda criminal.
La sentencia contempla crímenes cometidos entre 2014 y 2024 y consolida con el fallo una reacción judicial ante una de las mayores campañas delictivas recientes en el Caribe colombiano.
En la audiencia celebrada el 4 de marzo de 2026 en el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado, familiares de al menos 133 víctimas —entre fallecidos y lesionados— que atribuyen sus casos a Díaz Collazos, expresaron su inconformidad frente al preacuerdo alcanzado entre la Fiscalía General de la Nación y el cabecilla de la estructura.
El fallo no solo reconoce la autoría de Díaz Collazos en homicidio agravado, sino que incluye su rol en ataques armados que dejaron 38 personas heridas, la fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones —incluidas de uso restringido de las Fuerzas Armadas— y su responsabilidad por amenazas a funcionarios públicos.
Según la Fiscalía, este último cargo se relaciona con un episodio de 2023, en el que alias Castor intimidó a un funcionario judicial utilizando una aplicación de mensajería instantánea, lo que fortaleció la imputación de amenazas a servidor público dentro del expediente.
Durante septiembre de 2025, Díaz Collazos pidió perdón públicamente entre lágrimas y manifestó su arrepentimiento en presencia de algunos familiares que sufrieron la violencia atribuida a su organización.
Una década de violencia planificada para el control territorial y económico
La investigación de la Fiscalía General de la Nación, coordinada desde la Delegada para la Seguridad Territorial y la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, estableció que Díaz Collazos, en calidad de máximo cabecilla, ordenó múltiples acciones sicariales con el objetivo de garantizar el control de las rentas ilegales en Barranquilla y el municipio de Soledad.
Estas operaciones incluyeron una escalada de violencia selectiva destinada tanto a eliminar a miembros de organizaciones rivales como a amedrentar a civiles. En esta estrategia criminal se insertaron hechos especialmente graves como la masacre de San José (12 de mayo de 2022), la de Las Flores (10 de septiembre de 2022, con seis jóvenes asesinados), la de El Santuario (23 de enero de 2023, con cuatro víctimas mortales) y la de Villa Campestre (29 de junio de 2023, donde fueron asesinados tres integrantes de la familia Vega Daza).
Las acciones judiciales permitieron concluir el proceso con un preacuerdo que, pese a la aceptación de responsabilidad por parte del procesado, generó un rechazo explícito entre familias afectadas.
Como destacó la madre de una de las víctimas en declaraciones: “Ya nos han dicho muchas veces, que esto es un proceso de paz, de perdón, pero mi hijo no vale ninguna de esas palabras, ninguno de esos perdones. Siempre que me han puesto a votar, he dicho que no. Siempre que me pregunten, estaré en contra”.
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