Gremio de taxistas de Bogotá exige derogar proyecto del Concejo que establece medidas de seguridad para aplicaciones de transporte

El 12 de marzo de 2026, desde el Concejo de Bogotá se comunicó la aprobación, en sesión plenaria, de un Proyecto de Acuerdo que “establece lineamientos de seguridad ciudadana en plataformas digitales de transporte”, con el fin de que desde las aplicaciones de viaje se garanticen viajes no solo más seguros, sino más “eficientes y sostenibles”.

Se trata del Proyecto de Acuerdo 991 de 2024, atribuido a la concejala Cristina Calderón Restrepo. La iniciativa fue tramitada en noviembre de 2025 y, finalmente, aprobada durante marzo del año en curso.

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De acuerdo con el comunicado oficial emitido de la corporación capitalina, la medida reconoce que las aplicaciones como Uber, Didi, Yango, Cabify, InDriver, entre otras, “se han integrado a la vida de millones de bogotanos” y que, efectivamente, son una alternativa “cómoda, rápida y accesible” para quienes se movilizan en la ciudad.

Dicha categorización despertó el malestar entre los taxistas de la ciudad, que con un derecho de petición, dirigido tanto al Concejo como a la Alcaldía Mayor de Bogotá, rechazaron la medida y pidieron que sea derogada.

La solicitud fue firmada por 14 representantes de seis agremiaciones sindicales que, en el documento, argumentaron que dicho acuerdo “legitima la operación de vehículos particulares y motocicletas en el transporte público individual de pasajeros”, considerado un acto contrario a las leyes de transporte.

Los argumentos de los taxistas contra la medida del Concejo

En el derecho de petición los representantes de los taxistas señalaron una “alarmante contradicción institucional” al permitir que el distrito establezca acuerdos de cooperación en seguridad con plataformas que, según su denuncia, “operan al margen de la ley, incentivando la guerra del centavo en Bogotá, entre el vehículo particular, la motocicleta y los taxis”.

De acuerdo con los firmantes, esta situación “castiga directamente al taxista que asume los costos y rigores de la formalidad”.

El derecho de petición incluyó señalamientos sobre el alcance legal del Concejo de Bogotá: “No tiene la facultad discrecional de decidir qué leyes aplicar”, ya que la regulación del transporte público corresponde al Ministerio de Transporte y al Congreso de la República, se lee en el documento.

Sostuvieron que plataformas como Uber, Cabify e InDrive “no han cumplido con la habilitación exigida por el Ministerio de Transporte”, por lo que su operación representa una competencia desleal frente al taxi tradicional.

En el texto consta que “los vehículos de transporte público individual de pasajeros (taxis) que cumplimos con los 27 requisitos establecidos por la ley y normas en general para operar, nos vemos afectados por la competencia desleal de carros de servicio particular y motocicletas que prestan servicio público de manera ilegal”.

Los líderes de las organizaciones del sector expresaron que avalar acuerdos con plataformas no reguladas, conlleva riesgos de responsabilidad patrimonial para el Distrito.

“Las víctimas de siniestros por inseguridad en vehículos no regulados buscarán que la administración de la ciudad asuma las indemnizaciones por avalar ‘acuerdos’ sobre actividades altamente riesgosas y no autorizadas”, especificaron.

En el documento, los firmantes también señalaron posibles implicaciones penales para los funcionarios que respalden el acuerdo, bajo el argumento de que “podrían incurrir en el delito de Prevaricato por Acción al emitir resoluciones o contratos manifiestamente contrarios a la ley nacional y a las competencias exclusivas del Ministerio de Transporte”.

Desde las asociaciones propusieron como alternativa la modernización del servicio a través de una plataforma pública e integrada, bajo control estatal: “Esta es la vía legal para modernizar el servicio, y la vía por medio de la cual se puede garantizar adecuada vigilancia y control que promueva tecnológicamente la seguridad del usuario, el conductor y el cumplimiento de la ley”.

Qué pidieron los taxistas

Entre las solicitudes concretas, las asociaciones pidieron al Concejo de Bogotá derogar el Acuerdo 991, y solicitaron al alcalde Carlos Fernando Galán abstenerse de firmar el acuerdo.

Incluso, pidieron “operativos permanentes contra vehículos particulares y motocicletas que presten servicio público remunerado”, que incluyan “las sanciones descritas en la infinidad de circulares emitidas por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia respectiva y el cumplimiento de la ley 769 de 2002 artículo 49, literal e, la imposición de los IUIT y comparendos del artículo 131 infracción D-12″.

Desde el grupo de asociaciones también solicitaron la convocatoria de un debate público sobre seguridad ciudadana y movilidad sostenible, con el objetivo de discutir el futuro del sector bajo el marco de la legalidad.