La Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia presentó ante la Registraduría Nacional del Estado Civil una solicitud formal para obtener información sobre la selección y los nombres de los jurados de votación que participaron en las elecciones del Congreso de la República realizadas el domingo 8 de marzo.
La petición, enviada por su presidente, Pablo Bustos, busca garantizar la transparencia y la revisión de los procesos electorales a nivel nacional.
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En la comunicación oficial dirigida al registrador Hernán Penagos, Bustos indicó que la solicitud se fundamenta en la Constitución Política de Colombia, la Ley Estatutaria de Veedurías Ciudadanas (Ley 850 de 2003), la Ley 1757 de Participación Ciudadana y normatividad internacional contra la corrupción. Entre los datos requeridos, la Red de Veedurías solicitó el listado total de jurados por departamento, incluyendo nombre, número de cédula y ocupación o cargo que desempeñan, con el fin de verificar la posible existencia de conflictos de interés en el ejercicio de sus funciones electorales.
En un video difundido en redes sociales, Pablo Bustos explicó que la Red Ver busca cruzar la información de los jurados con las zonas de órdenes de prestación de servicio y los contratistas de alcaldías y gobernaciones.
“Estamos solicitándole a la Registraduría Nacional del Estado Civil expida una certificación y una relación completa de todos los jurados de votación en el país para cruzarla con las OPS, es decir, las zonas de órdenes de prestación de servicio o contratistas de alcaldías y gobernaciones. Toda vez que, al parecer, algunos de estos contratistas habrían sido jurados de votación el pasado domingo de las elecciones a Congreso y justamente en algunos de ellos también se habrían presentado irregularidades tendientes a favorecer, precisamente, a los candidatos que son familiares de los gobernadores o de los alcaldes. Ya hay algunos presuntos hallazgos de estas irregularidades que se advierten desde las regiones”, afirmó.
La Red Veedurías destacó que la información solicitada se requiere con carácter urgente para llevar a cabo una evaluación de los procedimientos aplicados durante las elecciones.
En la solicitud enviada a la Registraduría, se adjuntaron certificados de existencia y representación de la organización, y se indicó los canales oficiales para notificaciones, incluyendo sede física en Bogotá y correos electrónicos de contacto. La organización enfatizó que la información requerida será utilizada exclusivamente para revisar procedimientos y garantizar la correcta selección de jurados en todo el territorio nacional.
Cabe mencionar que las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas del 8 de marzo estuvieron marcadas por denuncias de fraude, algunas de las cuales fueron expresadas por el mismo presidente Gustavo Petro, que ha cuestionado el software electoral utilizado para los comicios.
Frente a estas declaraciones, la Procuraduría General de la Nación solicitó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca una medida cautelar para que el jefe de Estado se abstenga de hacer afirmaciones sobre presuntas irregularidades sin pruebas.
Durante la audiencia pública que se lleva a cabo el 13 de marzo, el procurador delegado Juan Carlos Villamil explicó que las declaraciones sobre un posible fraude podrían afectar la confianza ciudadana en el sistema electoral y generar desmotivación o confusión entre los votantes.
“Todo esto, sin duda alguna, se considera que puede generar no solo una desmotivación para la ciudadanía que puede considerar que para qué vamos a votar si van a resultar alterando nuestras decisiones o incluso pueden llegar a generar inconvenientes en el propio desarrollo de la prestación de esta función electoral”, indicó Villamil.
La diligencia judicial tiene lugar en el marco de un proceso que analiza las garantías del sistema electoral, con especial atención a los comicios presidenciales previstos para el 31 de mayo de 2026.
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