Así quedaría el Congreso de la República a partir del 20 de julio: el Pacto Histórico y el Centro Democrático tendrán más curules, pero no la mayoría

Una votación de más de 20 millones de ciudadanos el pasado 8 de marzo de 2026 renovó el Congreso de la República y anticipa semanas intensas en la política colombiana: a meses de finalizar el primer gobierno de izquierda, el nuevo Legislativo deberá enfrentar de inmediato proyectos centrales.

La lista de proyectos incluye la convocatoria a una asamblea constituyente y debatir una reforma tributaria, tareas que podrían definir el rumbo del país en un escenario aún signado por la fragmentación partidaria y escándalos judiciales.

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Al cierre de la jornada electoral, el Pacto Histórico se consolidó como la fuerza mayoritaria con 4,4 millones de votos para el Senado, consiguiendo al menos 25 curules en esa cámara y 37 en la Cámara de Representantes. Sin embargo, estas cifras, que representan un aumento de cinco escaños en el Senado respecto al periodo anterior y diez más en la Cámara, no otorgan margen suficiente para aprobar leyes sin tejer alianzas con otras colectividades.

Las 285 curules disputadas —103 en el Senado y 182 en la Cámara de Representantes, a las que se suman dos escaños reservados a la fórmula presidencial que ocupe el segundo lugar en las elecciones del 31 de mayo o el 21 de junio si hay segunda vuelta— delinean un nuevo tablero político.

El Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, se afianzó como principal fuerza opositora con más de 3 millones de votos y al menos 17 curules en el Senado y 28 en la Cámara.

La distribución de escaños obliga a alianzas para cualquier partido que pretenda aprobar sus iniciativas. El Pacto Histórico perdió las 10 curules que tenía el partido Comunes, heredero de las hoy extintas Farc-EP, al no superar el umbral electoral. Frente a este escenario, la organización izquierdista deberá pactar con fuerzas tradicionalmente fluctuantes como el Partido Conservador, Liberal, La U y Alianza Verde.

El Congreso fragmentado y las alianzas obligadas tras el 8 de marzo

Los partidos de oposición también deben negociar. El Centro Democrático busca consolidar vínculos con fuerzas como Salvación Nacional, que logró tres curules en el Senado superando los 700.000 votos, y sostiene puentes con Cambio Radical, que si bien perdió 11 escaños respecto a 2022, mantiene seis senadores apoyados en 1,2 millones de votos y 10 representantes.

El Partido de la U, tradicional equilibrista político, obtuvo 1,5 millones de votos y nueve senadores, más 12 representantes, a pesar de perder cuatro curules en la Cámara. Tanto uribismo como petrismo buscan su respaldo para inclinar la balanza en proyectos estratégicos.

En la fase de definiciones de alianzas, destaca la directriz liberal de otorgar libertad de voto a su militancia. En la Alianza Verde, el respaldo se divide entre el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, y la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López. En el Partido Conservador, su presidente Efraín Cepeda obtuvo luz verde para dialogar con las campañas de Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. En Cambio Radical, las señales hacia De la Espriella aumentan, aunque la colectividad aún no explicita una directriz unificada.

El próximo presidente de la República de Colombia, independientemente de su ideología política, requerirá pactar para gobernar, pues ninguna bancada puede prescindir de apoyos transversales. Esta fragmentación anticipa una legislatura marcada por acuerdos, concesiones y, en muchos casos, redefinición de lealtades.

Proyectos bajo presión y un Congreso atravesado por causas judiciales

Las prioridades del Legislativo abarcan una agenda marcada por urgencias y polémicas. La relación entre el presidente Gustavo Petro y el Congreso ha estado signada por tensiones, incluida la denuncia de un supuesto “bloqueo institucional” extendida también hacia las altas cortes.

Entre las reformas aprobadas se destacan la pensional, suspendida para revisión por la Corte Constitucional; la laboral; y la agraria, que espera reglamentación. La reforma de la salud, en contraste, naufragó en dos ocasiones, y su reanimación está pendiente de apelación.

Nuevos proyectos entrarán pronto a debate. Destacan la ley de sometimiento vinculada a la Paz Total, ya descartada como prioridad y la reforma al Código Minero y la Ley de Competencias. Mientras que la reforma tributaria será inevitable, planteando una urgencia fiscal que, indiscutiblemente, pondrá a prueba la capacidad de consenso entre los diferentes sectores.

Las propuestas más radicales se personifican en Iván Cepeda, quien plantea una profundización de las reformas sociales y la eventual convocatoria a una constituyente si el Legislativo bloquea los cambios. Cepeda, además, mantuvo contacto directo en los diálogos con el ELN, un proceso actualmente estancado.

Los candidatos contrarios al actual Gobierno, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, adelantaron que revertirían la política de Paz Total y reactivarían la exploración y explotación mineroenergética. Valencia, autora de la demanda que envió la reforma pensional a la Corte y de la abolición del Ministerio de la Igualdad, critica la entrega de tierras impulsada por el Ejecutivo. Figuras como Claudia López y Sergio Fajardo comparten esa postura en materia de seguridad y recursos extractivos.