Petro pidió a la Registraduría que le entregue los códigos fuente del software de preconteo y escrutinio: “Haré la debida auditoría”

El 13 de marzo de 2026, el presidente de la República, Gustavo Petro, volvió a criticar el software que utilizó la Registraduría Nacional del Estado Civil para el preconteo y escrutinio de los votos.

“Solo hay que llevar la sentencia completa de la sala plena del Consejo de Estado del año 2018. Miles de páginas de pruebas judiciales sobre el fraude con el software en Colombia”, escribió en su cuenta de X.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El jefe de Estado también solicitó al registrador nacional, Hernán Penagos, entregar el software con el que se realizaron los conteos en las elecciones del 8 de marzo. La intención de Gustavo Petro es descartar algún tipo de irregularidad en el uso del programa para favorecer a ciertos candidatos.

“El mismo software del 2014 es el de hoy. Le solicito al registrador respetuosamente se digne entregarme los códigos fuente del software de preconteo y escrutinio durante 15 días para que pueda rendir dictamen pericial al pueblo de Colombia, sobre la transparencia del software (sic)”, expuso en la misma plataforma.

En otro mensaje, criticó los señalamientos de la Procuraduría General de la Nación que alertó sobre el uso inapropiado de medios públicos, citando Radio Televisión Nacional de Colombia (Rtvc), para promover el discurso de fraude electoral.

“No acepto censuras de los nuevos Ordóñez. Ya pasó esa época. Aún es tiempo democrático.Solicito al registrador del estado civil se me entregué copia del codigo fuente del software de preconteo y escrutinios para las elecciones presidenciales durante tres semanas y lo devuelvo”, señaló el primer mandatario.

Frente a las alertas, Petro ordenó una investigación en la que contratará a los mejores profesionales del mundo para determinar si hubo o no malas prácticas en los comicios legislativos.

“Haré la debida auditoría experta con los mejores del mundo en Colombia y daré parte de sus resultados al pueblo de Colombia y al mundo, para garantizar la transparencia del voto del pueblo, al cuál obedecemos. Sin auditoría técnica experta e independiente de la registraduria no puedo hacerlo (sic)”, aseguró.

Procuraduría pidió al Tribunal de Cundinamarca impedir que Petro hable de fraude electoral sin pruebas

La respuesta del presidente Gustavo Petro está ligada a un pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación que respaldó una demanda presentada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para frenar las acusaciones sin pruebas que ha hecho sobre un supuesto fraude electoral.

El caso, promovido por el jurista Ramiro Bejarano desde octubre de 2023, tuvo audiencia pública este viernes 13 de marzo a las 8:00 a.m., donde se evaluó la posible imposición de una medida cautelar urgente, según el texto oficial, debido a la proximidad de las fechas fijadas por la Organización Electoral para los comicios.

Entre los fundamentos, el jurista Bejarano sostuvo que la insistencia de Petro en una narrativa de fraude fue rechazada por las autoridades de control de Colombia y por la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea. Advirtió que esas declaraciones ponen en riesgo la moralidad administrativa, la seguridad jurídica, la transparencia electoral y la confianza en las instituciones democráticas.

El 5 de marzo de 2026, el tribunal admitió la acción jurídica y citó al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), el Consejo Nacional Electoral (CNE), la Registraduría y la propia Procuraduría a la audiencia.

El Ministerio Público solicitó incorporar las pretensiones de la demanda y manifestó que la postura del presidente Petro genera dudas sobre la limpieza del proceso, específicamente al denunciar presuntos fraudes, manipulación del software de escrutinio, posibles alteraciones en los kits electorales e irregularidades en la gestión de formularios y tarjetones, sin que exista “información fehaciente de tales situaciones, debidamente soportada y corroborada por las autoridades judiciales, los órganos de control o las entidades que conforman la organización electoral, incluida la Comisión Nacional de Control Electoral”, según consta en el expediente.